La Corte Constitucional calificó ayer como inaceptable la grave situación de seguridad que atraviesa la región del Catatumbo, especialmente en los departamentos de Norte de Santander y Arauca, que ha dejado más de 52 víctimas mortales y más de 52.000 desplazados, entre ellas líderes sociales y firmantes de paz.
La Corte criticó severamente la falta de respuesta del Gobierno y de las entidades encargadas, a pesar de que la situación ha sido identificada y diagnosticada desde hace años.
En la audiencia de seguimiento para evaluar seguridad de los firmantes del acuerdo de paz, la magistrada Cristina Pardo enfatizó que las autoridades han ignorado las alertas tempranas emitidas por el Sistema de Alerta Temprana (SAT) desde 2020.
“No en vano en estas últimas semanas las noticias nos han recordado, una y otra vez, que lo que está ocurriendo en la región del Catatumbo ya había sido advertido por este sistema”, señaló Pardo.
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La Corte recordó que desde 2020 se habían registrado al menos ocho alertas sobre los riesgos en varios municipios de Cesar y Norte de Santander, con tres de ellas específicas para el Catatumbo.
En su intervención, la magistrada Pardo preguntó: “¿Qué pasó entonces con las medidas de respuesta oportunas e integrales para evitar que los riesgos allí advertidos se convirtieran en una gran y dolorosa lista de daños a los derechos fundamentales de los y las firmantes de paz y de la población civil en general?
Entre los firmantes de paz asesinados recientemente se encuentran Pedro Angarita, Pedro Rodríguez Mejía, Jean Carlos Carvajalino, Jhon Fredy Carrascal García, Albeiro Díaz Franco y Disney Sánchez Contreras, todos ellos provenientes del Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ATCR) de Tibú, que se encontraban adelantando su proceso de reincorporación en diferentes municipios de Norte de Santander.
La Corte también señaló que, además de los asesinatos, al menos 150 firmantes de paz se han desplazado, y diez de ellos se encuentran desaparecidos, de los cuales las autoridades reportaron la aparición de cuatro de ellos en las últimas horas.
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La Corte rechazó “con vehemencia todos los crímenes cometidos en contra de la población firmante de paz, de los y las lideresas sociales y de la población civil en general”.
La magistrada Pardo insistió en que al mencionar con nombre propio a las víctimas, la Corte busca reconocer el sufrimiento y dignificar a los firmantes de paz por su contribución al proceso de construcción de paz, a pesar de las múltiples victimizaciones que han sufrido desde la firma del acuerdo.
El vicepresidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, planteó varias preguntas clave en la audiencia.
“Entonces, frente a esa advertencia, la pregunta es: ¿Vamos a ejecutar un plan a largo plazo, cuando llevamos un largo plazo después de identificar un problema estructural que fue lo que hizo la sentencia de 2022?”, cuestionó Ibáñez.
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Recordó que, en la sentencia de 2022, la Corte había identificado problemas estructurales que requieren de órdenes complejas, pero tres años después de esa decisión, las medidas no han sido implementadas de manera efectiva.
A raíz de la información recabada durante la audiencia, la Sala de Seguimiento a la Sentencia 020 de 2022, que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) sobre la situación de los firmantes de paz, emitirá un nuevo pronunciamiento con órdenes específicas para intentar resolver las dificultades en la identificación y reacción ante los riesgos que enfrenta esta población.
No hubo análisis de
alertas tempranas
En medio de esta grave crisis humanitaria en el Catatumbo, el Gobierno nacional aceptó que no hizo análisis de las alertas tempranas presentadas por la Defensoría del Pueblo frente a lo que podía suceder en esta zona.
Así lo expresó ayer el consejero comisionado para la Paz Otty Patiño, en su intervención realizada en la Sesión técnica del ECI de las garantías de seguridad a los firmantes del Acuerdo de Paz realizada en la Corte Constitucional.
“Lo que se notaba a través de las alertas era una exacerbación del conflicto. La verdad en eso quiero ser autocrítico, no hubo un análisis de fondo de porque se estaba presentando esa exacerbación de las confrontaciones entre quienes tenían un estado de convivencia del bloque Gentil Duarte del frente 33 y el ELN”, dijo Patiño.
El comisionado aceptó que es muy probable que se hubiera podido prever la crisis humanitaria en el Catatumbo “Si hubiésemos tenido frente a las alertas tempranas un equipo más robusto de análisis territorial de lo que está pasando en esas violencias”.
Declaró que en su rol como cabeza principal del gobierno en las mesas de diálogos de paz “Ya se veían signos y expresiones del ELN que no les interesaba la paz sino, por el contrario, la profundización de la guerra”, razón por la cual un punto importante en su control territorial y fortaleza en la guerra era lograr el control total del Catatumbo.
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Sin embargo, a pesar de tener esta información, Patiño sí aceptó la falta de análisis y de inteligencia frente a estas alertas tempranas emitidas que hablaban de un recrudecimiento de la violencia en esta zona del país.
“Nos faltó más análisis, más inteligencia analítica no solamente informativa, porque lo que arrojan las alertas tempranas son datos puntuales, pero falta indudablemente un equipo de análisis sobre esos fenómenos que están ocurriendo”, declaró.
Finalmente, Patiño pidió ante la Corte fortalecer el sistema de alertas con un grupo de análisis más completo sobre lo que está ocurriendo en esos territorios y prever la violencia.
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