Aunque es un sistema de salud imperfecto en el que pululan las tutelas para lograr cirugías o medicamentos y son millonarias las deudas con los hospitales y clínicas, todo apunta a que el remedio que se avecina podrá resultar siendo peor que la enfermedad.

La concertación con unas EPS para la reforma a la salud no es alentadora ni sanadora, puesto que más bien parece un buen negocio para permitir que el gobierno del presidente Gustavo Petro se salga con la suya.

Ellas dejan de ser aseguradoras para convertirse en gestoras, sin mayores responsabilidades pero en cambio sí obtendrán unos pagos de una denominada comisión que según los críticos alcanzaría varios billones de pesos al año.

Al Congreso de la República le corresponde estar muy atento al articulado y precisar de qué se trata esa comisión fija, para que no vaya a resultar siendo una especie de pago diferido por facilitar sacar sin contratiempos una reforma que sigue teniendo un tufillo estatizador que causa inquietud y malestar en muchos sectores de la vida nacional.

Como la plata es la que le hace mucha falta a la salud de los colombianos, ese asunto tiene que ser uno de los ejes del debate para explicarles a los pacientes qué realmente es una EPS gestora de vida y salud, su rol y responsabilidades.

Porque por ejemplo habría que contrastar el hecho de que hoy 26 EPS le deben la sistema de salud 25 billones de pesos y en el nuevo esquema propuesto las gestoras de salud y vida se llevarían hasta unos siete billones al año, sin tomar ningún riesgo, luego de esa negociación con el Ejecutivo.

Quién le garantiza al usuario que las EPS en la modalidad planteada no se conviertan en una especie de apéndice del gobierno y de los políticos de turno, con riesgos para desmejorar más la calidad del servicio.

Sí las llegan a convertir en unas colaboradoras, ya no escogerán las redes de servicios de clínicas y hospitales, tampoco tendrán que seguir con toda la atención incluida la de mayor complejidad y tampoco tendrán que ser responsables directos del pago de incapacidades.

Tampoco es de buen recibo el hecho de que la iniciativa incluya que las EPS gestoras ‘sometidas al gobierno’ pasen a cumplir el papel de monitoreo y evaluación de los hospitales en el país.

Al necesario análisis que se haga en el Senado y Cámara es urgente que las mismas EPS que se sentaron con el Gobierno Nacional le digan al país si este acuerdo lo aceptaron por negocio o por presión y certifiquen realmente cuáles son de sus tareas y cómo es el asunto de la comisión por gestoría.

Además, entre los cuestionamientos a este pacto indican que en el nuevo proyecto se mantiene la obligación de afiliarse en los puestos de la red pública de salud. ¿Será eso un empadronamiento político que restringe derechos ciudadanos como lo advierte el expresidente Álvaro Uribe?

Las organizaciones de profesionales y de trabajadores de la salud, los pacientes, los usuarios del sistema, los gremios y los congresistas tienen ante sí una monumental labor para definir el futuro de la salud de millones de colombianos, entendiendo todos, hasta el gobierno y los opositores, que son necesarios muchos cambios y ajustes para mejorar, pero que se debe tener también mucho cuidado para no retroceder o caer en modelos que han fracasado en el vecindario.

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