La aplanadora legislativa que tuvo Gustavo Petro en el arranque de su gobierno allá por el segundo semestre del 2022 le ha empezado a pasar factura, y no sólo representada en la llamada ‘mermelada burocrática’, sino en particular porque varias de esas leyes que le aprobaron con el paso del tiempo y su convalidación en la Corte Constitucional han empezado a tener serios problemas.

Un golpe contundente lo dio el máximo tribunal en noviembre del año pasado, cuando tumbó la prohibición de deducir las regalías petroleras que habían quedado en la reforma tributaria, la primera gran ley que le votó el Congreso. La reacción del presidente fue muy dura contra la Corte, al acusarla que el fallo amenaza con reducir el presupuesto de la justicia y que se “les regalan impuestos a las empresas”.

También para la misma época en que se tramitó la reforma tributaria, Petro quiso empezar a cumplir una promesa de campaña, crear el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, casi que el compromiso que tuvo con la entonces líder afro y social, Francia Márquez, quien se terminó convirtiendo en su vicepresidenta.

Ante el inminente cierre del periodo de sesiones, el gobierno llevó a que la maquinaria legislativa aprobará, sin tener cuidado a grandes advertencias de los vicios con el que se tramitó el proyecto, en especial que como era la creación de una nueva entidad del Estado la misma, como lo ordena la ley, debe tener el llamado visto financiero del Ministerio de Hacienda de que sí tiene el presupuesto para funcionar.

Ese fue precisamente el principal argumento que tuvo el máximo tribunal para tumbar al nuevo ministerio que es liderado por la vicepresidente Márquez, que no tuvo el aval fiscal, por lo que le abrió una opción para subsanar ese y otros vicios de procedimiento que encontraron, volver a presentar el proyecto y lograr que antes del 20 de julio de 2026 esté aprobado.

Lea aquí: Los niños de El Tarrita ya tienen un lugar digno para estudiar

En su momento una de las voces que desde la oposición más evidenció los errores que llevaron a cometer los presidentes de entonces del Senado y la Cámara, Roy Barreras y David Racero, respectivamente, fue el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, quien además le ha hecho un seguimiento al detalle de cómo va la implementación del Minigualdad y la baja ejecución del mismo.

Motoa hoy sostiene que “desde el primer momento que tuvimos oportunidad de discutir la creación del Ministerio de la Igualdad en las Comisiones Conjuntas, advertí que era un proyecto inconveniente, innecesario, en contravía de la Carta Política”. Para el senador opositor la ley “era un claro embeleco burocrático para cumplirle a la vicepresidente Márquez… siempre mantuve mi argumentación y luego se creó por las mayorías que hicieron oídos sordos a las advertencias. Sostuve un control político riguroso y demostramos que existe en ese ministerio duplicidad de funciones, que hay una bajísima ejecución presupuestal y solo se han preocupado por ocupar un sinnúmero de viceministerios y de direcciones técnicas que no tienen paralelo con otro ministerio en el país”.

Recuerda que una situación similar pretendió hacer el gobierno con la reforma a la salud que se hundió, por cuanto la misma nunca tuvo el mensaje de viabilidad financiera de parte del Ministerio de Hacienda, como tampoco en la reforma pensional, que está por debatirse en la Cámara, en la que para el Senado hay claras señales que la misma será ilegal porque entra de lleno a disponer de los recursos de la pensión de los colombianos cuando no lo puede hacer Colpensiones que es el gobierno.

“Basta ya del populismo, de falta de rigurosidad en discusión de iniciativas. Seguiremos con rigurosidad y determinación defendiendo los intereses de los colombianos”, estima el congresista valluno de Cambio Radical.

Conozca: Trata de personas aumentó un 139% en el 2024: Defensoría del Pueblo

Junto a Motoa, fue muy sonora la postura de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien sostuvo que “es un ministerio, que como les he contado, era pura burocracia. Un billón trescientos mil millones de los cuales 900 mil millones eran para puestos para repartir y apenas 400 mil millones para la inversión que se necesita realizar para los colombianos”.

Para la senadora uribista “este precedente muestra que todas las reformas del Gobierno están heridas de muerte porque están haciendo política irresponsable, simplemente aprobando proyectos sin saber cuánto valen”.

Entre las consideraciones que tuvieron los magistrados para tumbar el Minigualdad estuvieron las expuestas por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien dejó una declaración del porqué hizo su salvamento del voto. Para el togado la Corte no debió haber dado dos años para subsanar los vicios de trámite, porque esos errores fueron muy graves comenzando porque se votó si tener el quórum decisorio.

La airada defensa a la institucionalidad del Ministerio de la Igualdad vino de la directamente interesada, su ministra y vicepresidente de la República, Francia Márquez, quien sostuvo: “los colombianos y colombianas tienen la certeza que el Ministerio de la Igualdad y la Equidad va a seguir trabajando durante nuestro gobierno por resolver las inequidades y las desigualdades que vive en la mayoría de los colombianos y colombianos”. 

Hace poco menos de un año, en julio pasado, el gobierno declaró la emergencia social y económica para atender la crisis social que se vive en La Guajira.

Tenga en cuenta: Mi Casa Ya sin Sisbén: Camacol Cúcuta analiza anuncio de Minvivienda

En total se emitieron 14 decretos, los cuales con el paso de los meses se fueron cayendo en su examen ante la Corte Constitucional, que consideró que no todo ese paquete de normas que esgrimió el gobierno eran necesarios para atender la crisis del agua en el departamento, como por ejemplo el que establecía la asignación de permisos para el uso del espectro radioeléctrico, como también el que se firmó para proteger la riqueza cultural de la comunidad wayúu.

Hace menos de dos meses, la Corte Constitucional también echó por el piso la reforma que se hizo para cambiar el nombre de la Fuerza Aérea por Fuerza Aeroespacial Colombiana, denominación que, para Gustavo Petro, reflejaba las nuevas realidades y responsabilidades de esa institución militar. La Corte consideró que el Congreso no tenía la facultad para cambiar el nombre a través de una ley ordinaria porque iría en contravía del artículo 217 de la Constitución.

Lo referente a las petroleras no fue lo único que le tumbó la Corte a la reforma tributaria, también estuvo la norma que ordenaba a las universidades asumir los intereses por préstamos que realizaran los estudiantes ante el Icetex, como también el artículo referente a la prórroga en los decretos de medidas especiales en procesos de insolvencia de las empresas en el marco de la pandemia del coronavirus.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion