La entrega de regalos de Navidad por parte de miembros de la disidencia del 33 frente de las Farc a los habitantes de barrio de Cúcuta encierra muchos peligros, entre ellos el de la urbanización del conflicto armado y la comprobación de la influencia violenta que tiene el Catatumbo sobre la ciudad.

Al encontrarse esta agrupación armada ilegal en negociaciones con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, lo hecho constituye una abierta burla para la ‘Paz Total’, puesto que la están aprovechando como punta de lanza para demostrar poderío en la capital nortesantandereana.

Aunque cualquier intento de control social y territorial por parte de cualquier grupo al margen de la ley en nuestro país debe de ser repudiado y combatido, sin lugar a dudas que hacerlo en la principal ciudad colombiana en la frontera con Venezuela ya es de otro nivel.

En la dinámica del conflicto armado que otro factor venga a tratar de imponerse como presunto ‘amo y señor’ de ciertos sectores para demostrar poderío e influencia sobre sectores poblacionales y dar a entender la falta de Estado, se convierte en una carga de profundidad para una ciudad cruzada por todas las formas de violencia.

Desde aquí se le debe exigir al presidente Petro que, ante esta actuación considerada como una agresión de las más graves, las conversaciones con los criminales no pueden implicar la pérdida territorial ni mucho menos exponer a niños y adultos a la influencia de una agrupación de esa naturaleza que ya en una oportunidad le dio la espalda a la paz.

Suponen los cucuteños que el jefe de Estado debe de haber escuchado a Camilo González Posso, jefe negociador del gobierno con el Estado Mayor de las extintas Farc, en el sentido que el respeto a las comunidades es una de las exigencias que se tienen en la mesa de conversaciones y que esa acción con “los niños es un atropello a lo que está estipulado”.

Para contrarrestar esta clase de operaciones con las cuales esas organizaciones quieren adquirir beligerancia y demostrar que tienen dominio en ciertas áreas, el Estado tiene la obligación constitucional de advertir que ni un milímetro de territorio está en negociación, incrementar las operaciones de inteligencia y advertir que perseguirá, encarcelará y llevará ante la justicia a quienes incurran en esa clase de hostilidades contra la población civil.

Es decir, debe imponer su autoridad en la mesa y hacerla valer en los territorios amenazados en acciones combinadas entre la fuerza pública y la institucionalidad estatal para llegar a atender las necesidades y requerimientos con obras sociales para contrarrestar las necesidades básicas insatisfechas e inversiones para corregir la falta de infraestructura y otros problemas socio-económicos.

Para evitar la impunidad y que la práctica ilegal se generalice, se necesita que una autoridad de alto nivel se pronuncie sobre lo ocurrido en Cúcuta porque esas maniobras para procurar acercamientos con la comunidad en realidad son trampas para llegar a ejercer controles que luego degeneran en reclutamiento y trabajo forzado, amenazas, violaciones y hostigamientos violentos. Cúcuta debe ser salvada de seguir convirtiéndose en zona de disputa de las economías ilegales por parte del Eln, la disidencia de las Farc y las bandas del crimen transnacional.

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