Pérdidas superiores a los 6 mil millones de pesos reporta el gremio de comerciantes en el municipio de Ocaña durante el paro armado promovido por el Ejército de Liberación Nacional (Eln)
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El presidente de la Asociación de Comerciantes de Ocaña, Felipe Nery Meza Quintero indicó que la dinámica en la plaza de mercado tuvo una reducción del 40 por ciento, ya que diariamente se mueven 4 mil millones de pesos en el intercambio con el interior del país y la costa norte colombiana.
Señaló que desde la central de abasto se adelantan transacciones bancarias en efectivo y a crédito para la venta de cebolla, tomate, ají, pepino y fríjol, renglones afectados por la suspensión del transporte hacia la zona del Catatumbo.
Y esas estadísticas sin tener en cuenta la compleja situación vivida por los labriegos quienes perdieron las cosechas y cuando lograron sacarlas al mercado, lo encontraron inundado con el producto procedente del vecino país de Perú como es la cebolla.
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“Los que más sufren dentro de esa cadena de comercialización son los campesinos quienes atraviesan una difícil situación debido a los efectos de la pandemia, los cambios climáticos y los oleajes de violencia registrados en la región”, agregó Meza.
“Acciones contra el pueblo”
El comerciante Asís Gómez Cárdenas dijo que la recesión económica será mayor y ahora vendrá la carestía por el incremento en los insumos para los productos de la canasta familiar. “El paro ha sido nefasto para todos los sectores de la sociedad, ya que el poder adquisitivo constante está golpeado y la plata no alcanza para satisfacer las necesidades”.
Manifestó que la parálisis únicamente afecta a las personas ‘de a pie’ y no repercute en las altas esferas del Gobierno Nacional.
“Es urgente un diálogo, un acercamiento con los grupos en conflicto para lograr la reconciliación, ya que los métodos violentos nunca han funcionado, la brecha entre los pobres crece día a día”, recalcó Gómez.
Citó el caso de los tres conductores ocañeros quienes fueron retenidos en una trocha del sur del Cesar donde los vehículos y la carga fue incinerada sin compasión alguna. “No hay derecho, hay otras formas de lucha sin perjudicar al pueblo”, reiteró.
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Se calculan pérdidas de 700 millones de pesos en ese acto terrorista donde el Gobierno Nacional no ha facilitado alternativas para resarcir las pérdidas.
Conductores prenden motores
Con el firme propósito de resarcir las pérdidas, los socios de las empresas transportadoras activaron las rutas hacia los distintos destinos, para poder mitigar los efectos de la pandemia y el paro armado.
El gerente de la Cooperativa de Transportadores Unidos (Cootransunidos), Román Alberto Jácome señaló que fueron tres días donde no hubo ingresos, lo que agudizó la situación en el sector.
“Las pérdidas son incalculables, ya que mucha gente se abstiene de comprar tiquetes y prefieren postergar compromisos o citas médicas para evitar inconvenientes sobre los ejes viales”, agregó.
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A pesar de la pandemia, las acciones de los terroristas han sido cíclicas en el transcurso del año y también deben afrontar la competencia desleal con el transporte informal. Más información en www.laopinion.com.co.
Golpe duro para la región
El vocero de los comerciantes de la provincia de Ocaña, Javier Ortiz Navarro, manifiesta que la situación no puede continuar así y reclama del Gobierno Nacional acciones tendientes a la reactivación de la economía en esta zona del país.
Destacó que luego de los tiempos difíciles de la pandemia se estaba evidenciando una recuperación de la economía y el comercio mostraba otra cara. Califica como terrible la parálisis en el sector transportador donde muchas personas reportan pérdidas por la quema de vehículos en bodega e incluso en las fincas.
A lo anterior se suman las afectaciones ocasionadas en los talleres, almacenes de lubricantes, llanterías y estaciones de combustibles.
También se reporta el desabastecimiento de insumos para el sector agropecuario, panificadoras e incluso librerías con el ingreso de los estudiantes a la universidad.
El ciclo fue interrumpido pues el alma mater suspendió las clases por las intimidaciones a los conductores del transporte urbano de pasajeros.
“Esperamos que no se repita porque genera incertidumbre, desconfianza y repercute en el sistema de producción y nosotros los comerciantes debemos responder con el arrendamiento, pago de servicios y sueldos a los empleados”, puntualizó.
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Indicó que la dinámica comercial se vio afectada en un 80 por ciento, ya que la gente por temor se abstiene de las transacciones. “Necesitamos negociaciones serias con las agrupaciones al margen de la ley, alternativas, ya que se requieren decisiones de fondo, pues el problema social es estructural y además del componente militar se deben emprender programas de inversión social para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la región”, precisó.
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