Con un balance más amargo que dulce cerrará el gobierno del presidente Gustavo Petro la gestión de sus iniciativas en el Congreso de la República, cuyo último periodo culminará el 20 de junio. Durante esta legislatura, la Casa de Nariño sufrió una serie de reveses que afectaron varias de sus iniciativas más importantes. Aunque al inicio de su mandato contaba con una amplia coalición parlamentaria, el paso del tiempo debilitó esos apoyos y fortaleció a la oposición, lo que terminó reflejándose en el hundimiento o estancamiento de proyectos clave.

Cuando Petro llegó a la Presidencia en 2022 logró conformar una mayoría poco común en el Congreso. Partidos tradicionales como el Liberal, el Conservador y La U se sumaron inicialmente a su coalición. Sin embargo, las diferencias políticas y los desacuerdos sobre varias reformas fueron erosionando esa alianza. La pérdida de gobernabilidad en el Legislativo quedó en evidencia durante este último año, cuando varias de las propuestas más representativas del Ejecutivo no lograron superar los obstáculos parlamentarios.

Uno de los casos más emblemáticos fue la reforma a la salud. La iniciativa acompañó buena parte del gobierno Petro y permaneció en discusión durante varios años sin alcanzar la aprobación definitiva.

En su más reciente intento por sobrevivir, el Gobierno promovió una apelación para que el proyecto fuera discutido en una comisión distinta a la Séptima del Senado, donde ya había sido archivado. La estrategia buscaba repetir el camino de la reforma laboral, que logró revivir después de haber sido hundida inicialmente en esa misma comisión. Sin embargo, la apuesta no prosperó y la reforma a la salud terminó cerrando su ciclo legislativo sin convertirse en ley.

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Otro proyecto que quedó en el camino fue la ley de competencias, considerada importante para avanzar en la descentralización y fortalecer las finanzas territoriales. Presentada en diciembre de 2025, apenas alcanzó a ser discutida en algunos foros regionales y no obtuvo siquiera una ponencia para iniciar formalmente su trámite. Su estancamiento también terminó afectando el referendo fiscal de las regiones, que buscaba aumentar los recursos para municipios y departamentos.

Entre los asuntos pendientes, ninguno resulta tan simbólico para el gobierno Petro como el Ministerio de la Igualdad. La Corte Constitucional declaró inexequible la ley que creó esta cartera debido a errores de trámite y problemas de financiación, pero otorgó un plazo de dos años para corregir esas fallas y aprobar nuevamente la norma. A pocos días del cierre de las sesiones ordinarias, el proyecto seguía sin superar el debate en las comisiones primeras del Congreso.

Las dificultades para sacar adelante esta iniciativa han sido atribuidas a cuestionamientos sobre su gestión, la supuesta duplicidad de funciones con otras entidades estatales y diversas controversias administrativas. Incluso si lograra avanzar en comisión, todavía tendría que superar los debates en las plenarias de Senado y Cámara, lo que obligaría a convocar sesiones extraordinarias.

A esta lista de proyectos en riesgo se suma la reglamentación de la jurisdicción agraria. Aunque inicialmente parecía existir consenso entre diferentes sectores políticos, la iniciativa terminó convirtiéndose en un tema de confrontación electoral. Pese a contar con mensaje de urgencia, el proyecto ha sido aplazado en repetidas ocasiones y permanece sin una definición clara.

En contraste, uno de los pocos avances recientes fue la aprobación del nuevo estatuto anticontrabando, considerado estratégico para fortalecer los mecanismos de control económico del país. No obstante, este logro no cambia el balance general de una legislatura marcada por las dificultades del Gobierno para convertir sus propuestas en leyes. Con una semana final tradicionalmente poco activa debido a la cercanía de la segunda vuelta presidencial, el Congreso se encamina a cerrar sus sesiones dejando varias reformas inconclusas y una agenda gubernamental debilitada.

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