El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2024 fue aprobado por $502.6 billones, en un primer momento. 

Sin embargo, la fuerte caída en el recaudo tributario complicó la situación fiscal del país en el segundo semestre, por lo que el Gobierno recortó $28.4 billones, después de dos decretos de aplazamiento ($8.8 en funcionamiento, $9.5 en inversión y $0.1 en deuda) y quedó en $474.2 billones.

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Pero lo que más llama la atención, de acuerdo con un análisis del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, es que el Ejecutivo Nacional comprometió $456.5 billones, que se refiere a la adquisición de bienes y servicios, y, tras las firma de contratos para tales propósitos, solo se obligaron $394.7 billones, lo que significó un ejecución del PGN del 81,9%.

El director del Observatorio Fiscal, José Mauricio Salazar, explicó que dichas obligaciones terminaron en pagos de $393 billones. Así, según el economista, hubo una pérdida de apropiación por $18.7 billones. 

“Es pérdida por apropiación es, por ejemplo, un contrato para una carretera y esta no se construyó, pero se hizo el estudio del proyecto y se entregó. Todo lo que se firme inicialmente hace parte de lo que es el compromiso y queda presupuestalmente amarrado”, afirmó Salazar.

Al disgregar el 81,9% de ejecución del PGN por rubros, Salazar precisó que, en gastos de funcionamiento, esa cifra fue de 89,7%; en servicio de la deuda pública (obligaciones por préstamos de bancos nacionales y extranjeros) alcanzó el 87,7% y en inversión social se ejecutó solo el 57,0%, así, este último ítem fue el más castigado, pese a que se comprometieron el 96,1% de los dineros.

El director del Observatorio Fiscal de la Javeriana dijo que, al analizar el indicador de ejecución presupuestal desde el 2000, con datos del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), se evidencia que el año pasado se tuvo el nivel más bajo (57,0%) en los últimos 24 años, muy similares a los indicadores de 2001 y 2002.

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 “Estamos 7,5 puntos porcentuales por debajo del promedio histórico en ejecución, más bajo desde la pandemia (2020) y de los últimos 25 años, cuando había unos problemas estructurales gigantes”, afirmó.

De los $90,6 billones para inversión social, el Gobierno solo ejecutó $51,6 billones, lo que representó 20 puntos porcentuales por debajo del promedio histórico (77%).

Rezago presupuestal

El economista José Mauricio Salazar también destacó que la deuda flotante o rezago presupuestal, que se refiere a la diferencia entre compromisos y obligaciones (contratos firmados), cuyos recursos fueron presupuestados en 2024 y ascienden a $63.4 billones, “compite por la caja este año, con dineros de este año”.

Esa cifra fue de $34.9 billones en 2023, por lo que casi se duplicó de un período al otro; de ese monto se pagó $26.2 billones. 

De acuerdo Salazar, el rezago presupuestal registró una ejecución de 75,1%, una caída significativa respecto al 97% de años anteriores, la cual refleja una falta de eficiencia en la gestión del gasto público. “Este año, esa deuda va a suponer más presiones de caja”, recalcó.

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Crisis del Catatumbo

Respecto a si la crisis humanitaria generada por el recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo, Norte de Santander, impactará negativamente la ejecución del PGN 2025, el director del Observatorio Fiscal consideró que no debería afectar la firma de contratos y demás, aunque sí puede que algunos procesos contractuales no se den.

Recordó que muy diferente ocurrió en 2002, cuando el gobierno que entró (presidido por Álvaro Uribe) recibió una crisis de finanzas públicas territoriales, al tiempo que el país venía con una “crisis de finanzas públicas nacionales bastante grande”.

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