La campaña para las elecciones locales y regionales que tendrán lugar el próximo 29 de octubre empezó más temprano de lo habitual y con unos claros protagonistas: los candidatos por firmas.
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Con la excusa de salir a buscar los apoyos exigidos para respaldar proyectos de forma independiente, decenas de aspirantes a los diferentes cargos de elección popular se lanzaron al ruedo hace ya varios meses y la contienda se anticipó en las calles, con grandes manifestaciones, reuniones en los barrios y un gran despliegue publicitario.
Solo en Norte de Santander, 43 grupos significativos de ciudadanos pidieron autorización a la Registraduría para salir a recoger firmas: cuatro a la Gobernación, 33 a alcaldías y 6 a concejos.
Y si bien el movimiento de recursos para impulsar dichas aspiraciones ha sido más que evidente en los últimos meses, la publicación de los gastos en que han incurrido quienes decidieron apostarle a los apoyos ciudadanos hoy brilla por su ausencia.
Esto, a pesar de que desde el 21 de noviembre de 2022, el Consejo Nacional Electoral (CNE) profirió la Resolución 5289, por medio de la cual regula la financiación y el reporte de gastos por parte de los movimientos independientes con aspiraciones para los comicios de 2023.
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En dicha norma se especifica que además de registrarse en el aplicativo Cuentas Claras al momento de inscribir el comité promotor, para que se generen los formularios y anexos autorizados para la presentación de los informes, todos los ingresos y gastos en que incurra la campaña durante el proceso de recolección de los apoyos y promoción del proyecto deberán ser registrados en esta misma plataforma.
Al hacer una revisión al total de grupos que aspira por firmas en el departamento, La Opinión encontró que si bien todos tienen habilitados los respectivos formatos y ya designaron sus representantes legales y contadores, los documentos se encuentran en blanco y a la fecha ninguno ha registrado un solo movimiento con relación a los aportes recibidos para la campaña, créditos, gastos de propaganda electoral u otros.
¿A qué le pone la lupa este informe?
— MOE (@moecolombia) July 6, 2023
👉Financiación de las campañas políticas.
👉Violencia política a nivel nacional.
👉Paro armado en Chocó.
👉Panorama nacional del proceso de inscripción de cédulas.
👉Delitos electorales reportados en Pilas con el voto.https://t.co/C8shiSMrWd
La Resolución del CNE señala que el plazo para reportar el “consolidado general” de la financiación vence dentro de los cinco días siguientes a la inscripción del candidato, es decir, después del 29 de julio.
No obstante, para la Misión de Observación Electoral (CNE), organización que le ha hecho un minucioso seguimiento a este proceso, teniendo en cuenta la “opacidad” frente a la forma como se financian los grupos significativos de ciudadanos, el tiempo límite que se establece para el reporte es para consolidar la totalidad de los movimientos de recursos, más no para el registro de lo que va entrando y saliendo, en materia de dinero.
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“Considerando que la financiación de los grupos significativos de ciudadanos puede impactar en la equidad de la competencia, esta previsión debiera entenderse extendida al periodo de recolección de firmas y ser aplicable para todo lo relacionado con la financiación”, plantea Alejandra Barrios, directora de la MOE.
La encargada de la veeduría electoral recordó que en vista del deber que tienen los aspirantes de registrar en Cuentas Claras los recursos recibidos y gastados, la Procuraduría General lanzó una alerta respecto al bajo nivel de reporte.
En redes sí, pero en Cuentas Claras no
Un aspecto sobre el cual viene llamando la atención la MOE, es que a pesar de que los candidatos por firmas no han cumplido con su obligación de registrar los movimientos de sus campañas en el aplicativo del Consejo Nacional Electoral, estos son evidentes en las redes sociales.
Según la MOE, hasta el pasado 3 de junio y a falta de un mes para que finalizara el registro de los comités inscriptores de candidatos por firmas, ninguno de los 278 grupos revisados había reportado información sobre ingresos. Entre tanto, solamente el 1% había registrado algún tipo de gasto.
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“En contraste con lo anterior, en la biblioteca de anuncios de Meta (antes Facebook) se encontró que desde el 3 de marzo de 2023, 39 GSC habían pautado anuncios publicitarios por una suma de $335’286,733. De estos, 10 cuentas corresponden a aspirantes a gobernaciones y 29 a alcaldías de capitales departamentales. Es decir, a pesar de haber erogado estos gastos, los mismos no han sido reportados en Cuentas Claras, así como tampoco los ingresos con los que se financió toda esta publicidad”, advierte la Misión.
Ante este panorama, en la más reciente Comisión Nacional de Seguimiento Electoral se alertó sobre la poca capacidad que existe para hacer seguimiento a la financiación de la extensa lista de candidatos que optaron por las firmas y en esa medida pidieron que se exija con mayor rigor el cumplimiento del plazo para entregar los consolidados.
“Si bien es importante el trabajo articulado entre el Consejo Nacional Electoral, los Tribunales de Garantías Electorales y la Fiscalía General de la Nación para el monitoreo de las campañas, esto es insuficiente si no se exige cargar la información de ingresos y gastos de campaña dentro de la semana siguiente a que estos sean efectuados”, dice la MOE.
Desde las campañas coincidieron en que el plazo que tienen para presentar los reportes vence el 4 de agosto y que en esa fecha cumplirán con los compromisos, tal y como lo establece la resolución del CNE.
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