La orden con la que llegaron a Cúcuta los funcionarios de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía y los investigadores de la Policía, fue clara y contundente: aplicarles medidas cautelares a unos bienes de los exalcaldes Donamaris Ramírez París y César Rojas Ayala, y de algunos exfuncionarios y contratistas que supuestamente participaron en hechos de corrupción con ellos.
Por eso, desde la mañana del lunes, cuando se inició el operativo, los fiscales y policías llegaron a ocupar esos bienes, mostrando las órdenes judiciales que expidió el ente acusador y que señalan que, a partir de la fecha, ellos quedan a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras que la justicia da su dictamen final.
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La Opinión logró conocer, en exclusiva, que aplicarán las medidas cautelares a 126 bienes, valorados en 46.000 millones de pesos, por los presuntos hechos de corrupción. La operación no solo se está dando en Cúcuta, sino también en Tibú, Ocaña, Chinácota y Villa del Rosario, donde están los inmuebles de los implicados.
¿Por qué se aplican las medidas?
Esta primera fase operacional de la Fiscalía y la Policía, según fuentes judiciales, se está dando por la celebración indebida de contratos como la construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Cormoranes, pero que antes de entrar en funcionamiento ya representaba un peligro para la comunidad, donde se invirtieron $4.695 millones.
A esto se suman los contratos 0133 de 2016 del Plan de Alimentación Escolar (PAE), por un monto superior a los $19.434 millones, y el suscrito en 2016 entre la Alcaldía y la Corporación América Barí (Cambari), por $16.500 millones.
La fuente aseguró que a pesar de que los procesos penales han avanzado lentamente, esta acción legal se dio lo más rápido posible, pues debían actuar para recuperar el dinero que se habría malversado.
“Desde marzo se inició la investigación, pues fue ahí cuando compulsaron las copias contra los implicados y poco a poco fuimos recopilando el material probatorio con el que se avalaron las medidas cautelares que se están aplicando desde el lunes cuando llegó la comisión desde Bogotá”, indicó la fuente judicial.
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Pero luego de esto, será un juez, durante un juicio, el que tenga la última palabra para saber si definitivamente la SAE toma posesión total de los bienes.
Donamaris y los otros responsables
Por lo ocurrido en el contrato de la construcción del CDI de Cormoranes, las autoridades iniciaron un proceso jurídico contra el exalcalde de Cúcuta Donamaris Ramírez París; Irly Yesenia Sandoval Pacheco, quien ocupó los cargos de subsecretaria de despacho y subsecretaria de Contaduría Municipal, entre 2012 y 2015; Jimy Galán Villamizar, secretario de despacho del Área de Dirección de Fortalecimiento Corporativo; Jhon Freddy Maldonado Peñaranda y César Augusto Martínez Álvarez, representante legal de la Unión Temporal CDI y director de obra, respectivamente.
Un juez decretó detención domiciliaria para estas cinco personas que están siendo procesadas penalmente por prevaricato por omisión, en calidad de autor, en concurso material, heterogéneo y sucesivo; contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en favor de terceros, en calidad de coautor.
Pero ahora, a eso se le sumó la extinción de dominio a varios bienes de algunos de ellos, para que respondan económicamente.
En el caso del exmandatario Ramírez París (2012-2015), la medida cautelar le fue aplicada a un lote que tiene en Cúcuta, mientras que a Irly Sandoval la Fiscalía le ocupó una casa en un condominio por el Anillo Vial Oriental.
Otro exfuncionario cuyos bienes fueron cobijados por la medida es Oswaldo Grajales Rosas, a quien le ocuparon una finca de 35 hectáreas en Tibú. Grajales ocupó el cargo de secretario de Infraestructura municipal durante el mandato de Donamaris Ramírez.
Grajales Rosas estuvo preso y luego un juez le cambió la medida de aseguramiento por detención domiciliaria, también por el caso del CDI de Cormoranes, por celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Tanto el exfuncionario como Donamaris también fueron sancionados por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento, con una inhabilidad de nueve años para ejercer cargos públicos.
A los representantes legales de la Unión Temporal CDI y director de obra, Jhon Maldonado Peñaranda y César Martínez Álvarez, las autoridades también les embargaron dos apartamentos que tienen, cada uno de ellos, en un edificio ubicado en Barrio Blanco.
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Además, la Fiscalía también decidió afectar la propiedad de los bienes de los responsables de la interventoría del CDI. A Felipe Andrés Gómez Sánchez le embargaron un inmueble en Ocaña, mientras que a Germán Colmenares Rojas le ocuparon un apartamento en el barrio Guaimaral.
César Rojas y sus exfuncionarios
Los contratos de 2016 del PAE, por $19.434 millones, y el suscrito entre la Alcaldía y la Corporación América Barí (Cambari), por $16.500 millones, que tienen enredado al exalcalde César Rojas y a varios de sus exfuncionarios, así como contratistas y hasta la misma Diócesis de Cúcuta, también provocó la aplicación de extinción de dominio a varios bienes.
Al exmandatario de los cucuteños (2016-2019), que hasta el viernes pasado buscaba llegar nuevamente al primer cargo de la ciudad, le aplicaron la medida cautelar a dos fincas que tiene en Chinácota.
Lo ocurrido con el Plan de Alimentación Escolar, de 2016, fue un escándalo que llegó a los estrados judiciales, donde le imputaron cargos no solo a Rojas Ayala por contratar con un socio suyo (José Antonio Manrique Torres) la operación de manera directa, es decir, a dedo y sin mediar licitación, sino también a Telésforo Blanco y Lola Carvajal, además de los responsables de la Corporación Paz y Futuro y Unión Temporal ‘Dadle Vosotros de Comer’.
Según la fuente judicial, por la celebración indebida de contratos, la medida cautelar le será aplicada a 90 bienes que tendría la Corporación Paz y Futuro y los exfuncionarios que están inmersos en ese proceso penal.
A Wilmer Omar González le aplicaron extinción a un inmueble que tiene en la urbanización Trapiches.
Además, la Diócesis de Cúcuta también sería afectada con la ocupación de bienes por parte de la Fiscalía, pues habría en la mira una iglesia que está por Las Américas, pero hasta el momento no se sabe cómo sería ese procedimiento.
Y por lo ocurrido con el contrato con la Corporación América Barí, en el que la Alcaldía buscaba contratar a mujeres, la Fiscalía también aplicó la extinción de dominio a los presuntos responsables.
El primer bien que fue afectado con esta medida fue la casa donde el exalcalde Ramiro Suárez permaneció al menos un año, luego de haber sido trasladado a Cúcuta para seguir cumpliendo su condena de 27 años de prisión por homicidio, ubicada en el conjunto residencial Vegas del Río.
Al hacer la inspección en esta residencia, los funcionarios encontraron la camioneta Toyota en la que los guardianes del INPEC transportaron a Suárez Corzo desde Bogotá hacia Cúcuta, pero como no tenían una orden judicial contra ella, la dejaron afuera estacionada.
Pero la ocupación de ese bien por parte de la Fiscalía no tiene nada que ver con los procesos penales que le adelantan al exmandatario de la capital de Norte de Santander, en esta oportunidad quien tendrá que responderle a la justicia es su pareja sentimental Isabel Márquez Rubio, pues ella estaría, presuntamente, inmersa en un acto de corrupción cuando era secretaria de Equidad y Género de la Alcaldía.
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A Carlos Alberto Salcedo Salazar, representante de la corporación Cambari, también le ocuparon un bien que tiene en Ocaña. Se conoció que este hombre también tendría otras contrataciones en otros municipios.
El contrato, adjudicado a Cambari, en abril de 2016, el único proponente de la licitación, tenía como objeto contratar durante seis meses los servicios de un operador que garantizara el programa de emprendimiento y generación de empleo con Equidad de Género en Cúcuta.
En junio de 2016 despegó el programa de generación de empleo con 3.500 trabajadores de medio tiempo de los sectores más pobres de Cúcuta, para actividades relacionadas con mantenimiento de parques, canales de aguas lluvias, control de tránsito y recuperación del espacio público, entre otros.
Se espera que el viernes, cuando termine la operación que adelantan las autoridades se tenga un balance más exacto de los bienes intervenidos.
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