Aunque el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dicho que el proyecto de Ley de Financiamiento (reforma tributaria), con el que se busca recaudar alrededor de $12 billones para financiar el presupuesto de 2025, no afectará a los que tienen menos, hay varias propuestas dentro del documento que sí, una de ellas es un impuesto a las cesantías.

Los expertos del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana hicieron un análisis al texto y encontraron que uno de puntos que toca el bolsillo de los colombianos es la modificación a la retención sobre ingresos laborales y adición de retención en la fuente sobre las cesantías.

De acuerdo con la directora de Tributación del Observatorio, Liliana Heredia, el proyecto elimina el segundo método de retención para rentas sobre ingresos laborales, que consiste en promediar los ingresos de los últimos 12 meses y, usando la tabla del artículo 383 del Estatuto Tributario, se calcula un porcentaje fijo que se aplica durante 6 meses consecutivos.

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Heredia afirmó que, aunque para algunos trabajadores podría ser conveniente aumentar la retención mensual, ya que tendrían cubierto el impuesto de renta, para otros podría significar una disminución en su flujo de caja, afectando su capacidad de inversión.

“El segundo aspecto que tiene esta medida es retención sobre cesantías, que por cierto, va en contravía de lo que dice la Ley 100, tendría un doble problema: primero le van a hacer una retención –al trabajador- sobre un dinero que va a un fondo y del cual no tiene el control, porque solo puede usarlo en determinadas condiciones; y, además, van a recibir menos dinero debido a esa retención”, sostuvo.

De aprobarse la reforma, usted pagará un impuesto según el monto de sus cesantías (a un salario mensual). Ese porcentaje está establecido en el Estatuto Tributario, que puede ser de 19%, 28%, 33% y 41% (el tope).

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El director del Observatorio Fiscal, José Mauricio Salazar, recalcó que no es claro por qué van a imponer una retención de fuente a las cesantías y que “parece más un medida a corto plazo, para aumentar la caja del Gobierno a costa de restringir a las personas”.

Más endeudamiento

Según José Mauricio Salazar, la reforma propone adelantar la vigencia de la Regla Fiscal de 2025 para 2026, por lo se estaría solicitando permiso para aumentar el endeudamiento del país y alcanzar el nivel máximo de deuda pronosticado. 

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El director del Observatorio Fiscal aseguró que es inconveniente ese cambio, porque subir la deuda sin un plan claro para su reducción futura podría generar desequilibrios fiscales, aumentar las tasas de interés y disminuir la confianza de los inversores.

Salazar explicó que, actualmente, el 60% del pago de deuda se destina a amortización de intereses; si se incrementa el nivel de endeudamiento, esta proporción aumentaría aún más y se reducirían los recursos disponibles para financiar otros gastos esenciales. 

Además, de aprobar la flexibilización de la regla teniendo en cuenta inversiones verdes, se generaría un precedente que podría motivar a futuros gobiernos a seguir esta tendencia de flexibilización para atender otras prioridades, lo cual desestabilizaría las finanzas públicas a largo plazo.

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