Una cruda radiografía sobre la situación de seguridad que enfrenta la región, pero particularmente Cúcuta y su área metropolitana, hizo ayer la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, durante el foro ‘Cúcuta y Norte de Santander: Retos y Desafíos 2024’, organizado por La Opinión.

Con cifras en mano, la congresista planteó que esta zona del país está viviendo “el rebote” de la política de ‘paz total’ que se ha convertido en una de las principales banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro, así como las consecuencias de los ceses al fuego pactados con varios grupos armados, y que en su criterio “son ilegales”.

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“Hoy tenemos el mismo número de hombres en armas que el que teníamos antes del acuerdo de La Habana. Aquí lo que hay que entender es que esto no va bien y que el Gobierno tiene que replantear una política de seguridad que se ha enfocado en atar de pies y manos a las Fuerzas Armadas y darle contentillo a los grupos ilegales”, cuestionó.

Y es que, según las cifras que maneja la dirigente del Centro Democrático y que presentó ayer en la ciudad, Colombia tiene en estos momentos 16.767 hombres integrando los diferentes grupos armados ilegales.

Lo preocupante, dijo Valencia, es que solo en lo que va corrido del actual gobierno el número de personas alzadas en armas aumentó en 3.587, una cifra que considera necesario alertar, pues dijo que durante los cuatro años de la presidencia de Iván Duque esa cifra se situó en 2.845 hombres y durante el segundo periodo de Juan Manuel Santos se contabilizó un incremento de 2.169.

Para la senadora, un factor adicional que incide en ese recrudecimiento de las condiciones de violencia e inseguridad tiene que ver con el aumento del control territorial por parte de los grupos armados y delincuenciales que tienen presencia en departamentos como Norte de Santander.

En ese sentido, trajo a colación cifras recientes de la Defensoría del Pueblo según las cuales las disidencias de las Farc pasaron de estar presentes en 230 municipios a 299, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) de 189 a 231 y el Clan del Golfo de tener presencia en 188 municipios a 210.

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“Estas son cifras que le deben crear a uno muchísima preocupación. Es decir, Colombia va camino nuevamente a tener un mega, megaproblema de violencia y, por supuesto, en los departamentos que están cerca de los cultivos ilícitos hay que esperar que la violencia se recrudezca mucho”, consideró la dirigente del uribismo.

Debilitamiento de las Fuerzas Armadas

Durante su intervención, la congresista reprochó que, en contraste con el dominio y fortaleza que vienen adquiriendo las organizaciones ilegales, gracias también a las treguas pactadas desde el año pasado por el Gobierno Nacional, las Fuerzas Armadas se han visto disminuidas por la reducción de sus hombres.

Mostrando cifras del Ministerio Nacional, Paloma Valencia aseguró que actualmente el Ejército tiene 11 generales (-17%) y 108 coroneles (-20%) menos que en 2021. De la misma forma, hay 35.435 ciudadanos menos prestando el servicio militar desde tres años.

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En la Fuerza Aérea, igualmente, hay una baja de 17 coroneles en comparación con 2021 y de 1.064 operadores militares. En la Armada Nacional  y la Policía las cifras también son negativas, pues mientras que en la primera la disminución es de -58% oficiales insignia en la segunda es de -54% generales y -32% de coroneles.

Norte de Santander, dice Valencia, es el tercer departamento del país con la mayor disminución en el número de policías (-454), después de Cundinamarca y Valle del Cauca.

Todo esto, en consecuencia, plantea la senadora, es lo que ha hecho que los indicadores en materia de seguridad en el departamento se encuentren en rojo.

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Para ilustrar su tesis, Paloma Valencia hizo referencia a delitos como la extorsión y el secuestro, y dijo que frente a este último, por ejemplo, en 2023 el departamento aportó el 14% de todos los secuestros en el país. Cúcuta (60 casos), Ocaña (38) y Tibú (30) son los municipios que registran el mayor número de secuestros en los últimos diez años.

Entre tanto, señaló que la extorsión aumentó en 50% en esta región fronteriza, al pasar de 362 casos en 2022 a 543 el año pasado. En lo corrido de 2024 van 58 hechos de este tipo, según las estadísticas que presentó la congresista durante el foro.

“Los homicidios también han venido creciendo en un 10% en Norte de Santander, que es muchísimo. Pero lo grave de eso es que el 54% de los homicidios que están ocurriendo en el departamento se están concentrando aquí, en Cúcuta”, señaló.

Por eso, reiteró que lo que pasa en Norte de Santander no es culpa de la región, “ni enteramente culpa de las autoridades del departamento”, sino el reflejo de la política de paz que ha planteado el Gobierno.

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