Más preguntas que certezas dejó la grave denuncia que hizo pública el miércoles en la noche el presidente de la República, Gustavo Petro, en alocución televisada, sobre la presunta compra de un software de espionaje, en el gobierno de Iván Duque.

Aunque toda la atención del país está puesta hoy en el paro de transportadores y las consecuencias que este empieza a generar ya en materia de abastecimiento de alimentos, combustible, movilidad, estudio, entre otros, el jefe de Estado sorprendió al hacer uso del tradicional espacio en el que los mandatarios se dirigen a los colombianos, pero para hablar de un tema completamente ajeno a la realidad actual.

Con documento en mano, en el que leyó lo que habría sido la trazabilidad del presunto negocio hecho a través de una empresa israelí y por un valor que superó los 11 millones de dólares, Petro aseguró que, en 2021, la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) adquirió el programa conocido como Pegasus, con el propósito de interceptar comunicaciones celulares durante el estallido social y antes de las elecciones presidenciales.

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Según la denuncia del presidente, la primera consignación de 5.5 millones de dólares se hizo en efectivo, siendo esta transacción parte de un proceso más amplio para adquirir el software.

Además, el dinero habría sido trasladado desde Bogotá a Tel Aviv (Israel), y depositado en la cuenta de la empresa NSO Group Technologies Ltd., creadora del programa en cuestión.

De acuerdo con lo que leyó el mandatario, la primera transferencia se efectuó el 27 de junio de 2021, y fue declarada a la aduana israelí antes de ser depositada, el 30 de junio.

El segundo depósito, también de 5.5 millones de dólares, habría ocurrido entre septiembre y octubre de 2021, pocos meses antes de las elecciones presidenciales.

El presidente expresó su inquietud sobre la forma como se realizó esta operación sin ser registrada oficialmente en el presupuesto nacional o en las oficinas de transacciones financieras del Estado.

En su intervención, Petro cuestionó, además, la legalidad del uso del software Pegasus, planteando dudas sobre la falta de investigación oficial y la posibilidad de que este programa haya sido utilizado para interceptar las comunicaciones de magistrados, políticos o incluso él mismo, durante la campaña electoral de 2022.

La Fiscalía investigará

Tal y como lo solicitó el presidente Gustavo Petro durante la alocución, la Fiscalía General de la Nación anunció ayer mismo que de inmediato asumirá la investigación sobre la supuesta compra y uso de un software de inteligencia cibernética que se habría adquirido de manera ilegal en Colombia.

“En virtud de la conexión entre estas recientes denuncias, la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia activó dichas averiguaciones, en el marco de la indagación abierta el pasado mes de junio, por presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados y empleados de altas corporaciones de Justicia”, señaló la Fiscalía.

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En ese sentido, el ente investigador explicó que incorporó la información revelada públicamente por el jefe de Estado a la indagación de los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía por un magistrado de la Corte Constitucional.

La tarea de la Fiscalía es investigar si la negociación entre la Dipol y la empresa NSO Group en realidad se concretó y, si la compra se realizó, cuál fue el origen del dinero, qué implicó el traslado en efectivo de Colombia a Israel, y si esta información fue entregada a la UIAF Colombia por la unidad de inteligencia financiera de Suiza.

La petición de la ONU

Aunque la denuncia que hizo el presidente de la República terminó envuelta en una polémica, por cuanto muchos coincidieron en que pese a la gravedad de la misma, no era el momento para hacerla, las reacciones no se han hecho esperar.

Hasta la Oficina en el país de la ONU para los Derechos Humanos se refirió, ayer, al asunto, toda vez que su vocera en Colombia, Juliette de Rivero, consideró que lo informado por el presidente debe investigarse, en la medida que esa plataforma de espionaje de comunicaciones “vulnera” derechos y libertades.

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“Las denuncias sobre su compra en 2021 y posible uso deben ser investigadas seriamente por las autoridades competentes”, de manera que se pueda “juzgar y sancionar a los responsables y reparar los daños generados contra personas, organizaciones y otras víctimas”, planteó. Quien no se ha referido todavía al asunto es el expresidente Iván Duque, como tampoco el Centro Democrático, que fue el partido que lo avaló. Algunos sectores, sin embargo, insisten en que el tema no es nuevo y que desde hace varios meses se venía hablando del supuesto software.

Además, que ya el Ministerio de Defensa había certificado que, en la base de datos de las compras estratégicas administrada por esa cartera, no se registraban contratos con la empresa NSO Group para la compra de dicho software.

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