Hoy llega a su fin la administración de Francisco Barbosa como fiscal general de la Nación, y la Corte Suprema de Justicia aún no ha podido ponerse de acuerdo sobre quién será su sucesora.

La votación está estancada. El hermetismo de la Sala Plena crea cierta imposibilidad de conocer con certeza qué ocurrió en la deliberación de 23 magistradas y magistrados, y por ahora, lo único que se conoce es que en dos jornadas en lo que va del año, ninguna de las ternadas ha conseguido la cifra definitiva de 16 apoyos, dos tercios del pleno.

Ese panorama crea desánimo en un sector de la sociedad que no es precisamente menor, como se notó el 8 de febrero, cuando las protestas terminaron en agresiones y un intento de bloqueo a quienes estaban al interior del Palacio de Justicia. La Corte Suprema lo llamó, con el tono vehemente de su presidente, Gerson Chaverra, “asedio”.

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Lo que la presión y los llamados a la serenidad posteriores reflejan es una solicitud similar entre sí: un futuro claro en un proceso que históricamente ha estado marcado por los amiguismos entre quienes presentan las tres candidaturas y quien eventualmente resulta escogido. Aunque la interinidad ha sido la regla, más que la excepción, en este momento en particular la idea provoca escozor.

El fantasma de que la Fiscalía General nuevamente esté en manos de una persona encargada, en vez de una en propiedad, recorre las calles en las que las personas salen a marchar y tiene consigo varias dudas jurídicas, pues resulta que el proceso de selección no tiene consigo más regulación que el mandato de ternar, que recae en la Presidencia, y el de votar, en manos de la Corte.

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El principal obstáculo para una escogencia diligente es el número requerido para una ganadora: dos tercios de la Sala Plena, 16 votos de 23. Se trata de un reglamento que surgió en 2002 al interior de la Corte y que no se ha modificado en ese sentido.

La larga lista de fiscales encargados

Guillermo Mendoza Diago tuvo que permanecer como fiscal encargado por un año y medio, luego de que el 31 de julio de 2009 terminara el período de Mario Iguarán. El expresidente Uribe presentó una terna con Camilo Ospina Bernal, el exministro de Defensa y exembajador de Uribe en la OEA, Juan Ángel Palacio Hincapié, y Rosa Virginia Uribe Betancur.

La Corte intentó votar en tantas ocasiones que luego declaró a la terna “inviable” y los candidatos se retiraron.

Luego, Margarita Cabello Blanco, la actual procuradora general y quien tuvo el espaldarazo del expresidente Iván Duque; Marco Antonio Velilla Moreno, exconsejero de Estado, y Jorge Aníbal Gómez Gallego fueron los elegidos por el Gobierno, pero, de nuevo, no por la Corte Suprema.

La seguidilla de rondas de votaciones llegó hasta cuando Juan Manuel Santos llegó a la Presidencia. Tras  una consulta elevada al Consejo de Estado, que dio el visto bueno para que la Presidencia pudiera cambiar la terna, la Corte recibió una nueva lista de candidaturas.

Así llegaron a la Sala Plena las hojas de vida de Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Carlos Gustavo Arrieta Padilla y Viviane Aleyda Morales Hoyos. Entre los 23 magistrados de esa Sala Plena, tres habían cumplido su período constitucional, pero no habían sido reemplazados, y otros dos tenían un permiso de estudio en otro país. Las mayorías del reglamento cambiaron.

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La Corte dispuso que el número mágico no era de 16, sino que, en esas circunstancias, podía ser de 14. El Consejo de Estado, con 15 votos a favor y nueve en contra, dijo que ese cambio de reglamento no fue lícito, sino que benefició irregularmente a la ungida, Viviane Morales. Santos tuvo que ternar nuevamente y Martha Lucía Zamora Ávila fue fiscal encargada.

En el historial de interinidades, la de Zamora ha sido la más corta, con solo tres semanas. Su sucesor fue Luis Eduardo Montealegre Lynett. Para el fin de su período, Santos cambió las reglas para escoger a su terna, haciéndolas parecer más meritocráticas, pero terminó nombrando a tres personas cercanas a él, entre ellas, uno de sus exministros, Néstor Humberto Martínez Neira.

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