Familiares de las mujeres privadas de la libertad en el Centro Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria, en el municipio de Ocaña, alzan la voz en señal de protesta ante un posible traslado de las internas hacia otras prisiones del país.

El campanazo de alerta se da mediante la expedición de una disposición en la que el Gobierno nacional ordena una reestructuración y adopta medidas en los penales de todo el territorio colombiano.

Muchas de las internas son provenientes de municipios del Catatumbo, el sur del Cesar y Bolívar, por lo que un traslado a regiones distantes podría dificultar el contacto con sus seres queridos.

Aunque la resolución ya habría sido emitida, los traslados aún no se han materializado y se espera la ejecución de la medida. “Espero que se replantee la decisión”, anota una madre angustiada por la suerte de su hija.

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Entre tanto, organismos como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría habrían solicitado revisar la decisión, ante la importancia de mantener un centro de reclusión que atienda a la población privada de la libertad de Ocaña, el Catatumbo y otros municipios de la región, reiteran los familiares.
 

Alarmas encendidas

Desde el interior del centro penitenciario comenzaron a escucharse las voces inconformes a raíz de la eliminación de algunos beneficios dentro de las celdas, como las conexiones eléctricas para los televisores, ventiladores y cafeteras, entre otros aparatos.

Además, se restringió el ingreso de portacomidas los fines de semana, cuando los familiares llevaban alimentos para variar el menú. Ahora suenan las alarmas ante el posible traslado de las 18 internas, ya que el pabellón supuestamente no reúne las condiciones para albergar a las mujeres.

El temor ante las órdenes de traslado radica en la posibilidad de reubicarlas en cárceles de máxima seguridad, como las de Valledupar, Bucaramanga, Bogotá o Medellín, lo que las alejaría de su núcleo familiar y dificultaría las visitas y el acompañamiento.

A esto se suman los cuestionamientos sobre las condiciones actuales de la edificación. Madres de algunas internas aseguran que el espacio es reducido y que es imperioso el traslado.

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Trascendió que el Ministerio Público intercede para revisar la medida, mientras se conocen el destino de las internas y las condiciones en las que se desarrollaría el proceso.
 

Cuando el río suena…

Aunque la Dirección General del INPEC no ha notificado hasta la fecha al cuerpo de custodia sobre el traslado de las mujeres, en el interior de la cárcel de Ocaña se percibe ese ambiente de incertidumbre debido a las restricciones de los últimos días.

La medida genera inquietud no solo por el posible alejamiento de las internas de sus familias, sino también por el futuro de la reclusión en el municipio de Ocaña, donde se encuentran por lo menos 380 personas privadas de la libertad (PPL), lo que evidencia un histórico hacinamiento, ya que la capacidad instalada es únicamente para 200 reclusos.

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En el proceso de reestructuración del INPEC y de construcción de megacárceles impulsado por el actual Gobierno, los presos podrían ser concentrados en esos establecimientos para optimizar los recursos asignados.
 

Pagando los platos rotos de la guerra

Tanto las personas privadas de la libertad como sus familiares han manifestado públicamente su rechazo a las recientes directrices del Gobierno nacional, las cuales restringen drásticamente las visitas y el uso de electrodomésticos.

Beneficios como el suministro de energía eléctrica para conectar un televisor o un ventilador en las celdas fueron suspendidos como parte de las políticas para retomar el control. “Solo permiten aparatos en los patios de carácter comunitario, en una clara demostración de los cambios, empeorando las condiciones de resocialización dentro del penal”, afirma la interna Wendy Carolina Navarro, al reconocer que las medidas se imparten a nivel nacional.

Los domingos se permitía a los visitantes llevar una portacomida para compartir los alimentos preparados en casa, pero ahora su ingreso está prohibido. “Tampoco podemos usar los tomacorrientes para calentar o hacer café, ver un programa de televisión o recibir ventilación ante la ola de calor”, recalcó la vocera de las personas que, por distintas circunstancias, están purgando una pena.

Las internas reconocen que cometieron un error, pero consideran que el Estado debe generar un ambiente humanitario que favorezca la resocialización.

Evelyn Viviana García Marín, madre de tres niños y quien estuvo dos años en prisión, describe el drama que viven las mujeres detrás de las rejas. “Las medidas adoptadas son absurdas y se debe replantear la situación.

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La mayoría son madres cabeza de hogar, cuyos familiares sufren algunas enfermedades, y esa separación agravará la situación. Al contrario, se deben fortalecer los programas de resocialización con la finalidad de enmendar los errores”, agrega la exreclusa, quien conoció historias desgarradoras de jóvenes del Catatumbo inmersas en una guerra que no les pertenece y que están pagando los platos rotos.

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