El pasado 26 de marzo se conoció que el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, y el gerente de la Central de Transportes, Andrés Posada Peñaranda, fueron denunciados penalmente, porque, al parecer, incumplieron un fallo judicial y no están garantizando el derecho fundamental al trabajo, al debido proceso y al mínimo vital de cerca de 100 vendedores ambulantes que laboraban dentro de la central. 

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Esto, teniendo en cuenta que, desde el 2020, los vendedores informales fueron desalojados, inicialmente por la crisis ocasionada por la pandemia, pero, hasta el año pasado, aun cuando la emergencia sanitaria por la COVID-19 ya no estaba, seguía sin dejarlos ingresar. 

Por esta razón, en el 2022, los vendedores ambulantes decidieron interponer una acción de tutela para exigir que les permitieran su ingreso a la central, ya que muchos de ellos trabajaban allí desde hace más de 30 y 40 años. 

La tutela se declaró improcedente en primera instancia pero los vendedores impugnaron la decisión, hasta que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta determinó, en el mes de julio de 2022, que era necesario ordenar a la Alcaldía de Cúcuta y a la Central de Transportes instalar mesas de diálogo para escuchar a los vendedores y encontrar una solución, para ese entonces, en un término de 15 días. 

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Asimismo, el Tribunal resolvió que se debían tutelar los derechos fundamentales al trabajo, debido proceso y mínimo vital de los vendedores que interpusieron la acción jurídica. 

Mesas sin resultados

A través de un comunicado, la Central de Transportes de Cúcuta dio a conocer que ellos sí han cumplido con las mesas de diálogo con los vendedores informales dando cumplimiento al fallo. 

Sin embargo, en el documento, la Central explica que a los vendedores informales se les propuso tomar locales en arriendo para vender su mercancía de manera formal, pero aseguran, no fue aceptada. 

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“Lo pretendido por los mismos era poder seguir como vendedores informales (ambulantes) dentro de la Central de Transportes y esto no se puede permitir, ya que se convierte en una competencia desleal ante los comerciantes formales arrendatarios de la Central, vulnerando con esto sus derechos”, añade el comunicado.

En entrevista con La Opinión, Andrés Posada Peñaranda, gerente de la Central de Transportes, manifestó que no solo se les propuso darles locales en arriendo, sino que, además, a algunos comerciantes les ofrecieron entregarles módulos de trabajo para que laboraran como lustrabotas dentro de la terminal, pero también rechazaron la oferta. 

Posada precisó que los ambulantes han manifestado no querer ser vendedores estacionarios, sino continuar desplazándose por la Central para vender sus productos, argumentando que la decisión del Tribunal aunque no lo diga explícitamente, pide garantizar el derecho al trabajo y esto para ellos se traduce en que deben tener acceso a la Terminal. 

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“Reiteramos que la administración de la Central de Transportes está abierta a mantener los diálogos en procura de cumplir todas las órdenes impartidas por la justicia y las normas colombianas que regulan todos los procedimientos de la Central”, puntualiza el comunicado. 

En este sentido, La Opinión conoció que el pasado 13 de marzo la Central de Transportes solicitó que los vendedores informales que aún se encontraban dentro de la terminal empezaran a salir, “hasta tanto no se instalen nuevas mesas de diálogo y se busquen las alternativas idóneas y eficaces que no vulneren sus derechos, pero tampoco los derechos de los comerciantes legalmente constituidos”. 

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“No hay propuestas formales”

Yolanda Olarte, abogada y defensora de Derechos Humanos de los vendedores informales de la ciudad, explicó que, efectivamente, aunque las mesas de diálogo se desarrollaron, es falso que se hayan dejado en firme propuestas formales. 

“Nosotros sí hemos hecho mesas de trabajo, pero eso no quiere decir que el problema ya esté resuelto. El gerente les cerró la puerta a los vendedores, porque no han tenido ninguna solución seria para los vendedores informales, les ha faltado voluntad y seriedad”, dijo Olarte. 

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La profesional manifestó que los vendedores están pasando todo tipo de necesidades, tanto económicas, como de salud y psicológicas, muchos hasta “aguantando hambre”, pues dependían exclusivamente de su labor dentro de la terminal y no reciben ninguna ayuda. 

Olarte detalló que lo que buscan los vendedores es que se haga justicia, porque la alcaldía y la terminal están incurriendo en un fraude a una resolución judicial y los afectados son más de 100, es decir que es una problemática grande, además de que muchos son adultos mayores de 60 años. 

Frente a las propuestas que según dice la terminal se han hecho, la abogada indicó que con respecto a la oferta de entregar los materiales de trabajo para que algunos vendedores ejerzan como lustrabotas, esta podría ser aceptada solo por algunos.

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“Ellos aceptarían si se trata de una propuesta clara, pero es complejo porque no todos saben de ese oficio y muchos se han dedicado a vender otros productos, entonces hay que pensar en los demás”, añadió. 

En cuanto a la propuesta de que tomen en arriendo algunos locales, manifestó que esto es casi imposible, porque la mayoría no cuenta con los recursos para empezar con un arriendo y viven del día a día, entonces “no es porque no quieran, sino porque no tienen”. 

La abogada sostuvo que es importante que la administración municipal avance con la Política Pública para Vendedores Informales, pues hasta el momento solo se habla de una trazabilidad, pero nada concreto, especialmente con la asignación de recursos que se deben tener para poder reubicar a los ambulantes de toda la ciudad.

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“Se ha hablado lo de la carnetización y eso se está haciendo con los vendedores informales de toda la ciudad, pero se necesitan recursos para reubicar a esta población”, apuntó la abogada.

Por ahora, será la Fiscalía General de la Nación quien determine si efectivamente la administración municipal y la Central de Transportes cometieron el delito por fraude a una resolución judicial. 

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