‘Repúblicas independientes’ donde la criminalidad impone la ley están apareciendo, ahora no en lo profundo de los territorios olvidados, sino en las goteras de grandes ciudades, como ocurre en Jamundí, que hace parte del área metropolitana de Cali, donde la disidencia de las Farc, comandada por Iván Mordisco, hace y deshace.

Que esto ocurra en el segundo departamento más poblado de Colombia enciende muchas alarmas, entre ellas la de una sensación cada vez más fuerte de desgobierno, la de un riesgoso debilitamiento de las Fuerzas Militares y el errático rumbo de la Paz Total.

Una investigación de la Fundación Conflict Responses (CORE) sirve de contexto para determinar muchas de las razones del fortalecimiento del Estado Mayor Central de la disidencia que no se acogió al Acuerdo de Paz de 2016.

“El frente primero en el Guaviare, los del suroccidente en Cauca y Nariño, o el 33 en el Catatumbo, llevan años de formación, han logrado un control territorial claro, tienen fuentes económicas ilegales propias y jerarquías internas definidas (así no estén del todo consolidadas en la práctica)”, según dicho estudio.

Ahí se advierte uno de los motivos fundamentales para que ese grupo armado ilegal registre tan alta expansión territorial y un fuerte control político-social en esas zonas del país, contrastando con que del lado del Estado la gente percibe una pérdida cada vez más marcada de su presencia, puesto que no ha podido copar y recuperar las áreas dejadas por actores del conflicto.

Por eso es que aquí en la zona rural de Tibú hace unas semanas la disidencia secuestró pero pocas horas después liberó a una comisión de la Unidad de Víctimas o allá en Jamundí patrullan uniformados y con poderoso armamento, así como también lo hacen en el Catatumbo.

Y si lo del área metropolitana caleña preocupa, lo que el Estado Mayor Central ha hecho en Cúcuta también ha sido una muestra de su poder, como por ejemplo el ataque contra el helicóptero en el que viajaba el entonces presidente Iván Duque o los atentados con explosivos en el aeropuerto Camilo Daza y en la Brigada Treinta del Ejército.

Teniendo presente eso, no solamente el Ministerio de Defensa debe actuar sobre lo ocurrido en el Valle sino en todos los departamentos donde grupos residuales de las Farc, al igual que otras estructuras guerrilleras y criminales, actúan en contra de la población civil.

Los que deben de estar patrullando y ejerciendo labores de vigilancia y control para salvaguardar la vida y la tranquilidad ciudadana son los soldados y policías y no los miembros de las organizaciones al margen de la ley.

Es muy delicado que el cese del fuego bilateral arrincone a las instituciones y a las FF. MM. provocando un vacío con fuertes síntomas de desgobierno y de una desconexión total del Ejecutivo con lo que está ocurriendo en el país.

La Constitución Política es muy clara en que las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, en un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria.

El ciudadano de a pie, quien paga sus impuestos y enfrenta un duro día a día, sigue sin entender por qué las las condiciones y acuerdos planteados en la mesa de diálogo no se cumplen a cabalidad por grupos como la disidencia o la guerrilla, pero en cambio sí todo parece indicar que la Fuerza Pública quedara con las manos atadas para actuar.

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