En dos semanas entrará a regir el cese al fuego bilateral entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del Eln que se extenderá hasta enero de 2024, y el cual mantiene la expectativa en regiones como Norte de Santander, en donde esta organización armada tiene una fuerte presencia.

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Con el propósito de establecer unas condiciones que permitan garantizar el cumplimiento del acuerdo, el primero que se logra en el marco del proceso de paz que adelantan las partes desde 2022, el fin de semana las delegaciones anunciaron las reglas de juego que guiarán la tregua, aunque hay aspectos que siguen generando inquietud, especialmente en lo que tiene que ver con los hechos que podrían desencadenar la ruptura de la misma y las hostilidades contra la población civil.

Según uno de los nueve protocolos suscritos por los equipos negociadores, “ningún incidente por sí mismo será causa de ruptura unilateral del acuerdo de cese al fuego”.

En otro de los documentos, el que hace referencia al protocolo de evaluación, prórroga o suspensión del acuerdo de cese al fuego, Gobierno y Eln dejan claro que la mesa de diálogos es la única instancia que acuerda y decide sobre este particular, con base en los informes, balances y recomendaciones que le entregue el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV).

En ese sentido, advierten que son los equipos negociadores en quienes recae la competencia de adoptar decisiones sobre la suspensión o continuidad del cese de las acciones armadas.

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“La mesa de diálogos de paz solicita informes a la instancia nacional del MMV cuando lo requiera, sobre el cumplimiento del cese y de los incidentes que por su gravedad deban ser de su conocimiento, para darles tratamiento”, dice el protocolo que hace referencia al rol de la mesa en el cumplimiento de la tregua que arranca el próximo 3 de agosto.

En los documentos divulgados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, sin embargo, no se hace claridad sobre esos momentos, situaciones o hechos que podrían desencadenar una violación del cese y a lo largo de los nueve protocolos se limitan a insistir en que su valoración será un asunto exclusivo de los negociadores.

De hecho, llama la atención que el protocolo que define las pautas para eventuales suspensiones, es uno de los más cortos y con menos detalle de los nueve presentados. En este explican que, el cumplimiento de la medida se evaluará con base en los siguientes informes del Mecanismo de Monitoreo:

-Informes mensuales de gestión.

-Un informe a los 90 días de iniciada la tregua.

-Un informe 20 días antes de finalizar los 180 días de vigencia del cese.

-Informes extraordinarios cuando sean solicitados por la mesa de diálogo.

“Dichos informes incluirán balances y recomendaciones que serán considerados para la evaluación de la mesa de diálogos de paz, con el fin de adoptar acuerdos de ajustes, prórroga o suspensión”, señala el documento.

Al respecto, Juan Camilo Páez, abogado y docente de la Universidad Libre, planteó que es “supremamente grave” que ningún incidente obligue la suspensión del acuerdo pactado.

“Eso hace que se pierda algo importante para la negociación de la justicia y es la legitimidad de la transacción o negociación y, además, la seriedad de la misma, en la medida que el compromiso del cese es evitar que se sigan atacando, so pena de levantar la negociación y el diálogo”, considera Páez.

Para el docente, la idea de estos ceses debería ser imprimir un verdadero compromiso y una seriedad tal, que el incumplimiento de las condiciones que se den, precisamente generen la caída del proceso, pero eso no quedó contemplado.

¿Y las hostilidades?

La semana pasada, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció el decreto de cese al fuego con el Eln y en este se estableció que su objetivo era, “mejorar la situación humanitaria de las poblaciones y los territorios. Igualmente, las acciones específicas acordadas entre las partes tienen el propósito de generar condiciones para que la población civil pueda ejercer sus derechos y libertades, con énfasis en los más vulnerables, entre ellos, los liderazgos sociales y ambientales, pueblos étnicos, mujeres, personas defensoras de derechos humanos y los menores de edad; así como evitar incidentes que pongan en riesgo el cumplimiento del cese al fuego, incluyendo el desarrollo de misiones médicas, de salud pública y humanitarias y la atención de enfermos y heridos de la población civil y de los integrantes de las Fuerzas Militares y Policía, y del Eln”.

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No obstante, en ninguno de los protocolos acordados y presentados por los equipos negociadores el fin de semana hace referencia a las condiciones dispuestas para frenar los ataques contra la población civil en los territorios.

Junior Maldonado, vocero de Ascamcat, dijo que la expectativa se mantiene sobre las medidas que se puedan adoptar antes del 3 de agosto con relación al cese de las hostilidades contra la población civil, pues es uno de los principales clamores de las comunidades en el Catatumbo.

Entre tanto, para el docente Juan Camilo Páez, un aspecto clave es que en los protocolos no se definió qué es el cese al fuego en el presente caso o cuál es su alcance.

En ese sentido, dijo que “pareciera que solo se refiere a la confrontación con la Fuerza Pública y deja por fuera a los terceros, que en este caso es la población civil y la población protegida por el Derecho Internacional Humanitario”.

“Una cosa que cobra vital importancia es que si vamos al protocolo sexto, que es el de la seguridad del Eln, este dice que ellos deberán tomar sus propias medidas de seguridad y defensa, y esas medidas, por supuesto que son absolutamente ilegales, toda vez que no se entiende qué pueden hacer. No hay una claridad sobre el verdadero alcance de las facultades que se les brindan para esa protección. Por ejemplo, un tiroteo en una zona comunal, so pena de una defensa, no es entonces un incumplimiento a los protocolos que se están pactando, porque debemos entender que se estaban defendiendo”, explicó Páez.

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Andamiaje sobre escenarios inciertos

El docente de la Universidad Libre llamó igualmente la atención sobre el protocolo cuatro, que hace referencia a la veeduría social y los mecanismos de protección humanitaria, pues asegura que al respecto se está montando un andamiaje sobre un escenario incierto.

La advertencia del abogado Páez radica en que para conformar dicha veeduría se está convocando la articulación de autoridades étnicas, organizaciones sociales y de derechos humanos de carácter local, regional y nacional, entre quienes podrían estar los llamados ‘voceros de paz’.

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“Sin embargo, estos voceros de paz están supeditados a la declaratoria de exequibilidad o inexequibilidad de la Corte Constitucional. Eso está siendo demandado actualmente y la Corte no se ha pronunciado. Hoy en día cursa ponencia negativa, es decir, que puede declararse inexequible”, alertó el docente.

Defensores de derechos humanos que no son afines al Gobierno y que han cuestionado el cese de las operaciones contra la guerrilla del Eln también han planteado sus inquietudes por el alcance de este protocolo, pues aunque han anunciado que harán seguimiento a la medida adoptada, para denunciar los respectivos incumplimientos de la agrupación armada, no serían tenidos en cuenta.

Esto, por cuanto, el protocolo cuatro señala que: “Las organizaciones sociales y de derechos humanos en la dinámica de veeduría social, actuarán con” entre otras características, “compromiso con el proceso de paz, el acuerdo de México y el acuerdo de CFBNT y sus protocolos”.

Mecanismo de Verificación, en Norte

El protocolo número dos, que tiene que ver con el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese, estableció un grupo de sedes donde funcionarán las instancias regionales y locales que participarán de manera activa en el seguimiento a la tregua, y entre las cuales tendrá protagonismo Norte de Santander.

Una de las nueve sedes de la instancia regional funcionará en Cúcuta, mientras que a nivel local fueron seleccionados los municipios de Ocaña y Tibú.

“La instancia regional, posterior a los hechos reportados por la instancia local, podrá verificar con el integrante del Gobierno Nacional o con el enlace de comunicaciones del Eln, según el caso, a través de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Conferencia Episcopal de Colombia, los eventos respectivos, para darle solución o reportarlos en la instancia nacional, si corresponde”, dice el documento.

El protocolo aclara que este MMV tendrá como función principal: informar y prevenir incidentes; recopilar, clasificar, verificar, evaluar y calificar cualquier hecho que pueda considerarse como posible incidente que viola el acuerdo de cese al fuego y sus protocolos, y emitir los conceptos correspondientes, así como adelantar labores de pedagogía.

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