En visita de inspección hecha por el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, al Centro de Detención Transitoria (CDT) de Ocaña, en Norte de Santander, pudo comprobar que el hacinamiento supera el 260% y corroboró una vez más las difíciles condiciones en las que se encuentra esta población en todo el país.
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“Lo que encontramos es la radiografía de lo que hemos venido denunciando insistentemente desde que asumí como Defensor del Pueblo: vulneración de los derechos fundamentales de los detenidos, la gran mayoría, si no todos, como sindicados. No existen condiciones dignas porque muchos de ellos se enfrentan a tratos degradantes, y la infraestructura y lo relacionado con la salubridad son infrahumanas”, aseguró Camargo.
Los niveles de hacinamiento de los CDT en todo Norte de Santander, basados en un informe de la Defensoría, superan el promedio nacional en lo que a ese tipo de centros se refiere, que es de aproximadamente el 140 por ciento.
Esos espacios no cuentan con las características adecuadas para que una persona esté recluida más de 36 horas. El total de detenidos en el departamento asciende a 773, cuando la capacidad de las instalaciones solo es para 214, lo que corresponde al 313% de hacinamiento.
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“La problemática no está siendo enfrentada como debe y tiene que ser. El Gobierno Nacional y los entes competentes están en la obligación de poner en marcha soluciones estructurales, integrales, de fondo”, llamó la atención el Defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo, a través de su delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, ha llevado a cabo visitas de inspección a lo largo de los dos últimos años a la estación de Policía de Ocaña.
Los resultados han sido usados en los reportes semestrales que la entidad presenta a la Corte Constitucional, con motivo del seguimiento al estado de cosas inconstitucional, que el alto tribunal decidió extender a los CDT, pues fue constatado cómo la reclusión prolongada en las estaciones de Policía y las Unidades de Reacción Inmediata del país se configura en tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En ese sentido, el Defensor del Pueblo reiteró su llamado: “Aquí no solo se requieren soluciones, proyectos, programas e iniciativas a mediano o largo plazo, se necesitan medidas y programas inmediatos, porque la problemática hace rato tocó fondo. Por mucho esfuerzo que hagan las autoridades municipales, se requiere es la actuación de las autoridades de los niveles departamental y nacional”.
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Es importante la corresponsabilidad, remarcó Camargo, y una política pública clara en lo que tiene que ver con la habilitación de nuevos cupos y espacios para la población privada de la libertad.
La misión en el Catatumbo
Encomendó a los subalternos la misión de velar por la defensa de los derechos de los internos. “En esta estación se ha detectado más de un centenar de individuos de los cuales 17 han sido catalogados como de alta peligrosidad para la sociedad y también 5 mujeres que sufren las inclemencias del hacinamiento”, recalcó.
Atendiendo la sentencia de la Corte Constitucional SU122 de 2022, que declara el estado de cosas inconstitucional frente a esta situación anormal en materia penitenciaria se trasladó a la zona del Catatumbo para analizar la problemática.
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“Al unísono tenemos muy claro cuál es la labor que venimos cumpliendo, no vamos a declinar nuestro mandato constitucional que es proteger y garantizar los derechos a las poblaciones en los territorios, muestra de ello tenemos a nuestro defensor regional Ever de Jesús Pallares Baene y en toda la subregión del Catatumbo, de manera permanente de la mano de las comunidades escuchando las demandas, las preocupaciones y los clamores.
Desde la Defensoría Nacional se hace el llamado al Gobierno nacional y ministerio de Justicia para que gestionen una política pública clara y concisa con respecto a los nuevos espacios para la población privada de la libertad, dijo en su reciente visita a Ocaña.
El encuentro con los organismos defensores de los derechos humanos en los municipios vecinos de la subregión del Catatumbo busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes.
“Evidenciar la situación de derechos humanos, nos preocupa de manera significativa la constante y el común denominador de las condiciones indignas e infrahumanas en las que vive la población carcelaria”, reiteró.
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Conjuntamente con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres articuló esfuerzos para solventar la situación vivida por los damnificados de la vereda El Tarrita. “Preocupa la deserción escolar de los niños que pueden ser presa fácil del reclutamiento forzado de menores”, exclamó el defensor al exigir programas integrales para que no se repita la historia vivida el año pasado.
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