En medio de la incertidumbre y la preocupación que vive el gremio palmicultor de Norte de Santander por la situación de orden público que azota a la región del Catatumbo, Nicolás Pérez, presidente de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), señaló que miembros del Eln y disidentes de las Farc son los responsables de las amenazas que sufren los campesinos de este sector.

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Desde hace tres años, la violencia y extorsiones realizadas por los grupos armados al margen de la ley han afectado a alrededor de 3.000 palmicultores de Tibú, municipio que alberga la mayor parte de los cultivos del departamento con casi 40.000 hectáreas.

“Para los palmeros y extractoras se ha vuelto todo un reto para trabajar en la zona, recordemos que son poblaciones que han sufrido temas de violencia, pero conocemos que la situación de hoy en día es tal vez una de las más complicadas que hayan tenido que enfrentar”, afirmó.

Según Pérez, algunas plantas extractoras han tenido que cerrar operaciones porque se resisten al pago de las extorsiones, decisión que afecta a toda la cadena, ya que si “la planta no puede recibir el producto, los cultivadores no la pueden cosechar porque si se cosecha, se daña”.

Entre las empresas cerradas está Extractora Catatumbo, la cual, desde la semana pasada, decidió suspender temporalmente sus operaciones en Tibú. La entidad, que procesaba la fruta de palma de los agricultores locales, dejó de recibir la materia prima en sus instalaciones en Campo Dos y en sus nodos logísticos de La Llana y La Cuatro.

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“Somos conscientes del gran impacto negativo que esta suspensión tiene para toda la región, para nuestros colaboradores, comunidades aledañas a la planta y de otras del Catatumbo, que ven en riesgo su fuente de empleo; para nuestros aliados y socios, que ven afectados los ingresos de sus familias; para los transportadores, que tendrán que parar sus camiones por falta de carga; para los cosecheros y demás trabajadores de las plantaciones”, informó en su momento la Extractora Catatumbo.

De acuerdo con el presidente de Fedepalma, los palmeros tienen miedo de denunciar, sin embargo, han insistido en que esto ocurra, pues, es una forma de dar a conocer el problema y dejar un precedente del mismo. 

“Hemos dejado denuncias incluso a nivel gremial en representación de los palmicultores de la zona para proteger en la medida de lo posible la identidad de las personas que se han animado a presentar las pruebas”, sostuvo.

Asimismo, el gerente de Palmas del Cesar y miembro de la junta directiva de Fedepalma, Fabio González, también se pronunció ante la situación del Catatumbo con gran preocupación y comentó que en otras regiones palmeras como el Urabá, Tumaco y Magdalena Medio ya se están viendo algunas dificultades similares.

“Estamos seguros de que van a superar eso, que las amenazas y extorsiones terminarán de alguna manera cambiándose. Los pequeños palmeros están muy golpeados, pero la idea es contar con el apoyo de las autoridades, con quienes hemos tenido una buena recepción del caso”, aseguró.

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González recordó que el fruto de la palma de aceite es perecedero y que en poco tiempo este pierde su calidad, “perfectamente la fruta a los 10 días toca perderla y los aceites que quedan en las plantas, que no se pueden sacar, van perdieron calidad con menos velocidad, pero también se deterioran”, dijo.

Además de los daños en la producción, si no se asisten los cultivos hay otros riesgos como presencia de plagas, enfermedades, invasiones, robos, entre otros males que llegan a las cosechas si estas se frenan de un momento a otro.

¿Cuál sería la solución?

Para Nicolás Pérez, el Estado debe retomar el control de la zona desde el punto de vista de orden público y luego, garantizar las condiciones mínimas para que los habitantes de la región puedan trabajar sin ninguna complicación.

La Opinión conoció que Fedepalma presentó con pruebas las amenazas y extorsiones que sufren los palmeros del Catatumbo al Gobierno nacional, local y autoridades competentes.

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