La representante de la Mesa Municipal de Víctimas de Ocaña, Maritza Pérez Amaya, denunció ante los distintos entes de control del Estado la actuación de supuestos tramitadores e intermediarios que no tienen facultad para gestionar pagos ante la Unidad para las Víctimas a nivel nacional.
Pérez advirtió sobre una presunta estafa que afecta a decenas de víctimas del conflicto armado de Ocaña, la zona del Catatumbo y el sur del departamento del Cesar.
“Personas incautas están acudiendo desde horas de la madrugada al barrio El Hatillo, en Ocaña, donde una mujer operaria montó una especie de ‘mini centro de atención’ ilegal, cobrándoles sumas periódicas de dinero con la falsa promesa de agilizar o gestionar el pago de sus indemnizaciones administrativas”, recalcó la defensora de derechos humanos, quien hizo un llamado a las personas para que no caigan en la trampa y procedan a suministrar información veraz y oportuna a la Unidad para las Víctimas en Ocaña.
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De acuerdo con las denuncias recibidas por la Mesa Municipal de Víctimas, esta intermediaria se aprovecharía del acceso a los canales de atención en línea de la entidad para atribuirse el avance de los procesos. Incluso, cuando la indemnización de un beneficiario ya se encuentra disponible en la entidad bancaria, producto del trámite institucional ordinario, asegura que el desembolso se logró gracias a sus gestiones y exige pagos a los afectados.
Pagos sin intermediarios
La representante de la Mesa Municipal de Víctimas hizo un llamado urgente a la comunidad para evitar caer en estos cobros fraudulentos.
“Recordamos a toda la población víctima que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas es la única entidad encargada y autorizada para el proceso de indemnización. Todos los trámites son estrictamente gratuitos y no requieren de la ayuda de terceras personas ni tramitadores”, recalcó Pérez.
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Explicó que la asignación de indemnizaciones responde a criterios institucionales establecidos en normas como la Resolución 1049 de 2019, la cual prioriza a adultos mayores, personas con enfermedades huérfanas, catastróficas o de alto costo, y personas con discapacidad, a quienes el pago les llega directamente, sin necesidad de desembolsar recursos adicionales por ningún tipo de gestión externa.
Acciones legales en curso
Ante la gravedad de los hechos, la Mesa Municipal de Víctimas radicó las denuncias formales con el material probatorio proporcionado por los afectados, incluidos audios y fotografías del lugar en el barrio El Hatillo.
La Oficina Antifraude de la Unidad para las Víctimas ya tiene conocimiento de esta presunta irregularidad. Asimismo, cursa una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de estafa contra persona indeterminada.
Otra denuncia está relacionada con las ayudas humanitarias. Según la representante, cuando las personas acuden a reclamar el giro, este aparece en el sistema como desembolsado desde el mes de agosto.
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“La población en condiciones de vulnerabilidad está muy necesitada y se encuentra con este tipo de fraudes. No queda otro remedio que instaurar la denuncia ante la Fiscalía porque se registran a menudo”, enfatizó la abogada.
Canales oficiales de atención
Los integrantes de la Mesa Municipal de Víctimas reiteraron a la población desplazada y afectada por el conflicto armado de la provincia y la región que, para consultar el estado de sus trámites o solicitar citas, deben acudir únicamente a los canales oficiales.
En el Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) de Ocaña se brinda orientación de manera presencial y sin intermediarios de ninguna naturaleza.
Asimismo, las personas pueden realizar el agendamiento de citas y consultas a través de la página web oficial de la Unidad para las Víctimas.
La Mesa Municipal de Víctimas de Ocaña continúa recibiendo peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRF) de manera presencial y virtual para direccionarlas ante las autoridades competentes.
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Por su parte, la defensora de las mujeres del Catatumbo, Alba Luz Trigos, calificó como grave la denuncia y señaló que estos hechos podrían constituir una estafa, pues los trámites que deben realizar las víctimas son gratuitos y no generan ningún costo.
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