Celebrar el Día de la Tierra no resultó muy gratificante en Colombia, porque la deforestación se niega a retroceder en nuestro territorio, persistiendo como uno de los devastadores males contra el medioambiente.

El respiro vivido el año pasado cuando se registró una disminución que fluctuó entre el 35% y 40% quedó asfixiado porque ya en los tres primeros meses de 2024 el ‘cáncer’ revivió con un incremento del 40%.

Estar hablando de esto en un país diverso como el nuestro nos lleva a otra paradoja  puesto que sigue ocupando una lista de diez en el mundo con mayor tasa de deforestación, como lo señala un informe de World Resources Institute.

Aquí de lo que se trata es de un daño de mayúsculas proporciones puesto que la pérdida de bosques afectó a 66.083 hectáreas en 2023, prácticamente la mitad de las 128.455 hectáreas de 2022, teniendo en cuenta lo dicho por la citada organización.

Además, para 2023 en los Parques Nacionales Naturales de la Amazonía colombiana se estimó una deforestación de alrededor de 2.544 hectáreas. Es decir, solo el 7% de la deforestación estimada para el año se concentró en este tipo de áreas.

Y para sorpresa de la ciudadanía, esta depredación de nuestros bosques es también un producto del conflicto armado, hecho que nos indica que el fragor de la violencia va dejando amplias  zonas verdes completamente destruidas, con los consecuentes daños y efectos para la naturaleza y el hombre.

Es preocupante lo indicado por Indepaz de que la disidencia de las Farc conocida como el Estado Mayor Conjunto ha empezado una colonización dirigida en los departamentos de Caquetá y Meta. “Lo que ellos buscan es generar no solo la sensación, sino también el control de la población en ciertos espacios que el Estado no domina y donde el grupo armado puede ejercer presión, sobre todo en las zonas de especial protección ambiental. Controlan la forma de vida del campesino”, advierte la organización investigadora.

 En otra manifestación que todavía faltan muchos esfuerzos por concretar y que es urgente desligar del conflicto armado al medio ambiente (llámese por los impactos de la minería ilegal y ahora la deforestación), para lo cual debería llegarse a tratar en una  mesa paralela para tratar ese caso, cuyas implicaciones para la seguridad alimentaria, la estabilidad medioambiental, la preservación del agua y el cuidado de la naturaleza son evidentes.

El propio gobierno por intermedio de la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, admitió la colonización dirigida por actores desconocidos” y “por actores que están trayendo personas vulnerables a operaciones de deforestación” en la región amazónica colombiana.

Ahí está ocurriendo una clara violación al Derecho Internacional Humanitario puesto que las afectaciones al medio ambiente están prohibidas como forma de presión armada, razón por la cual el Estado debería elevar la correspondiente denuncia internacional y no permitir esta clase de mecanismo para la demostración de fuerza por grupos que están negociando dentro del proceso de Paz Total.

Es urgente la fortaleza para desarrollar opciones para que la tala desbordada se logre frenar adecuadamente desde el Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación  para fortalecer la investigación criminal y más acciones en el territorio.