Tras el escándalo que por estos días rodea la permanencia del condenado exalcalde Ramiro Suárez Corzo en el piso 11 del Hospital Universitario Erasmo Meoz (Huem), donde ya completa más de un mes, se suma ahora un nuevo ingrediente: la Fiscalía se opuso a la decisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) de solicitar su traslado a Bogotá.
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En la resolución 007900 del 29 de agosto del 2023, firmada por el coronel Daniel Fernando Gutiérrez, director (e) del Inpec, se lee la orden del traslado del exmandatario cucuteño a la cárcel La Picota en Bogotá, basado en que el privado de la libertad requiere de un lugar que le ofrezca mejores condiciones de seguridad. Esta decisión del Inpec responde a las denuncias que se han conocido en las últimas semanas, sobre la forma en la que el piso 11 del Huem se convirtió en un centro de operaciones político desde el cual el condenado exalcalde coordinaba las campañas de dos candidatos en Norte de Santander: Leonardo Jácome y William Villamizar.
Además de la posibilidad de recibir visitas y otros privilegios, a Suárez le encontraron dinero en efectivo en la habitación del centro médico, algo que está prohibido para las personas privadas de la libertad.Para cumplir con la orden de traslado del Inpec, los funcionarios del Grupo de Operativos Especiales (Grope) de esta entidad llegaron a Cúcuta este martes, pero se quedaron sin ejecutar el traslado por una orden de la fiscal Aída Esperanza Moreno, de la dirección especializada contra la corrupción, quien ofició al director del Inpec, donde expone las razones por las que Suárez Corzo, debe seguir desde el piso 11 del Hospital Universitario Erasmo Meoz.
Según Daniel Coronell, quién reveló todos los detalles en La W Radio, la fiscal argumentó que el detenido mantiene una presunta colaboración con la justicia en un proceso de concierto para delinquir, cohecho y prevaricato.
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“También dice la fiscal que el exalcalde no tiene comodidades, ni equipos para comunicarse vía Skype –es llamativo porque nadie había mencionado esa circunstancia públicamente– y que la protesta de los trabajadores por la presencia de un poderoso preso dirigiendo la política regional desde el Hospital Universitario Erasmo Meoz, hace parte de una estrategia política”, dijo Coronell al aire en la emisora nacional.
Coronell en su reporte agregó que en este caso "hay una ley del embudo por donde se vea. El guardián sobornado está preso mientras su poderoso sobornador goza de la protección de la Fiscalía General de la Nación que impide su traslado".
Vale la pena recordar que Cristian Oswaldo Oviedo Mogollón, uno de los dos integrantes del Inpec que participó en el traslado a Cúcuta del exalcalde Ramiro Suárez Corzo, en agosto del año pasado, en condiciones aparentemente irregulares, se encuentra preso por estos hechos. Según Coronell, el funcionario privado de la libertad ya aceptó haber recibido 13 millones de pesos para dejar que el exalcalde se moviera en su carro particular, se tomara el tiempo que quisiera y aprovechara para hacer reuniones y llamadas.
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