Al menos 2.612 denuncias por irregularidades y presuntos delitos relacionados con la jornada electoral han recibido hasta el momento las autoridades, de ese total 2.459 se registraron en el país y 153 en el exterior, señaló el ministro del Interior, Armando Benedetti.
El jefe de la política en el gabinete de Gustavo Petro aseguró que varias de esas denuncias están relacionadas con el constreñimiento al elector y actos de desobediencia de algunos votantes que le han tomado fotografías al sufragio, pese a la prohibición de hacerlo.
"La Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral también recibe reportes desde el exterior. Se han registrado 153 denuncias: Estados Unidos lidera con 71 casos, seguido por España (22), Inglaterra (14) y Canadá (12)", precisó la cartera del Interior.
Los datos de Puesto de Mando Unificado contrastan con el informe divulgado por la Misión de Observación Electoral (MOE), que registró 87 reportes de posibles irregularidades con corte a las 10 de la mañana, provenientes de 19 departamentos, 39 municipios, Bogotá y el exterior.
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El principal foco de alerta, con el 28,7% de las denuncias, corresponde a situaciones que podrían afectar la autonomía del voto. Ciudadanos reportan presuntas presiones sobre comunidades o grupos de trabajadores, entrega de dinero a cambio del sufragio —en algunos casos con exigencia de fotografías de la tarjeta electoral— y posibles suplantaciones de votantes.
El 27,5% de los reportes advirtió de irregularidades atribuidas a jurados de votación, entre ellas el uso de prendas asociadas a campañas políticas, presuntas indicaciones sobre por quién votar e inconsistencias en la entrega y diligenciamiento del material electoral.
A pesar de la prohibición de propaganda durante la jornada, el 24,1% de las denuncias refiere incumplimientos de esta restricción: publicidad electoral cerca de puestos de votación, difusión de mensajes, símbolos, prendas y consignas políticas, y circulación de propaganda a través de medios de comunicación.
El 16% restante se vincula con posibles fallas en el funcionamiento de los puestos de votación, incluyendo accesos indebidos a cubículos, fallas en el servicio de energía eléctrica y restricciones a la labor de testigos electorales.
