El Decreto 132 del 5 de febrero de 2025, emitido por el Ministerio de Minas y Energía en el marco del Estado de Conmoción Interior ante la crisis humanitaria generada en el Catatumbo por la guerra entre el Eln y las disidencias de las Farc, contempla una serie de medidas de orden público sobre los combustibles.
El Gobierno podrá limitar, suspender o sustituir en su totalidad los servicios de abastecimiento, suministro, comercialización, transporte y distribución de petróleo y sus derivados.
Lea además: ¿Factura de agua, energía o gas más cara? Cómo reclamar ante los cobros excesivos
Para el presidente de la Fundación XUA Energy, Julio César Vera, está bien que el Ejecutivo Nacional pueda tener facultades de actuación ante actividades ilícitas que se puedan dar alrededor del sector hidrocarburos, pero lo fundamental es que estas “tengan la total objetividad y rigor técnico en la toma de decisiones”.
“Es decir, que si se determina cerrar alguna estación, intervenir alguna de ellas, limitar algún volumen, reducir el suministro de combustibles a ciertos municipios… sean decisiones con toda la objetividad, el soporte técnico y el análisis juicioso que eso amerita; que no se termine, en el fondo, perjudicando a la población, dejándola sin combustible o limitándole su posibilidades de locomoción por carencia de ese producto fundamental”, añadió Vera.
El experto reconoció que se sabe de tiempo atrás que puede haber ciertas irregularidades, como cantidades que se desplazan a las actividades delictivas. No obstante, insistió que es primordial que se socialice con la comunidad las decisiones que se tomen, para que haya tranquilidad y se entienda que se busca proteger a los habitantes y garantizar la legalidad y la licitud en el desarrollo de la actividad.
El presidente de la Fundación XUA Energy manifestó que, en lo posible, para ejecutar algunas de las medidas contempladas se debe vincular a los agentes del sector, propietarios de estaciones y gremios, así como a las autoridades civiles, militares, de policía y judiciales, “porque tiene que ser una labor coordinada”.
Le puede interesar: ¡'No es leche'! Superindustria sanciona a empresas por engañar a los consumidores
Habría una grave afectación
El vocero nacional de la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo), Jorge Alberto Arias Tabares, indicó que si el Gobierno se ve en la necesidad de ejecutar alguna de las medidas habría “una afectación muy fuerte” para todos los consumidores finales y, obviamente, para el sector de la distribución minorista en esta parte del país, “que se ha visto supremamente perjudicada con esas situaciones en el Catatumbo”.
“Si uno lee muy bien el decreto, se tiene una justificación muy clara para tomar la decisión de cerrar estaciones. En este momento no se han tomado determinaciones, porque, por lo menos, la situación está controlada por parte de las autoridades, con las medidas que han venido ejecutando. Esperemos que no lleguemos hasta allá, porque, ahí, sí tendríamos, reitero, una afectación muy fuerte”, añadió Arias.
El vocero gremial manifestó que la distribución minorista de combustibles está en los 1104 municipios del país, así sea a través de una estación de servicio, y representan la dinámica económica de muchas regiones que necesitan de la gasolina y el biodiesel para las actividades productivas y de transporte, principalmente de las motocicletas, que son las que más se mueven en los territorios más apartados.
El especialista en Derecho Minero Energético, Santiago Soto Luna, sostuvo que la situación en el Catatumbo es bastante compleja y que el Gobierno debe propender a recuperar el orden en el territorio nacional.
Lea también: Las Delicias de la Niña María de la Diócesis de Cúcuta inaugura su tercera sede
“Si bien con el Decreto 132 se protege la integridad de las personas encargadas de distribuir combustibles líquidos derivados del petróleo y la infraestructura de abastecimiento, también afectará las actividades económicas de quienes desarrollan esta operación, así como de consumidores finales, ya sea de uso particular o los que necesitan combustible para el desarrollo de actividad económica”, recalcó.
Soto Luna manifestó que ojalá sea una medida de corto tiempo, porque, de lo contrario, aunado a la situación de violencia, “se sumarán impactos económicos y sociales igual de complicados”.
Las medidas contempladas
- El cierre temporal de las estaciones de servicio (EDS).
- La limitación o suspensión temporal de la comercialización y distribución de combustibles líquidos.
- La limitación o suspensión temporal de las guías de transporte de combustibles líquidos.
- La limitación total o parcial de la distribución de gas licuado de petróleo.
- La suspensión de transporte y la distribución de gas combustible por redes.
El dato
De acuerdo con datos del Ministerio de Minas y Energía, en Norte de Santander hay 304 estaciones de servicio, 165 de ellas están en el Catatumbo.
El departamento tiene un cupo aproximado de 14 millones de galones de combustible subsidiado (exento de impuestos), que representa $28.000 millones al mes. De esa cantidad, 8.4 millones de galones abastecen a los expendios de la subregión, hoy escenario de una crisis humanitaria sin precedentes.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
