El 12 de diciembre de 2022, mediante el Decreto N° 2439, se ordenó la liquidación de la Sociedad Central de Abastos (Cenabastos S.A) de Cúcuta, considerada la despensa agrícola del área metropolitana. Esa organización empresarial se constituyó el 2 de octubre de 1981 como una persona jurídica de naturaleza comercial.

Después de 16 meses del proceso, el pasado 25 de marzo, en su visita a Cúcuta, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, le confirmó a La Opinión que, para su despacho, este “es un activo muy importante, porque es el socio mayoritario”, por ello, evalúan la posibilidad de recuperar esos bienes.

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¿Cómo marcha el trámite y qué hay de por medio? ¿Podría desaparecer Cenabastos? ¿Hay deudas pendientes? Estas y otras interrogantes fueron respondidas a La Opinión por el agente liquidador Fiduagraria S.A., el cual destacó que, a la fecha, el proceso para el fin de la sociedad se encuentra en un avance superior al 60%.

El liquidador explicó que el Comité de Participación Accionaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en sesión del 14 de octubre de 2021, analizó la situación jurídica y financiera de la sociedad y, mediante Acta No. 43, recomendó de manera unánime proceder con la disolución.

La razones para tomar la decisión fueron: una deficiente situación económica, generada por una disminución significativa de ingresos; cesación de pagos en general, en especial, de carácter laboral y fiscal; pérdidas acumuladas del ejercicio, disminución de su patrimonio y la imposibilidad de continuar desarrollando su objeto social, lo cual quedó soportado en actas de la asamblea general de accionistas, informes de Gerencia y oficios de revisoría fiscal.

Respecto a la inquietud de si hay deudas pendientes, Fiduagraria informó que solo hasta el momento en que la entidad expida el auto de graduación y calificación de acreencias, y este se encuentre en firme, se podrá conocer con certeza el valor de los pasivos.

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Los bienes de la sociedad

Fiduagraria precisó que, de acuerdo con el informe sobre el estado en que se recibió Cenabastos S.A., se encontraron en las bases de datos 1.629 inmuebles registrados, ubicados en ocho proyectos inmobiliarios desarrollados en Cúcuta, Pamplona, Villa del Rosario y Ocaña, compuestos, en su mayoría, por locales o puestos comerciales.

“Durante la vigencia 2023 y en lo corrido del año, el proceso liquidatorio ha venido realizando la depuración y actualización del universo de inmuebles, a través de la consulta y revisión del VUR (Ventanilla Única de Registro) de la Superintendencia de Notariado y Registro. Por consiguiente, con corte a febrero 2024, se tiene un universo de 1.541 inmuebles”, detalló al agente liquidador a este medio.

Recalcó que, en ese número de propiedades, hay 940 inmuebles cancelados, pendientes de transferencia de la titularidad del derecho de dominio a los adquirentes; 141 bienes en proceso de pago, con cartera pendiente por recuperar; y 459 inmuebles en propiedad plena de la sociedad, clasificados como disponibles para la venta.

Es de resaltar que las propiedades disponibles para la venta no se encuentran ocupadas, salvo casos muy particulares, como aquellos en los cuales media un contrato de arriendo.

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¿Cenabastos PH seguirá funcionando normal? 

Fiduagraria señaló que la Central de Abastos Propiedad Horizontal (Cenabastos P.H.) se refiere a la persona jurídica independiente y diferente de Cenabastos S.A, en liquidación. La primera, es la encargada de la administración de la central, la cual viene funcionando con normalidad.

Dentro de Cenabastos PH hay algunos bienes que son de Cenabastos S.A., pero eso no quiere decir que van a desaparecer.

Respecto al rol de Minagricultura, la entidad liquidadora manifestó que el ministerio sería el único llamado a comunicar su papel y la agenda de proyectos que pretende desarrollar tras el proceso. 

“No obstante, en lo que refiere a las facultades del liquidador, resulta oportuno precisar que los bienes inmuebles propiedad de Cenabastos S.A en liquidación, al encontrarse registrados como activos dentro del proceso, se encuentran condicionados a satisfacer los fines del mismo, tales como, el pago de acreencias”, aseguró.

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Eso no implica que el Gobierno, de encontrarlo oportuno y relevante en la prestación del servicio de distribución de productos, bajo el cumplimiento de los requisitos legales, pueda disponer de aquellos inmuebles que se encuentran en plena titularidad de la entidad.

El proceso de liquidación, según el Decreto N° 2439 del 12 de diciembre de 2022, tiene un plazo de dos años desde la entrada en vigencia del presente decreto, o sea, concluirá en diciembre de este año, pero podrá ser prorrogado por un año por el Gobierno mediante un decreto.

Los detalles y avances en cada una de las actividades desarrolladas por el liquidador están consignados en los informes de gestión, publicados en la página web de la entidad.

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