La Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo presentaron esta semana el XI Informe de Monitoreo a la Ley de Víctimas, advirtiendo preocupantes rezagos en su cumplimiento.
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Las tres entidades señalaron que los recursos destinados a la política pública dirigida a las personas afectadas por el conflicto continúan siendo insuficientes para atender, asistir y reparar integralmente a los más de nueve millones de víctimas del conflicto registradas en el país.
En el informe se destaca que los esfuerzos para superar la vulnerabilidad de esta población no han sido suficientes, reflejando un déficit crítico en la entrega de subsidios de vivienda tanto urbana como rural.
Asimismo, revela que el 51,6% de las víctimas que figuran en el Registro Único de Víctimas (RUV) no tiene ingresos suficientes para alimentación y servicios básicos.
La pobreza extrema ha aumentado del 13,2% en 2019 al 21,2% en 2022, y más de un millón de víctimas no cuenta con los recursos necesarios para una alimentación básica.
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Desde la entrada en vigor de la Ley de Víctimas, en 2011, solo 1’368.269 víctimas han sido indemnizadas, un 14% del total de las que tienen derecho a compensación.
Ante este panorama, Contraloría, Procuraduría y Defensoría alertaron que se necesitarían por lo menos $303,9 billones para garantizar todas las medidas de asistencia, atención y reparación hasta el año 2031.
Estos recursos se desglosan en necesidades críticas como: $118 billones para vivienda, $83,6 billones para indemnización individual y colectiva, $36,8 billones para generación de ingresos, $12,9 billones para subsistencia mínima y $7,1 billones para educación superior.
En el seguimiento también se evidenció que más del 77% de las víctimas enfrenta un déficit habitacional, con una brecha creciente en el acceso a vivienda en comparación con la población general. Entre 2012 y abril de 2024, de los 101.622 subsidios de vivienda urbana asignados, aún no se han entregado 12.608.
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En el ámbito rural, de los 34.651 subsidios otorgados, un 64,6% permanece sin ejecutar, lo que retrasa aún más la posibilidad de reparación para las víctimas del conflicto.
En lo que respecta al proceso de restitución de tierras el panorama no es más esperanzador, puesto que este presenta falencias en todas sus etapas: desde la demora en el registro de tierras despojadas, pasando por la congestión en la etapa judicial, hasta el incumplimiento de sentencias por parte de diversas entidades gubernamentales.
La ejecución lenta y la falta de continuidad en las políticas de retorno y reubicación, especialmente en términos de seguridad y acceso a recursos, han impedido avances sostenibles en la restitución de derechos.
En cuanto a la protección de las víctimas, las entidades hicieron un llamado urgente a mejorar la atención humanitaria, resaltando que las necesidades en departamentos como Chocó, Nariño, y Arauca siguen siendo críticas.
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En los últimos tres años, el confinamiento de comunidades aumentó significativamente en estas regiones, lo que ha complicado aún más la situación humanitaria.
Asimismo, el informe subrayó que la población LGBTIQ+ y las mujeres víctimas del conflicto enfrentan barreras significativas para acceder a programas de protección específicos.
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