Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario General de las Naciones Unidas y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, estuvo esta semana en Cúcuta para darle una mirada a los avances del proceso de implementación del Acuerdo de Paz suscrito con las Farc en esta zona del país y conversar con los distintos sectores sobre la apuesta de paz en la región.

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Aunque los incumplimientos, retrasos y la lentitud de los diferentes programas que se concibieron para que territorios abandonados y duramente golpeados por el conflicto, como el Catatumbo, tuvieran una nueva oportunidad, han despertado frustración y desesperanza entre las comunidades, el delegado de la organización internacional es mucho más optimista del panorama actual y considera que estar entrando al octavo año de la implementación no es una cuestión menor, si se tiene en cuenta que en el mundo menos del 50% de los acuerdos de paz llegan al quinto año.

“Esa es una buena señal de que se ha implementado, independientemente de los grandes retos y desafíos que aún se tienen. Esta es una zona históricamente afectada por el conflicto, donde también se ilustran avances en las diferentes áreas del acuerdo, aunque todavía hay mucho trabajo por hacer”, dijo.

Según Ruiz Massieu, en términos de reincorporación económica y social de los excombatientes, casi un 80% de los firmantes de paz ha estado vinculado a algún proyecto productivo y, en su criterio, eso no solo denota el compromiso con el desarme, sino también el apoyo del Estado para reintegrarlos a la vida civil.

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Para la ONU, los avances en materia de justicia transicional también son significativos, pues hay sentencias próximas a salir, lo cual es significativo, en la medida que esta es una de las columnas vertebrales del Acuerdo de Paz, al materializar una de las principales aspiraciones de las víctimas del conflicto, que es conocer la verdad sobre lo sucedido y ser reparadas.

En contraste, el representante especial del secretario General de las Naciones Unidas reconoció que persisten retos en áreas como la reforma rural integral, el capítulo étnico y la seguridad.

“En la reforma rural, donde están los PDET, entre otras medidas, se tiene que avanzar, precisamente, porque hay una deuda histórica con diferentes sectores, incluyendo el campesinado colombiano. Hay que cumplir con  la llegada del Estado a esos territorios, pero no solamente con Fuerza Pública, con seguridad, sino con institucionalidad, que es precisamente lo que debe llenar los espacios y cumplir con las expectativas que se han generado desde la firma de los acuerdos”, destacó Ruiz.

El panorama de la sustitución

El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia se refirió, igualmente, a la crisis que enfrenta el Catatumbo en materia económica, ante el colapso del negocio de la coca, del cual subsisten muchas familias en la zona, y los pocos avances que se han conseguido hasta el momento para consolidar la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos.

“Del programa de sustitución funcionaron muy bien dos elementos de los tres: se pagó de manera amplia a las familias que suscribieron el programa para la erradicación, luego se mantuvo un estipendio para que pudieran vivir mientras llegaba el proyecto productivo de vida, pero es este tercer elemento en el que se llegaron a menos resultados”, aseguró.

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Carlos Ruiz Massieu consideró que este es uno de los retrasos más grandes y por eso es necesario que el Gobierno y el Estado mismo empiecen a cumplir y emprender acciones, a fin de garantizar que esas alternativas de vida puedan ser una realidad para quienes quieren dar el salto a las economías legales.

“Eso requiere un esfuerzo bastante amplio porque en muchas de estas zonas no solamente se trata de proveer una alternativa, sino que, también, a veces no hay vías terciarias, transporte, acceso a mercados cercanos, no hay capacitación a las familias para poder llevar esos productos. Todo ese programa no solamente hay que cumplirlo, sino que fortalecerlo y tener una oferta más amplia para el futuro, porque la base del éxito es dar alternativas viables con las cuales las familias puedan subsistir”, dijo.

Insistió en que lo más importante es que se invierta en dar alternativas al cultivo ilícito y proveer todas las oportunidades que requieren las comunidades.

Cese al fuego

Para la Misión de la ONU, que tiene presencia hace varios años en el país acompañando los esfuerzos de paz de los últimos gobiernos, es indudable que la ausencia del Estado en aquellos territorios que fueron dejados por las extintas Farc, tras la firma del Acuerdo de Paz,  fueron ocupados por otros actores ilegales que crecieron en capacidad y “esos dividendos de paz que se sintieron” en su momento, se han ido perdiendo con el tiempo.

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“Lo importante es reconocer que estos grupos que eran no muy grandes, desafortunadamente, por esta falta de presencia estatal, se fortalecieron y siguieron con prácticas no solamente criminales, sino condenables, como el reclutamiento. Entonces, es necesario seguir atacando estos temas estructurales para que esas zonas que se estabilicen una vez los generadores de violencia se desmovilicen, sean controladas por el Estado y gocen de una paz mucho más estable y duradera”, señaló.

En esa medida, destacó la apuesta que viene haciendo el Gobierno Nacional con los procesos de paz que se adelantan con grupos como el Eln y las disidencias de las Farc.

Sobre la verdadera voluntad de estas organizaciones armadas de poner fin a la confrontación con el Estado y las críticas que han surgido por el posible aprovechamiento de los ceses al fuego decretados desde el año pasado, para el fortalecimiento  de sus estructuras, Carlos Ruiz Massieu señaló que la Misión de Verificación no tiene evidencia de que se esté dando un escenario como este.

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Dijo que estas treguas, cuando se dan de manera preliminar en el marco de unas conversaciones de paz, tienen varios objetivos, entre los cuales está el minimizar los riesgos y la violencia, además de generar confianza en la mesa de negociación. Sin embargo, resaltó que, evidentemente, lo que se debe evitar a toda costa es que haya comportamientos agresivos contra las comunidades o aprovechar los escenarios para incurrir en actuaciones indebidas y dijo que esas son las valoraciones que tiene que entrar a hacer el Gobierno Nacional.

Al respecto, el representante de la ONU condenó los casos que se han presentado en la región del Catatumbo, en donde misiones humanitarias, acompañantes de los procesos de paz, entidades del Estado y hasta la propia directora de la Unidad de Víctimas en Norte de Santander, han sido violentados por los actores armados ilegales que hacen presencia en la zona,  restringiendo su movilidad o hurtando los vehículos en los que se desplazaban.

“El llamado a esos grupos es para que terminen todo ese tipo de actividades. Más allá de todo, ellos tienen que expresar esa buena voluntad de paz en distintos elementos. No significa que sea necesariamente una violación al cese, pero la expectativa es que muestren la voluntad de paz en todos los aspectos de su comportamiento”, sostuvo Ruiz Massieu.

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El jefe de la Misión de Verificación resaltó la importancia de los mecanismos de monitoreo que se han establecido para resolver, precisamente, los incidentes que se presenten en el marco de los ceses y dijo que es necesario fortalecerlos y seguirlos utilizando.

“De manera amplia, las partes han respetado sus obligaciones y han cumplido, independientemente de que todavía hay casos que se están analizando. Estos mecanismos han servido porque al estar monitoreando hemos podido constatar la voluntad de las partes de cumplir sus obligaciones y el carácter preventivo de estos”, aseguró.

La apuesta de paz de Petro

¿Fue demasiado ambiciosa la apuesta de paz de Gustavo Petro, al querer negociar con tantos grupos armados al mismo tiempo?

Es una apuesta ambiciosa ciertamente, una apuesta audaz, pero también nosotros le vimos una lógica en cuanto a las dinámica de violencia y de inseguridad que se viven hoy en día. Hay una necesidad de lidiar con todos esos generadores de violencia y eso tiene sentido, pero, ciertamente, no es una apuesta fácil y nosotros estamos tratando de contribuir. Ojalá que los diferentes diálogos puedan tener resultados positivos en el corto plazo, con alivios humanitarios.

¿Por qué sigue siendo tan decidido el apoyo de la comunidad internacional a Colombia, a pesar de que no pareciera verse internamente una evolución del conflicto?

El reconocimiento a Colombia por haber buscado, a través del diálogo, la solución a sus conflictos es muy amplio. Es un acuerdo histórico, no es un acuerdo de desmovilización, desarme y desmovilización, sino un acuerdo que ofrece una hoja de ruta al país, con los temas más profundos que han sido causa del conflicto. Estar en el octavo año de la implementación denota una persistencia. Entendemos perfectamente las frustraciones, el desánimo y el escepticismo, pero hay que seguir confiando.

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