La advertencia que hizo ayer el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre la posibilidad de expedir el Presupuesto General de la Nación de 2025 vía decreto, si el Congreso finalmente no lo estudia y aprueba, no solo profundizó el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, sino que le abrió paso a un nuevo escenario y es que el jefe de Estado termine apelando a lo que se conoce como una ‘dictadura fiscal’.

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La tensión que existe hoy por cuenta de ese proyecto tiene su origen en la desfinanciación de los recursos con los que espera contar el Gobierno para el próximo año y la idea que se ha planteado de incorporar al menos $12 billones, a través de una nueva reforma tributaria que ya fue radicada en el Congreso.

Como el presidente del Senado, Efraín Cepeda, no está de acuerdo con esa propuesta, desde la semana pasada le hizo saber al mandatario que su estrategia no contaría con el respaldo del Congreso.

Ayer, el congresista conservador le volvió a insistir a Petro en que el ajuste al presupuesto que proponen amerita una reflexión seria. “El deber ser hoy es primero discutir el Presupuesto General de la Nación 2025, sin los 12 billones de pesos; lo segundo, discutir una reforma tributaria y cuando sepamos cuál es el monto que se obtiene de esa reforma, no lo sabemos, en su sabiduría el Congreso aprobará, 3, 4, 5, 10, 12 billones, eso no lo sabemos, y cuando lo tengamos, con eso nos vamos a un presupuesto adicional como ya se hizo con la primera reforma tributaria de este gobierno. Todo se puede hacer en este año”, planteó.

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Sin embargo, el presidente de la República insistió en que, si el Congreso rechaza el proyecto de presupuesto, tal cual como está concebido, “entonces recortamos el gasto público sin tocar a los pobres y el gasto social”.

“Como está desfinanciado se entrega al Congreso la ley de financiamiento, cuyo principal artículo es reducir el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia y más a la pequeña y mediana empresa, y financiamos el desbalance  con la sobretasa al petróleo y el carbón, la tasa carbón, con el IVA a los juegos de suerte y azar, por Internet y la reducción de exenciones (sic)”, escribió el mandatario en su cuenta de X, al tiempo que insistió en que si su propuesta no es acogida por los congresistas, la Constitución le da la potestad al Gobierno de decretarlo.

Para el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, lo que plantea el jefe de Estado se le conoce como dictadura fiscal y, en su criterio, no sería una buena idea.

“Presidente, haga un esfuerzo, de verdad, por construir consenso con el Congreso de la República. De eso se trata la construcción en diferencia, donde siempre en la diferencia es posible construir algo mejor. La diversidad de opiniones, posiciones y análisis es siempre bienvenida”, le manifestó Restrepo.

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¿Qué es una dictadura fiscal?

Según se puede leer en la propia página del Ministerio de Hacienda, la dictadura fiscal se da en el “evento en que el Congreso de la República no aprueba el proyecto de Presupuesto General de la Nación, para lo cual regiría el proyecto de Presupuesto presentado por el Gobierno, incluidas las modificaciones aprobadas por el Congreso de la República en primer debate”.

Este mecanismo lo prevé la Constitución como una herramienta para garantizar la continuidad de la actividad pública en las finanzas del Estado cuando el Congreso o el Gobierno no le den trámite oportuno. De esta forma, el Gobierno saltaría etapas de discusión y aceleraría la instauración del Presupuesto General de la Nación.

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Sin embargo, acudir a esta figura, a pesar de estar contemplada en la Constitución, tendría unas consecuencias para el Gobierno.

En primer lugar, la aprobación del Presupuesto presentado no implicaría los recursos que se pretenden conseguir vía ley de financiamiento, que obligatoriamente sí tienen que ser aprobados por el Congreso. Es decir, los $12 billones para contrarrestar la desfinanciación.

“El presidente puede expedir el presupuesto 2025 por decreto. Cierto, pero… sin los $12 billones que pide de financiamiento. Entonces, el proyecto quedaría en $511 billones como proponen varios congresistas. Creo que la sinceridad en las cuentas debe primar: $499 billones sostiene el mismo gobierno que es su capacidad real de ejecución (Y estaría también inflada a juzgar por el 24 y 23)”, declaró la senadora Angélica Lozano.

Además de estas consecuencias, la dictadura fiscal también tiene implicaciones políticas, pues, sin haber llegado a ella, ya ha provocado un conflicto con el Legislativo, toda vez que su advertencia no ha caído muy bien.

“Desde aquí le digo que no sea atrevido. El Congreso tiene la autonomía para tomar la decisión sobre el Presupuesto y si bien él tiene la competencia, de acuerdo con la Constitución, de decretar el presupuesto en caso de que aquí no se apruebe, queda claro que el Congreso está dispuesto a discutirlo”, aseguró el senador Miguel Uribe, en una intervención en el Congreso de la República.

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