A partir del 30 de enero del año entrante el Eln suspenderá los secuestros extorsivos, según lo acordado entre esa guerrilla y el Gobierno Nacional en el quinto ciclo de conversaciones que se cumplió en México.

En medio del ambiente de alivio que el anuncio de esa naturaleza hecho por el grupo subversivo más grande de Colombia, surge un interrogante  válido: ¿entonces en el tiempo que falta para llegar a esa fecha, seguirán los plagios?

Puede llegar a presentarse un recrudecimiento de ese delito de guerra, dentro de la lógica que acompaña a esta clase de negociaciones, que cuando se encuentran en la fase de inicio o de acatamiento de alguna promesa, siempre se registran acciones de escalamiento.

Los miembros de la delegación de ese grupo que denominan ‘retenciones con fines económicos’ dejaron muchas zonas grises en torno a este anuncio, que ha llenado de expectativa a los colombianos.

En Norte de Santander, que es uno de los departamentos con fuerte influencia militar, política y social de  esa organización alzada en armas, que hace presencia a lo largo de la frontera con Venezuela, así como en el área metropolitana de Cúcuta y en el Catatumbo, la consolidación de un acuerdo de esa naturaleza significaría un alivio real en las hostilidades contra  la población civil. En el departamento, este  año, se han registrado por lo menos 46 secuestros por parte de diversas organizaciones ilegales.

Habrá que esperar como se decanta esta promesa que en la práctica representaría una mejora sustancial al derecho de la libertad de las personas en la provincia de Ocaña, en la capital nortesantandereana y en otras zonas del departamento, que sufren del flagelo del secuestro que de manera constante perpetra el Ejército de Liberación Nacional.

 Una de las formas en que el anuncio adquiriría una poderosa fuente de credibilidad, es que el grupo guerrillero haga dos actos específicos: uno que dé a conocer el número de personas que tiene en su poder con fines extorsivos y, dos, que proceda a entregárselos a comisiones de la sociedad civil, la iglesia y los organismos de Derechos Humanos.

Eso podría darse esta misma semana, como una especie de regalo de Navidad hacia la consolidación de una paz verdadera y culminarlo antes de la fiesta de Año Nuevo, con el fin de que los colombianos  y la comunidad internacional tengan unos puntos de referencia para acoger el citado compromiso.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien siempre había estado advirtiendo sobre la urgencia de ponerle fin a ese delito de lesa humanidad, reaccionó favorablemente al anuncio, constituyéndose en un importante espaldarazo.

Las siguientes palabras del funcionario tienen un alto grado de esperanza en que las condiciones cambien para bien de la seguridad en el país: “valoramos el acuerdo alcanzado en el que el grupo subversivo renuncia a la inhumana práctica del secuestro con fines económicos. La decisión nos llena de mucho optimismo y nos permite reiterarles a los demás grupos ilegales que cesen el secuestro”. 

En el tiempo que resta para llegar al 30 de enero, deben definirse los mecanismos de verificación de que realmente el Eln abandona las “retenciones económicas” y, lo más importante, que todos los frentes en el país lo acaten, para evitar   un incumplimiento en ese sentido, que podría deteriorar gravemente el proceso de negociación dentro de la ‘Paz Total’.

En este momento no se puede ni cantar victoria ni restarle credibilidad a lo alcanzado, pero sí tener los pies sobre la tierra  y exigir que todo lo prometido en la mesa se lleve a la realidad sin trampas, para procurar que por fin alcancemos la anhelada paz.

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