El 30 de junio vencieron los certificados de circulación de las empresas venezolanas de transporte público en Colombia, específicamente en los municipios de Cúcuta y Villa del Rosario, un hecho que más que impactar al ciudadano de a pie, repercute justamente a los prestadores del servicio, por ver suspendida una fuente de ingreso en medio de la compleja situación económica que atraviesa la frontera del vecino país. 

Por esta situación 15 empresas de transporte público colectivo y cinco de transporte individual han quedado impedidas de prestar el servicio en las rutas designadas en la zona metropolitana. 

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“Esto cada día se nos complica más, pues nos  volvieron a sacar de Cúcuta sin haber mediado y dar chance para nosotros renovar todos los requisitos exigidos por el AMC”, dijo Celestino Moreno, representante del Sindicato de Transporte Venezolano en la frontera. 

La principal queja tiene que ver con una actualización que se hizo sobre los requisitos exigidos a los vehículos que presten el servicio de transporte, tanto público como individual, en la que se establecen coberturas mínimas, tanto en la póliza de responsabilidad civil contractual como extracontractual, de 60 salarios mínimos legales vigentes, es decir por 78 millones de pesos, por persona. 

¿Qué cubre? En el caso de la contractual: muerte, incapacidad permanente, incapacidad temporal, gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios; mientras que la extracontractual cubre muerte o lesiones a una persona, daños a bienes de terceros y muerte o lesiones a dos o más personas. 

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“Esta acción da mucho que pensar, puesto que hay rumores sobre que presuntamente van a dar entrada a otras líneas que no tienen la permisos por el Ministerio de Transporte colombiano. Creo que esto no va traer nada bueno para el transporte público binacional, pues se está pasando por encima de los tratados binacionales”, apuntó Moreno. 

Por esta razón, los transportistas esperan concretar una reunión con las autoridades departamentales y municipales, “para buscar soluciones que garanticen el buen desempeño del gremio sin lesionar la buena vecindad que  nos ha caracterizado”, indicó el líder sindical fronterizo. 

Por otra parte, la medida de restricción sobre el transporte venezolano por vencimiento de permisos, tiene un impacto mínimo en la movilidad de los ciudadanos que a diario circulan entre Cúcuta y los municipios fronterizos venezolanos, dada las múltiples alternativas de transporte. 

Respuesta del AMC

“No estamos pidiendo nada distinto a lo que contempla la ley vigente de nuestro país, para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Debemos garantizar que se  haga de la mejor manera. Nuestra invitación es a que cumplan la norma”, dijo por su parte, Jorge Francisco Hernández, subdirector de Transporte Público del AMC. 

Destacó el funcionario que, a la fecha, no se han presentado siniestros con vehículos venezolanos prestadores del servicio de transporte, pero “hay otros que vienen desarrollando actividades diferentes para las que fueron autorizados, por lo cual están bajo investigación tanto por el AMC, como autoridad de transporte, y por el Terminal de Transporte”, explicó Hernández, quien no detalló las sanciones a las que se enfrentarían los infractores. 

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“Esperamos que en el menor tiempo posible estas empresas puedan hacer los trámites correspondientes y renovar sus permisos, para que puedan circular legalmente”, sostuvo el subdirector de la AMC. 

Recordó que los vehículos que serán autorizados serán aquellos que estén dentro de los tiempos establecidos de vida útil para poder circular, que en Colombia es de máximo 24 años de antigüedad, que  constituye otro problema para las flotas venezolanas, pues muchas exceden estos tiempos.

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