Siguen apareciendo datos que reconfirman las duras condiciones generadas por la inseguridad en un departamento como Norte de Santander que figura en el segundo lugar por ser uno de los territorios de más riesgo para el transporte de carga en Colombia.

Esa peligrosidad se ve reflejada en vehículos quemados o retenidos, con impactos de bala, daños parciales y conductores extorsionados, amenazados, secuestrados o heridos.

Esto refleja que las carreteras del departamento, aparte de mostrar muchas de ellas condiciones inadecuadas para una buena movilidad y competitividad, se encuentran a merced, en estos tiempos, de los grupos violentos.

Este pasaje relacionado con un gremio que tiene una gran importancia para la economía local y nacional al ser el que moviliza las mercancías, debe motivar la atención del Gobierno nacional, por los impactos que esta clase de situaciones ocasionan.

 Figurar en ese deshonroso lugar ya de por sí es un grave inconveniente que comienza a socavar la confianza y a despertar temor entre los transportadores al notar la serie de amenazas a las que se exponen cuando arriban a las vías nortesantandereanas.

Y como no se trata de una mera percepción sino de algo muy real, voceros de ese sector le han planteado a las autoridades la urgente necesidad de definir medidas para frenar las acciones delincuenciales y violentas en las carreteras del departamento, puesto que de lo contrario “se va a llegar a un punto donde será imposible movilizarse”.

Un escenario como el advertido sería muy grave para el departamento, razón por la cual no se les puede permitir a los violentos que extiendan su poderío afectando de esa forma a un renglón económico que en nuestro caso moviliza las mercancías de la industria, el comercio, la construcción y la minería, entre otros.

Y más hechos palpables confirman que las condiciones adversas comienzan a ocasionar inconvenientes reales, como los advertidos por José Peñaloza, director regional de Colfecar, sobre que “la inseguridad hace que nuestros conductores no quieran transitar por Norte de Santander, por ende, perdemos competitividad y participación en el mercado”.

Ojalá el Ministerio de Defensa haya tomado nota de todas estas graves denuncias del gremio del transporte de carga que sirven para evidenciar que sí realmente nos encontramos frente a una muy complicada situación de orden público que agobia a todos los habitantes de las zonas urbanas y rurales.

Estas condiciones adversas indican que las medidas a tomar ya revisten un carácter de urgencia, ante lo cual se esperaría que haya un acompañamiento especial y patrullajes en las carreteras con el fin disuadir a los grupos armados ilegales y de prestar protección y vigilancia en las vías nortesantandereanas.

Es urgente blindar al departamento frente a la desenfrenada inseguridad que cada vez lo va golpeando más, al encontrarse dentro de los territorios de 400 municipios en el país con presencia de grupos armados, como lo señala un informe de Indepaz.

Por un lado se requiere que la Fuerza Pública actúe con rigor mientras que por el otro es igualmente urgente que se avancen en los procesos de reanudación de negociaciones con la guerrilla del Eln y otras organizaciones en los que se definan el cese del fuego y de hostilidades, pero sin ventajismos ni actuaciones por debajo de la mesa para terminar consolidando su poderío militar y territorial.

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