Apenas unas horas después de la escalada violenta protagonizada por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) en Cúcuta y su área metropolitana, así como en varios municipios de Norte de Santander y del país, el presidente de la República, Gustavo Petro, firmó el decreto que ordena el cese al fuego bilateral y temporal con el Eln, acordado en la mesa de diálogo cuya ronda más reciente se desarrolló en La Habana (Cuba).
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Aunque la medida solo entrará a regir desde el próximo 3 de agosto y por un periodo de seis meses, desde la medianoche de ayer el Gobierno Nacional ordenó la suspensión de las operaciones militares y los operativos policiales ofensivos en contra de los integrantes de esa guerrilla que participan en el proceso de paz.
La decisión del jefe de Estado generó más dudas que certezas sobre el alto el fuego que es esperado desde hace mucho tiempo en zonas como el Catatumbo, pues varios sectores califican como contradictoria la postura asumida por el Eln en los últimos días y semanas.
Y es que más allá de mostrar una verdadera intención de querer poner fin al conflicto, en departamentos como Norte de Santander, donde tienen una presencia activa en buena parte de los municipios, el grupo insurgente se ensañó contra la Fuerza Pública y la población civil, generando zozobra, desconfianza y miedo con sus acciones intimidatorias.
“Realmente no es entendible que a pocas horas de entrar en vigencia un cese al fuego se haya producido esta escalada de zozobra y afectaciones a la vida humana, especialmente de los tres policías y el joven que trabajaba en la mina. Eso no lo entiende nadie; eso no hace parte de la racionalidad en un estado de derecho”, cuestionó el gobernador Silvano Serrano.
En ese mismo sentido se pronunció el representante a la Cámara por la curul de paz del Catatumbo, Diógenes Quintero, quien fue enfático en que es el Gobierno Nacional el que debe llevar el ritmo de la negociación y poner las condiciones en la mesa de diálogo, pues eso no está ocurriendo y la percepción que hay en el país es que el Eln es el que lidera.
“La gente siente que los esfuerzos valen la pena, en la medida que en los territorios, en las regiones, no hayan hechos de violencia, porque hechos como los que han ocurrido en los últimos días lo que indican es que nada de lo que se está haciendo vale la pena y eso deslegitima el proceso de negociación y pareciera que al Gobierno y al Eln no le importara eso”, planteó el congresista.
Quintero insistió en que, pese a las circunstancias, en regiones como esta sus habitantes valoran de manera muy positiva el inicio de un cese al fuego, pero recordó que el acuerdo planteado hasta ahora solo le pone freno a las acciones entre el Eln y la Fuerza Pública, más no a las hostilidades y las estrategias de control social y territorial que afectan a la población civil.
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Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre el primero de enero y el 30 de junio de este año, el Eln ha sido responsable de una masacre, 36 confinamientos, ha instalado 22 artefactos explosivos, se ha enfrentado en 17 oportunidades con la Fuerza Pública, cometido 15 secuestros, 15 desplazamientos forzados, 12 reclutamientos de menores, 15 actos terroristas, entre otras acciones armadas.
Que escuchen a la región
Además de los cuestionamientos a la forma de proceder del Ejército de Liberación Nacional, el gobernador de Norte de Santander fue más allá y dijo que este es un departamento que le ha apostado y le sigue apostando a la paz, y en esa medida necesita ser escuchado en la mesa de diálogo.
“Hemos solicitado de manera reiterada la importancia de que el territorio, este departamento, la región del Catatumbo puedan ser escuchados frente a estas preocupaciones de las que todos son testigos, por las afectaciones permanentes que tiene Norte de Santander, el sector productivo, los ciudadanos, la Fuerza Pública. Consideramos que no se puede cometer el error que se cometió en el pasado, de no escuchar a las regiones”, dijo.
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Por su parte, el representante Quintero insistió en que lo que necesita el proceso de paz que está en marcha con la guerrilla del Eln es que haya seriedad y celeridad, y que además del cese temporal, pronto se llegue de manera definitiva al fin de la confrontación armada.
Una posición similar planteó Luis Fernando Niño, quien ayer fue nombrado como el primer alto consejero para la paz y la reconciliación de Norte de Santander.
“Es necesario desescalar el conflicto, que impere el orden y la ley, que la Fuerza Pública tenga las garantías, pero que, ante todo, la ciudadanía no sea víctima de más atentados, hostigamientos y no le quiten la vida. El Eln tiene que entender que a partir del decreto que el presidente de la República expidió, debe permitir hacer una verificación del cese al fuego. Esa verificación tiene que verse reflejada en no más acciones terroristas ni armadas contra la población civil o las Fuerzas Armadas, respetando el Derecho Internacional Humanitario”, planteó el nuevo funcionario.
Lo que contempla el decreto
De acuerdo con el decreto expedido el miércoles, el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional, “en el marco del diálogo de carácter político entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional”, entrará en vigor a partir de las 00:00 horas del 3 de agosto, hasta las 24:00 horas del 29 de enero de 2024.
“El CFBNT tendrá como objetivo mejorar la situación humanitaria de las poblaciones y los territorios. Igualmente, las acciones específicas acordadas entre las partes tienen el propósito de generar condiciones para que la población civil pueda ejercer sus derechos y libertades, con énfasis en los más vulnerables, entre ellos, los liderazgos sociales y ambientales, pueblos étnicos, mujeres, personas defensoras de derechos humanos y los menores de edad”, dice el documento.
Desde ayer, sin embargo, quedaron paralizadas las operaciones ofensivas de la Fuerza Pública contra esta guerrilla. A partir del 3 de agosto, quedará “prohibido” adelantar, además de acciones ofensivas, “actos contrarios a lo establecido en el Protocolo de Acciones Específicas acordado entre las partes en la Mesa de Diálogos de Paz”, entre los cuales se encuentran: entrar en contacto armado, obstaculizar labores del Mecanismo de Verificación, impedir la atención de enfermos o heridos de la población civil y de las partes, incurrir en perfidia, entre otros actos prohibidos en el Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra, como el homicidio, la toma de rehenes, la violación, el desplazamiento forzado o el reclutamiento de menores.
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