Este lunes, un día después de posesionarse Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, radicó en el Congreso de la República el Proyecto de Ley de reforma tributaria, con el que el Gobierno buscará paliar el déficit fiscal, que en 2021 cerró en 7,1% del PIB, según datos del Ministerio de Hacienda.

El texto contempla fuentes adicionales por $25,8 billones para el año 2023, lo que representa 1,78% del PIB. Uno de los puntos es el impuesto de renta a las personas naturales, mediante el cual se pretende recoger $8,1 billones el próximo año, cifra que representará 0,56% del PIB, mientras que las personas jurídicas darán al estado alrededor de $5,5 billones.

Lea además: Docuxer crece a dos dígitos y tiene a la Costa Atlántica en la mira

¿No más gasolina subsidiada?

El proyecto plantea eliminar “las exenciones del pago de aranceles y del impuesto nacional a la gasolina y el ACPM en las Zonas de Frontera”. De aprobarse esta sugerencia, en Norte de Santander ya no se venderían los combustibles a precios preferenciales ($7.576 el galón de gasolina y $7.024 el de ACPM) como ocurre desde hace más de 20 años.

María Eugenia Martínez, presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Norte de Santander (Acesnort), dijo a La Opinión que el sector ha luchado desde 1999 para que esta zona goce de los precios preferenciales del combustible, cuando se planteó el proyecto de una norma que finalmente se convirtió en ley, la cual quitó los impuestos a los combustibles en la frontera.

“Consideramos que este beneficio no se debería acabar, porque la dinámica que tiene esta frontera de lado de Colombia y del lado de Venezuela. Además, no estamos en condiciones de pagar el combustible más caro. Sin embargo, somos conscientes del que el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) está bastante alto, ya no aguanta más”.

Martínez manifestó que también se generó mucha desinformación por parte de la comunidad, pues se ha dicho que las estaciones de servicio venden, en ocasiones, el combustible de precios preferenciales al valor nacional; esta situación dio “mala imagen a la zona de frontera”.

Mario Arévalo, gerente de Coomulpinort, una de las empresas reconocidas de la región en venta de combustibles, manifestó a La Opinión que esa propuesta prevista en la reforma tributaria “va a afectar definitivamente la demanda y va a encarecer el tema de la canasta familiar, porque tanto el diésel como la gasolina hacen parte elemental de los costos”.

Le puede interesar: Cúcuta es una muy buena plaza para el mercado aéreo, dice fundador de Ultra Air

Arévalo también opinó que no es el momento para quitar las exenciones, porque todavía se está consolidando el mercado de los combustibles, tanto en el departamento como en toda la frontera del país, por lo que, “por ahora, se debe sostener la política de exenciones, porque se ha demostrado su efectividad como impulsado de la economía y en lucha contra el contrabando que viene de otros países”.

Sobre si quitar estos beneficios disminuiría el contrabando a Venezuela, ambos representantes del sector de los combustibles recordaron que en el vecino país se ha normalizado la producción y abastecimiento de combustibles, por lo que esta medida no incidiría en la reducción. Solicitaron al gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano; a los congresistas y a las demás autoridades de la región estar atentos a lo que se discuta en el Poder Legislativo.

Lea además: ¿Cuál fue la deuda de Venezuela con el calzado de Cúcuta?

¡Ojo a las ZESE!

De igual manera, la propuesta de reforma tributaria plantea que los beneficios enfocados en territorios denominados Zona Económica y Social Especial (ZESE) generan inequidades, incluso entre compañías del mismo sector. 

De esta forma, empresas con una actividad económica equivalente cuentan con tratamientos tributarios disímiles por el hecho de ubicarse en diversas zonas del territorio colombiano, afectando el principio de equidad horizontal. 

Por ello, en aras de mejorar la equidad y simplicidad del sistema, el Gobierno propone eliminar los beneficios regionales, siempre que se respeten los derechos adquiridos en el pasado. 

Francisco Unda, gerente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), seccional Norte de Santander, sostuvo que desde el gremio entienden que no habrá más posibilidad de entradas a regímenes ZESE, ni en las regiones originales ni nuevas regiones podrán entrar ahí, pero que las empresas con derechos adquiridos tendrán el beneficio por el tiempo acordado.

Victoria Ramírez, directora de Invest In Cúcuta, precisó recientemente a La Opinión que los beneficios tributarios que tienen las Zonas Económicas y Sociales Especiales han cautivado a más de 2.000 empresas del departamento. 

Norte de Santander lidera, dentro de las cinco regiones con el régimen, con 2.149 sociedades comerciales, de las 3.007 inscritas en todo el territorio nacional. Le siguen Armenia (527), Arauca (169), La Guajira (113) y Chocó (56); es decir, el 71% de las empresas que se acogieron al beneficio son nortesantandereanas. La posibilidad acogerse al beneficio venció el 24 de mayo.

Lea también: Norte de Santander, la cuarta región con más muertes fetales en adolescentes

Zona Franca de Cúcuta

La propuesta de reforma tributaria plantea una tarifa, para usuarios de Zona Franca, del impuesto sobre la renta y complementarios del 20%, siempre que cuenten con un Plan de Internacionalización aprobado y vigente al 1 de enero del año gravable, que cumpla con el umbral mínimo de exportación que determine el Gobierno Nacional.

De esta propuesta se exceptúan los usuarios de las nuevas zonas francas creadas en el municipio de Cúcuta entre enero de 2017 a diciembre de 2019, a los cuales se les seguirá aplicando la tarifa vigente del 15%. Sobre esto, la ANDI Norte de Santander prefirió, por ahora, no referirse.

Impuesto al carbón

El petróleo, el carbón y el oro tendrán un impuesto del 10% las exportaciones, con el fin de recaudar $5,8 billones en materia de recursos, según el texto radicado por el ministro de Hacienda.

En su presentación, José Antonio Ocampo recordó que la tasa efectiva del impuesto a las exportaciones de estos productos están en 4,6%, 7,6% y 7,8% para el petróleo, el carbón y oro, respectivamente.

En el caso del carbón, Norte de Santander ocupa el segundo lugar dentro de la mediana y pequeña minería del país, después de Boyacá. A nivel nacional, la región es la cuarta productora después de La Guajira, Cesar  y Boyacá. 

Según datos aportados por la Asociación de Carboneros del Norte de Santander (Asacarbonor), el coque de la región se exporta a Turquía, Francia, Alemania, Inglaterra, Sudáfrica, Brasil y México, entre otros países. Además, el sector incentiva el 40% de los puestos de trabajo en el departamento.

Al consultar al gremio su punto de vista sobre la propuesta del impuesto a las exportaciones, este indicó a La Opinión que revisará detenidamente el texto para poder fijar alguna posición.

Otros puntos

El ministro de Hacienda explicó que quieren un mayor impuesto para las personas naturales que ganan más de diez millones de pesos mensuales. Esto se complementa con un impuesto al patrimonio a personas naturales de más de 3.000 millones de pesos.

La lucha contra la evasión tributaria es otros de los punto centrales, porque, según José Antonio Ocampo, distintos estudios dicen que puede ser entre 50 y 80 billones de pesos, por lo que buscarán reformas en la DIAN, para tratar de capturar los ingresos de todos los que están evadiendo.

En el proyecto se propone gravar las bebidas azucaradas y refrescos en función del contenido de azúcar en gramos por cada 100 mililitros de bebida. Se espera acumular $1,02 billones con estas medidas. 

En el caso de los alimentos ultraprocesados (embutidos, dulces, snacks y polvos para preparaciones) se propone una tarifa del 10%, con el fin de recoger $1,09 billones. 

Igualmente se quiere un impuesto para la venta e importación de los productos plásticos utilizados para envasar, embalar o empacar bienes por única vez. La idea es contemplar 0,00005 UVT por cada gramo del envase, embalaje o empaque, lo cual equivale a $1,9 por gramo. Así se espera recaudar con esta medida $414.200 millones.

El documento pretende ampliar la base gravable de impuesto al carbono y se incluye el carbón térmico y mineral a los aspectos que se les aplica impuestos. 

Se espera con estos parámetro en materia ambiental recaudar en recursos 0.18% del PIB. Los primeros dos años no aumentaría, pero luego se incrementaría 25% cada año.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion