El Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó un recorte de $13,8 billones al Presupuesto General de la Nación de 2026. Lo cierto es que la cifra es inferior a los $21,9 billones que había autorizado previamente el Consejo de Ministros. La reducción quedó establecida en el Decreto 1585 del 22 de octubre de 2026 y expedido por Presidencia y el Ministerio de Hacienda.
La diferencia es de aproximadamente $8,1 billones. Si bien, los $21,9 billones no correspondían a un recorte que necesariamente debía ejecutarse en su totalidad (sino al límite máximo aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de agosto de 2026), el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, sí había dicho que el recorte sería por ese monto.
Cabe destacar que el Minhacienda explicó que el monto fue más bajo del anunciado porque estaría por venir un segundo recorte de alrededor de $8 billones.
Así las cosas, el decreto concreta una reducción de $13.807.808.353.561 en diferentes sectores. De ese monto, $10,75 billones corresponden a recursos del aporte nacional y $3,06 billones a recursos propios.
En el texto se lee que la medida se tomó porque los recaudos nacionales son inferiores a las obligaciones financieras y los recursos aprobados por el Congreso resultan insuficientes para cubrir los gastos esenciales.
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Con el ajuste, el Gobierno busca cumplir los requerimientos constitucionales y legales para mantener el equilibrio fiscal durante 2026.
Abelardo celebra
Tras la expedición del decreto, el presidente Abelardo de la Espriella afirmó que “el ajuste fiscal ya está en marcha”.
Según explicó, la reducción contempla $3 billones menos en gastos de funcionamiento y $4 billones menos en el servicio de la deuda. A estos valores se suman $6,8 billones en contratación que, de acuerdo con el mandatario, no alcanzará a ejecutarse o no responde a las prioridades nacionales.
El decreto detalla las disminuciones presupuestales aplicadas a diferentes entidades y sectores del Estado, tanto en gastos de funcionamiento como en inversión y otras apropiaciones.
¿Qué sectores tienen los mayores recortes presupuestales?
El servicio de la deuda pública registra la mayor reducción individual, con $4 billones menos destinados a obligaciones de deuda externa, incluidos títulos de deuda y préstamos.
En infraestructura, el Instituto Nacional de Vías (Invías) tiene una reducción de $1,44 billones, que afecta recursos asociados a proyectos de la red vial primaria y regional.
La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) registra un recorte de $949.143 millones, concentrado casi en su totalidad en inversión para infraestructura y servicios de transporte aéreo. Por su parte, la gestión general del Ministerio de Transporte pierde $41.413 millones.
En el sector de inclusión social, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) tendrá $367.472 millones menos, principalmente en proyectos de inversión para transferencias monetarias y el programa Renta Ciudadana.
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La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas también registra una reducción de $130.000 millones en programas de inversión.
¿Cuánto pierden Ambiente, Trabajo e Interior?
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tendrá $369.570 millones menos. De ese total, $359.112 millones corresponden a recursos de inversión ambiental.
En el Ministerio del Interior, la disminución asciende a $274.639 millones, distribuidos entre $152.595 millones en funcionamiento y $122.044 millones en inversión.
El Ministerio del Trabajo registra un recorte de $271.527 millones, principalmente en gastos de funcionamiento y transferencias corrientes.
En el sector de justicia, la Superintendencia de Notariado y Registro pierde $258.610 millones, principalmente de recursos propios. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), por su parte, tendrá $255.273 millones menos, sobre todo en transferencias corrientes y funcionamiento carcelario.
¿Qué busca el Gobierno con la reducción del presupuesto?
El Decreto 1585 modifica las apropiaciones de distintas entidades nacionales para ajustar el gasto a la disponibilidad de recursos y cumplir las exigencias de equilibrio fiscal durante 2026.
Aunque la autorización inicial permitía reducir hasta $21,9 billones, el Gobierno finalmente ordenó un recorte de $13,8 billones. La medida distribuye las disminuciones entre el servicio de la deuda, el funcionamiento estatal y la inversión pública, con efectos sobre entidades responsables de infraestructura, programas sociales, protección ambiental y otros servicios del Estado.
