“Es Juliana y su hermana las que deben poner ya la denuncia contra los empresarios que buscaron corromperlas y, si recibieron dinero, devolverlo y colaborar con la justicia”. Con esa frase comenzó el nuevo pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre la investigación publicada por la revista Semana sobre la existencia de una presunta red de tráfico de influencias encabezada por la exasesora del gobierno Juliana Guerrero y su hermana Verónica Guerrero.
Lo de hoy contrasta, al menos en la forma, con la primera vez que Petro le habló al país sobre Juliana Guerrero: lo hizo en pleno consejo de ministros televisado para presentarla como una dirigente joven, con liderazgo y capacidad de representar a una nueva generación dentro del progresismo. En distintos escenarios resaltó su papel político y, aun cuando comenzaron a surgir cuestionamientos sobre su trayectoria, el mandatario continuó respaldándola públicamente.
A esa misma joven es a la que hoy le exige devolver dinero si es que lo recibió de empresarios que supuestamente quisieron usarla como trampolín para hacerse con contratos de miles de millones con el Estado. De acuerdo con la publicación de Semana que salpica al gobierno en el cierre de la administración Petro, la estructura liderada supuestamente por las hermanas Guerrero ofrecía gestionar contratos en diferentes entidades del Gobierno nacional a cambio de elevadas sumas de dinero y comisiones sobre los proyectos adjudicados.
Le puede interesar: El entramado de corrupción de las hermanas Guerrero en el Gobierno Petro
La investigación sostiene que la presunta red comenzó a operar durante el segundo semestre de 2024, cuando Juliana y Verónica Guerrero establecieron contacto con supuestos empresarios de Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar y Santander interesados en acceder a contratos públicos.
La investigación de Semana, publicada este 25 de julio, reúne testimonios, conversaciones de WhatsApp, registros de llamadas y comprobantes de consignaciones que, según ese medio, apuntarían a que las hermanas Guerrero habrían ofrecido utilizar una supuesta influencia sobre funcionarios del gobierno y entidades estatales para facilitar la adjudicación de proyectos financiados con recursos públicos.
Según los testimonios recogidos por la revista, varios empresarios aseguraron haber entregado dinero con la expectativa de acceder a proyectos relacionados con ministerios como Vivienda, Interior, Ambiente e Igualdad, además de otras entidades estatales. Semana sostiene que las conversaciones y documentos obtenidos describen un supuesto mecanismo mediante el cual se solicitaban pagos anticipados y posteriormente un porcentaje del valor de los contratos que eventualmente fueran adjudicados.
La estructura funcionaba supuestamente así: La primera reunión con las hermanas costaba un millón de pesos. Posteriormente, Juliana Guerrero era presentada como la encargada de realizar las gestiones dentro del Gobierno para facilitar la adjudicación de contratos, mientras que Verónica mantenía la comunicación con los empresarios y entregaba actualizaciones sobre el supuesto avance de los procesos.
La investigación señala que, además del pago inicial, se exigían anticipos de 200 millones de pesos y una comisión equivalente al 10 % del valor de cada proyecto adjudicado. Los denunciantes afirmaron que también se pactaron pagos de 35 millones de pesos por cada municipio en el que lograran obtener contratos relacionados con programas de mejoramiento de vivienda.
La revista también asegura que los empresarios aportaron conversaciones, audios y registros de transferencias para respaldar sus versiones. Sin embargo, la versión de ninguna de las involucradas aparece citada en la publicación.
De acuerdo con Semana, el dinero inicialmente era recibido por un joven cercano a las Guerrero. La publicación afirma que él actuaba como intermediario para recaudar los recursos porque, según mensajes conocidos por la revista, las hermanas no querían que las transferencias quedaran registradas en sus cuentas bancarias. En uno de esos chats, el joven habría explicado que recibía el dinero y posteriormente lo entregaba en efectivo en Bogotá.
Posteriormente, según la investigación, surgieron diferencias entre las hermanas y el joven por sospechas de un supuesto robo del dinero recaudado, situación que habría llevado a que Juliana y Verónica comenzaran a recibir supuestamente directamente algunas consignaciones en sus cuentas personales y a través de Nequi.
Las evidencias conocidas por el medio incluyen consignaciones por diferentes montos, desde 1,8 millones hasta 10 millones de pesos.
Los supuestos empresarios relataron que las ofertas incluían la instalación de cámaras de seguridad con recursos del Ministerio del Interior, la construcción de un acueducto en un municipio del Cesar mediante el Ministerio de Vivienda, programas de mejoramiento de vivienda en diferentes municipios y la gestión de reuniones entre alcaldes y empresarios con funcionarios del Gobierno.
Uno de los principales negocios, según Semana, era el proyecto del acueducto en el Cesar. La revista asegura que Verónica Guerrero manifestó que esa iniciativa sería tramitada con el entonces viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Edward Libreros. Como respaldo de esos encuentros, la publicación presenta tiquetes aéreos adquiridos para un viaje de Verónica a Aguachica el 5 de diciembre de 2024, además de conversaciones posteriores en las que afirmaba que Juliana ya había hablado con el funcionario para avanzar en el supuesto compromiso.
Otro de los elementos que destaca la publicación es el uso recurrente del nombre de Juliana Guerrero como garantía de las negociaciones. En varios chats, supuestamente Verónica afirmaba que su hermana sostenía reuniones con altos funcionarios y llegó a escribir que Juliana tenía un encuentro con “el jefe de jefes”.
Pese a los múltiples compromisos que, según los denunciantes, fueron adquiridos por las hermanas Guerrero, ninguno de los empresarios consultados por la revista afirma haber recibido los contratos prometidos. Por el contrario, sostienen que entregaron más de 600 millones de pesos y que, al reclamar la devolución del dinero, no obtuvieron respuesta.
Estas nuevas denuncias aparecen cuando Juliana Guerrero ya enfrenta cuestionamientos públicos distintos a los expuestos por Semana. Guerrero actualmente responde dentro de un proceso relacionado con el presunto uso de un título profesional falso de la Universidad San José presentado para aspirar al Viceministerio de Juventudes. Su nombre, además, ha estado envuelto en otros escándalos. Recientemente, la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, hizo señalamientos públicos sobre la supuesta influencia que Guerrero ejercía en diferentes entidades del Gobierno y en el mismo presidente Petro.
Aunque ninguna de las señaladas se ha pronunciado públicamente sobre los supuestos hechos, quien sí lo hizo desde ayer fue el presidente Gustavo Petro, quien respondió, como es habitual, a través de su cuenta de X en un primer mensaje. En su pronunciamiento sostuvo que, si los hechos relatados por Semana corresponden a la realidad, los empresarios habrían entregado dinero creyendo que podían influir en decisiones del Gobierno mediante pagos indebidos.
“Las pruebas que aquí se indican reflejan que los llamados empresarios se pusieron furiosos y a lo mejor entregaron los chats porque no les cumplieron”, escribió el mandatario.
Petro añadió que, de ser ciertos los hechos descritos, quienes realizaron los pagos actuaron bajo la idea de que los ministros o incluso él mismo podían ceder ante intereses particulares. El jefe de Estado también lanzó cuestionamientos sobre el origen de los denunciantes y sugirió que algunos podrían tener afinidades con sectores políticos de oposición, aunque no presentó elementos adicionales para sustentar esa afirmación.
“Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo actuamos por presiones de mujeres o por codicia. Hasta abelardistas serán si se investiga un poquito más. La revista haría un gran favor entregando esos chats a la Fiscalía”, dijo.
En otro aparte de su mensaje sostuvo que el caso, de confirmarse, evidenciaría que los empresarios que entregaron dinero habrían terminado siendo víctimas de una presunta estafa y no de una operación de corrupción ejecutada desde el Gobierno.
En otro extenso mensaje publicado hoy, el presidente insistió en que las autoridades deben investigar el caso y sostuvo que, si las hermanas Guerrero recibieron dinero de empresarios, deben reintegrarlo y colaborar con la justicia. Además, aseguró que ni Juliana Guerrero ni su hermana Verónica tienen actualmente un vínculo laboral con el Gobierno nacional y manifestó que espera que ambas reflexionen sobre la situación, colaboren con la justicia en caso de ser necesario y puedan defender su nombre frente a las acusaciones conocidas públicamente.
Otra de las reacciones más amplias fue la del senador Iván Cepeda, quien publicó una declaración política en la que reiteró la postura que, según recordó, defendió durante la campaña presidencial frente a cualquier caso de corrupción.
El congresista afirmó que no puede existir ningún tipo de tolerancia frente a conductas que comprometan recursos públicos o a funcionarios del Estado y sostuvo que cualquier indicio debe ser investigado con independencia por las autoridades competentes.
Cepeda manifestó que mantiene la posición de que la corrupción debe enfrentarse sin importar quiénes sean los involucrados y pidió que todas las denuncias sean esclarecidas con transparencia y sancionadas conforme a la ley en caso de comprobarse responsabilidades.
Aunque el pronunciamiento estuvo motivado por la investigación de Semana, el congresista evitó referirse a responsabilidades concretas de las personas mencionadas en el reportaje y centró su mensaje en la necesidad de que las denuncias sean investigadas por los organismos competentes.
Otra de las voces que reaccionó fue la representante a la Cámara por Bogotá Laura Daniela Beltrán, conocida públicamente como ‘Lalis’. A través de sus redes sociales calificó como “indefendible” la situación expuesta por Semana y aseguró que, a su juicio, no existe explicación para el protagonismo político que habría alcanzado Juliana Guerrero.
En su publicación describió a la señalada como una persona “corrupta y ambiciosa” y pidió que la Fiscalía adelante una investigación exhaustiva sobre las denuncias que involucran tanto a Juliana como a Verónica Guerrero.
El exdirector de la UNGRD, Carlos Carrillo, señaló que las pruebas divulgadas por Semana son “muy delicadas” y consideró indispensable que la justicia determine si de ellas pueden derivarse responsabilidades penales. Carrillo expresó especial preocupación por las menciones que hace la investigación al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), adscrito al Ministerio del Interior, debido al volumen de recursos que administra.
Con información de El Colombiano.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.
