El Ejército nacional intensificó la ofensiva contra el Eln en varios municipios del Catatumbo, entre ellos Tibú y Teorama, en los que se han presentado en los últimos días enfrentamientos de esta guerrilla con las disidencias de las Farc, que dieron origen a un confinamiento en esta última localidad de cerca de 10.000 personas.
El Alto consejero para la Paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño le confirmó a La Opinión que la ofensiva de las Fuerzas Militares contra el Eln se ha incrementado, “precisamente para facilitar que las personas que se encuentran confinadas en Teorama y Tibú, puedan movilizarse sin ningún problema hacia las cabeceras municipales”.
Dijo también que esta semana las tropas del Ejército han librado combates en Lourdes y en zona rural de los municipios antes mencionados. “El objetivo del Ejército avanza en la recuperación del control del territorio”, dijo Niño.
El funcionario añadió que el Gobierno Departamental sigue insistiendo a las organizaciones al margen de la ley en el respeto por el Derecho Internacional Humanitario y en el respeto por los mínimos humanitarios para que las víctimas no sean civiles.
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La Opinión conoció que el jueves pasado se libraron fuertes combates entre el Ejército Nacional y el Eln en el municipio de Teorama, ubicado a 64 kilómetros de Tibú. Los choques de los ilegales con las Fuerzas Militares están “sin control”, aseguraron vía telefónica moradores de la zona a este diario.
Entre Tibú y Teorama se cuentan al menos unas 26.000 personas confinadas por los combates que se presentan en esos territorios. “Hay mucha gente atrincherada a la espera de que se den las condiciones para poder movilizarnos hacia Ocaña o Cúcuta”, afirmaron habitantes de Teorama que se comunicaron vía celular con La Opinión.
La crisis humanitaria se suscitó en el Catatumbo el pasado 16 de enero, tras una violenta incursión armada en ocho municipios de esta región que dejó un saldo de 52 muertes y más de 53.000 personas desplazadas.
Desde entonces, la violencia en la región se ha mantenido. Muestra de ello es, por ejemplo, el ataque con explosivos conocidos como tatucos contra las instalaciones del Batallón de Ingenieros de Combate No. 30 el miércoles pasado en Tibú. Si bien no se registraron soldados heridos, el impacto de las detonaciones ocasionó daños en el helipuerto del cantón militar, donde opera la Fuerza de Tarea Vulcano.
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Sobre ese hecho, el Ejército Nacional confirmó que el ataque fue perpetrado por integrantes del Eln. “Rechazamos el lanzamiento de cuatro artefactos explosivos improvisados por parte de integrantes del grupo armado organizado Eln a las instalaciones de la Fuerza de Tarea Vulcano”, expresó la institución.
Fuentes de la fuerza pública señalaron que el ataque podría ser una respuesta de ese grupo armado ilegal a los recientes enfrentamientos. En los últimos días, en el municipio de Lourdes (Norte de Santander) se han registrado combates en los que fue abatido un presunto guerrillero del frente Juan Fernando Porras del Eln y dos más fueron capturados.
La situación de los firmantes
Por otro lado, ayer, en la audiencia pública convocada por la comisión accidental de conmoción interior, a la pregunta de los comisionados sobre la situación de los firmantes de paz, la directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), Alejandra Miller aseguró que siguen siendo amenazados y estigmatizados en esa zona del país por el Eln que los señala, sin pruebas, de ser aliados de la disidencia de Calarcá.
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De acuerdo con las cifras entregadas por Miller, en el Catatumbo hay 464 firmantes del Acuerdo de Paz, 14 % son mujeres y 86 % son hombres. Además, se confirma el asesinato de seis reincorporados en el marco de estos ataques, mientras que ocho aún permanecen desaparecidos. Así mismo, dice la entidad, 180 firmantes y sus familias han sido desplazados, la mayoría está en Cúcuta.
Miller también dijo que se tienen proyectadas dos acciones. Una de ellas son medidas sobre el espacio territorial de Caño Indio, donde actualmente no solo están viviendo firmantes, sino población de veredas aledañas. Y la otra es el apoyo económico a sus proyectos productivos.
Esta primera parte, afirmó, costará cerca de 22.500 millones de pesos que ya se le pidieron al Ministerio de Hacienda.
“El segundo es apoyar sus proyectos productivos. Son 412 proyectos individuales y tres colectivos que necesitarán unos 3.700 millones de pesos”, dijo.