Crónica de una muerte anunciada, como la novela del Nobel de Literatura, es la tragedia que en estas dramáticas horas enfrenta el Catatumbo como consecuencia de la guerra total entre dos de los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial y  el poderío sobre el narcotráfico y otros delitos.

Las advertencias de la comunidad en cuanto a la existencia de señales que indicaban que en cualquier momento podría escalarse el conflicto armado para llegar a salirse de control, en una repetición de la historia violenta se quedaron ahí sin atención debida.

Organizaciones y defensores de los derechos humanos, con insistencia, levantaron su voz para notificar que algo muy grave estaba por suceder y que al estallar ha dejado decenas de muertos, cientos de desplazados y el fragor del enfrentamiento armado en todos los rincones.

El combustible de esta volátil situación que hoy tiene al Catatumbo bajo fuego es el de los cultivos ilícitos y la producción de cocaína. Los datos más recientes señalan que en esta zona del departamento hay unas 52.000 hectáreas de hoja de coca.

Ahora con un Catatumbo bañado en sangre, al Gobierno nacional le corresponde enfrentar la situación con una combinación de hechos que permitan rescatarla de esa guerra sin fin que la martiriza desde el siglo pasado como consecuencia del conflicto interno.

El famoso lugar común de que no aquí no caben los paños de agua tibia hay que usarlo para reclamarle a la administración del presidente Gustavo Petro la aplicación de un consolidado plan de rescate, recuperación y salvamento del Catatumbo para enfrentar cada uno de los problemas que lo asfixian.

Por ejemplo, la guerrilla del Eln, la disidencia de las Farc y las demás organizaciones que pululan en esa región del departamento deben tener bien claro que no son ni los amos ni los señores ni los gobernantes de esta rica región.

No debe permitirse que sigan patrullando o ejerciendo acciones de justicia o construyendo obras y entregando elementos a la comunidad o hasta definiendo quienes pueden transitar o ejercer actividades dentro del llamado control social que es una forma de hostilidad contra la población civil.

Nadie distinto a  las Fuerzas Armadas puede ejercitar acciones de registro, control y seguridad, razón por la cual ni el Eln ni la disidencia ni el Clan del Golfo o Los Pelusos pueden venir a efectuar operaciones que son propias del estado legalmente constituido.

Espera la  ciudadanía del Catatumbo, que hoy cruza por uno de los peores momentos de su historia, que la comunidad internacional le dé su apoyo y condene férreamente lo que está sucediendo y lance severas advertencias a esos organizaciones sobre las consecuencias que acarrea su ilegal intento de actuar como estado paralelo.

La muerte del bebé junto con sus padres, en la que fuera la primera masacre del año en el Catatumbo y la segunda en Colombia, no debe de quedar impune y sus autores materiales e intelectuales recibir todo el castigo de la ley colombiana e internacional puesto que se trató de un imperdonable y demencial hecho de guerra.

Esas violentas organizaciones deben entender que esa zona no es de su propiedad. El Catatumbo es de los campesinos, de los niños, de las amas de casa, de los educadores, de los trabajadores y de todos quienes luchan por su futuro.

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