Si el planteamiento dentro de la reforma a la salud para la entrega de medicamentos a los pacientes es el mismo que hoy tiene a miles de usuarios de la Nueva EPS, en Norte de Santander, al borde de un ataque de nervios, de verdad que está condenada al fracaso.

Ni en los peores momentos de otras administraciones se padecía lo de hoy, que de una formula con cinco o seis medicinas recetadas apenas entreguen una, poniendo en riesgo la salud de los pacientes  y violando el derecho a la vida.

Que esa situación ocurra tanto en la Nueva EPS como en otras que fueron intervenidas por el Gobierno nacional significa el retroceso de un  sistema que ya ni siquiera es capaz de garantizar los tratamientos medicinales mínimos contra las enfermedades.

Para hacernos una idea del tormento en que se convirtió el suministro de las drogas formuladas, en el caso de la Nueva EPS y su operador farmacéutico Cafam se estableció que tienen pendiente por entregar los medicamentos a más de 22.000 afiliados, solo en Cúcuta.

Llevando este dato a una hipotética situación extrema y  que el estado de salud del 50 por ciento de esos pacientes se agravara como consecuencia de no cumplir la receta, estaríamos ante una emergencia médico-asistencial de grandes proporciones.

Jugar con la salud sale costoso desde todos los puntos de vista, incluso el político, sin dejar de lado que incumplimientos riesgosos como ese de no entregar los medicamentos puede llevar a demandas contra las EPS o el mismo Estado por parte de los afectados.

En esas inmensas filas ver los rostros desencajados de quienes infructuosamente buscan que les suministren las pastillas, cápsulas, inyecciones o jarabes para curar sus males, aparece la pregunta de si hacer una reforma es indispensable o si es preferible ajustar, mejorar, cambiar, afinar y optimizar lo existente para que funcione mejor.

Para este caso de las medicinas, que es algo supremamente importante, el sistema actual tiene la obligación de entregarlas oportuna y eficientemente a los usuarios.

Ya que tanto se pregona que Colombia es potencia mundial de la vida, lo lógico fuera que el acceso a las medicinas no tuviera obstáculo alguno, por los peligros que encierra para las personas.

A los afiliados al sistema no se les puede obligar ni a ese calvario ni a obligarlos a comprarlas, porque por un lado su vida queda expuesta y por el otro se estarían incumpliendo las reglas establecidas.

El gobierno del presidente Gustavo Petro debe responder las inquietudes de quienes consideran que los servicios de salud que reciben usuarios y pacientes en Colombia se han venido deteriorando, agravando las condiciones de salud de muchos por la interrupción de tratamientos y el incremento de los  gastos que deben asumir  por las medicinas no suministradas.

El Ministerio de Salud junto con la Superintendencia del ramo tienen que conformar una comisión de alto nivel y capacidad de gestión y decisión para encarar este mayúsculo problema de los medicamentos que causa delicados efectos colaterales en todo el sistema.

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