Una vez más las autoridades electorales, los gobernadores y los entes de control le hicieron un urgente llamado al Gobierno Nacional frente al panorama de seguridad que rodea las elecciones locales y regionales que tendrán lugar en menos de cinco meses.
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Durante el ‘Encuentro de Seguridad Nacional por los Territorios’, organizado por la Federación Nacional de Departamentos, las alertas volvieron a quedar encendidas porque el fantasma de la violencia asusta nuevamente el desarrollo de los comicios.
Según el registrador nacional, Alexander Vega, si el mapa de riesgo electoral se mantiene y no se toman las decisiones necesarias para que las Fuerzas Militares y de Policía puedan actuar, en octubre se podría ver afectada la votación en 79 municipios, 600 puestos de votación y al menos 1’400.000 personas verían restringido su derecho al sufragio.
“La Registraduría Nacional no tiene previsto trasladar ningún puesto ni mesa de votación por temas de orden público. Es hora de decisiones. La logística para que la Fuerza Pública cumpla con su tarea es necesaria”, sentenció Vega.
El funcionario recordó que de acuerdo con el mapa de riesgo con el que vienen trabajando, las regiones priorizadas por razones de orden público y presencia de grupos armados son: Norte de Santander, Cauca, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Meta, Chocó, Antioquia y Sucre.
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En el caso particular de esta región de frontera, Vega había manifestado semanas atrás, durante un comité de seguimiento electoral que tuvo lugar en Cúcuta, que tanto la capital del departamento, como El Tarra, Tibú, Teorama, Sardinata, Villa del Rosario, Puerto Santander y Convención eran algunos de los municipios con mayor riesgo para estas elecciones.
Llamado de atención al Gobierno
En su intervención, el registrador Alexander Vega envió un mensaje directo al Gobierno Nacional y dijo que las organizaciones criminales ya anunciaron el “empadronamiento de los ciudadanos” y que ante esto la pregunta que surge es si la Fuerza Pública alcanzará a reaccionar para tomar las medidas necesarias.
El mismo funcionario insistió en que la respuesta debe ser que sí, pero que para ello es necesario que el Ejecutivo asigne los recursos que se necesitan para organizar la logística y el despliegue de los planes ‘Democracia y Ayacucho’.
“Si hay constreñimiento al elector por parte de grupos armados ilegales en las regiones, vendrían eventuales nulidades y se convocarían el otro año elecciones atípicas, con lo cual se generaría un doble esfuerzo y gasto para el Estado”, recalcó.
