“La situación del Catatumbo enseña. Uno aprende también de los fracasos y allí hay un fracaso, un fracaso de la Nación”.
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Estas palabras, pronunciadas esta semana por el presidente de la República, Gustavo Petro, para referirse a la dramática situación que desencadenó la guerra declarada por el Ejército de Liberación Nacional (Eln) a la disidencia del frente 33 de las Farc y que ya deja por lo menos 80 muertos y más de 40.000 desplazados, resumen perfectamente lo que ha significado para esta subregión de Norte de Santander, décadas de abandono estatal.
Aunque, paradójicamente, el Catatumbo es una de las zonas más ricas y diversas del país en recursos naturales, con cerca de 4.843 hectáreas de cuerpos de agua, áreas importantes de conservación ambiental como el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, el Área Natural única Los Estoraques y la Zona de Reserva Forestal Los Motilones, además de un alto potencial agropecuario y minero-energético, por mencionar solo alguna de sus bondades, esa riqueza se ha convertido a la vez en un botín para los grupos armados que se han disputado a sangre y fuego el control de ese territorio.
En contraste, los indicadores a favor de la población en aspectos económicos y sociales son bajos. De acuerdo con las cifras más recientes que entregó la Procuraduría en un informe de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz y otro del Gobierno actual sobre el panorama de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en promedio, el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en los municipios de la subregión es del 41,4%, ubicándose muy por encima del índice nacional que es de 14,1%. En las zonas rurales, correspondientes al 67,2%, esa cifra está cerca del 50%, en promedio.
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La suma de todos estos factores ha hecho que el espiral de violencia se haya convertido en la constante durante las últimas cinco décadas en los municipios que conforman esta región (Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa de Belén, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú) y ni siquiera el Acuerdo de Paz suscrito en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las Farc logró librar del fantasma de la guerra a sus habitantes.
Por el contrario, las organizaciones armadas ilegales que hoy tienen presencia allí se hacen cada vez más fuertes y parecieran insistir en que se repita la historia de horror que las comunidades vivieron en el pasado.
Una muestra de ello es la cifra que entregó esta semana la Defensoría del Pueblo, según la cual el desplazamiento forzado que deja hasta el momento la arremetida que emprendió el Eln en el Catatumbo el pasado 16 de enero podría ser el más grande causado en un solo evento desde que se tiene registro institucional de desplazamiento en Colombia (1997).
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Esto, por cuanto en apenas ocho días la cifra de personas que tuvo que huir de su municipio para proteger la vida supera las 40.000, lo cual contrasta con las 54.665 que se registraron en todo el país durante 2024, en 154 eventos.
“Esta violencia que vive la región del Catatumbo no se puede desconocer que en su gran mayoría también obedece al abandono del Estado. Es como si el Catatumbo no hiciera parte del país”, reprocha Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.
Una guerra que se recicla
La que se registra hoy no es la primera y tampoco pareciera ser la última guerra que han tenido que soportar los habitantes del Catatumbo en los últimos 50 años, aproximadamente.
La presencia de actores armados en la zona data de, por lo menos, mediados o finales de los años 70. Primero fueron las guerrillas y posteriormente los paramilitares, a quienes les siguieron los grupos posdesmovilización.
El petróleo y los recursos naturales, en lugar de hacer esta zona más próspera y con mejores condiciones para sus habitantes, terminó por condenarlos a una violencia que no cesa.
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Justamente, en el libro ‘Catatumbo: memorias de vida y dignidad’, elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, a partir de un proyecto de reconstrucción de memoria histórica sobre las distintas violencias que se han vivido en la región del Catatumbo, se hace referencia a que una de las primeras víctimas en esta región del país fue el pueblo barí, por cuenta del llamado oro negro.
Además de padecer las crueldades de la conquista española, el auge de la industria petrolera “con el visto bueno del Estado colombiano, les arrinconó, les arrebató una gran parte de su territorio y asesinó a muchos de ellos”, se puede leer en uno de los capítulos del libro.
Lo que vino después fue el arribo de los primeros grupos armados ilegales a este territorio, quienes, según el testimonio de sus pobladores, llegaron a finales de los años 70 y desde entonces comenzaron a dejar su estela de sangre, muerte y persecución.
“(…) las personas en el Catatumbo recuerdan la presencia y el dominio armado del Eln, el Epl y las Farc desde 1979 hasta 1999, cuando se consolida el proyecto paramilitar”, dice la investigación.
En el caso del Ejército de Liberación Nacional, la historia cuenta que esta organización armada, inspirada en la Revolución Cubana, asentó sus primeros hombres en la Provincia de Ocaña.
Luego, motivados por el discurso de la lucha popular, la libertad y la reivindicación de las clases sociales menos favorecidas, esta guerrilla comenzó a tener un arraigo importante en municipios como El Carmen y sus alrededores.
La condición de pobreza en la que vivía buena parte de sus pobladores, en especial los del sector rural, y la fe católica que los caracterizaba, permitieron que este grupo armado pudiera influir fácilmente en esta región del país y comenzar así su expansión por el Catatumbo.
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Tras la Operación Anorí, liderada por el Ejército Nacional, el Eln quedó diezmado y fue hasta el año 1979 y comienzos de los años 80 que resurgió y empezó a tomar fuerza en el departamento.
Paralelamente, el Ejército Popular de Liberación (Epl) comienza su expansión en el Catatumbo arrancando la década de los 80.
En 1984 intentan una primera negociación de paz que no prospera y este escenario se repite en 1991, durante el gobierno de César Gaviria Trujillo. En ese momento logran su desmovilización, pero un grupo de guerrilleros, liderado por uno de sus fundadores y comandantes, Francisco Caraballo, se aparta del acuerdo de paz y vuelve a armarse en lo que se conoció como el Frente Libardo Mora.
Esta disidencia continuó operando en la región del Catatumbo, principalmente en los municipios de Teorama, Hacarí, Convención, San Calixto y Ocaña, y a pesar de que está integrada por pocos hombres continúa en armas, ahora bajo la denominación de Los Pelusos.
“Para 2019, el EPL se había fracturado en dos facciones: una con presencia sobre la frontera con Venezuela y otra replegada en los municipios de Ábrego y Ocaña. En 2021, el Ministerio de Defensa de Colombia reclasificó al grupo como un Grupo Delictivo Organizado (GDO) de menor importancia”, dice un informe de InSight Crime.
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También comenzando los años 80 llegan las Farc, que fue en su momento la guerrilla más fuerte en el departamento y una de las agrupaciones que causó un daño irreparable entre la población.
Su presencia se sintió con mayor vigor a finales de los años 90, pero fue en esa época cuando se desató lo peor de la violencia que se ha vivido en el Catatumbo, ante el ingreso de los paramilitares y la disputa a muerte por el control de los cultivos ilícitos.
“Estos cultivos generaron fuertes disputas entre la organización guerrillera y las autodefensas, que se resolvieron, por un lado, con enfrentamientos que dejaron decenas de muertos –en particular para las autodefensas –y por el otro, con pactos de no agresión entre las dos partes y divisiones territoriales. Por ejemplo, se estableció que el margen derecho del río Catatumbo sería para dominio de las autodefensas, mientras que el izquierdo sería para las Farc”, dice la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en un informe sobre las dinámicas del conflicto en el Catatumbo.
En 2005, luego de que las autodefensas se desmovilizaran, esta guerrilla volvió a fortalecerse y retomó sus acciones violentas en la región, entre las que predominaron los paros armados y ataques a infraestructuras. 2011 y 2012 fueron años en que la población de la zona sintió los mayores embates de esta agrupación insurgente.
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Dice el Centro Nacional de Memoria, a partir de los relatos de las comunidades, que “durante un primer período, que puede ubicarse entre finales de los años setenta hasta entrada la mitad de los ochenta, las acciones del Eln, el Epl y las Farc se concentraron en el trabajo político más que en el militar y el económico”.
Y agrega: “a finales de los años ochenta, empezaron a mostrarse más como militares y a sembrar zozobra entre nosotros (habitantes). O sea, para ese entonces nos empezamos a dar cuenta de que su principal interés ya no fue el trabajo político y la denuncia de las condiciones tan difíciles en las que vivía la gente, sino lo militar, la sospecha ante cualquier cosa que no compartieran, y el interés en algunas actividades económicas que les daban ganancias”.
Esas actividades a través de las cuales empezaron a financiar su accionar fueron el secuestro con fines extorsivos, el cobro de cuotas y la regulación del negocio de la coca, que empieza a tener auge desde los años 90 y con el cual se fueron involucrando poco a poco hasta ser una de las principales razones de su disputa territorial.
Posteriormente, viene la estela de muerte de los paramilitares que comenzó hacia 1999 y solo entre julio de ese año y abril del 2000, el Bloque Catatumbo, al mando de Salvatore Mancuso, perpetró, al menos, tres masacres en Tibú y La Gabarra con las que quisieron enviar un mensaje a los pobladores.
Las cifras oficiales dan cuenta de que entre 1999 y 2006, los paramilitares cometieron más de 15 masacres. Además, según datos de la Red Nacional de Información recopilados en el libro ‘Catatumbo: memorias de vida y dignidad’, los municipios más afectados por el desplazamiento forzado en el periodo paramilitar fueron Tibú con 54.118 personas, Convención, con 16.649, El Tarra con 15.511, Teorama con 10.967 y Sardinata con 10.164.
“La incursión de las AUC en la región, a manos de las Ausc y el Bloque Catatumbo tenía como principal objetivo quitarle el dominio de los cultivos de coca a la guerrilla y tomar control sobre la zona para establecer un corredor estratégico que conectara a las regiones de Urabá, Nudo de Paramillo, Norte de Antioquia, bajo Cauca antioqueño, Magdalena Medio, sur de Bolívar, sur del Cesar y Catatumbo”, dice el informe de la FIP sobre dinámicas del conflicto en Catatumbo.
La desmovilización del Bloque Catatumbo y los demás que operaron en esta zona del departamento, sin embargo, no significó el fin de la guerra para sus pobladores, puesto que la violencia siguió reciclándose con grupos de exparamilitares que se rearmaron, además del reacomodo de guerrillas como las Farc, que volvieron a tomar posición en el territorio y fortalecieron sus acciones.
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“La desmovilización de las estructuras paramilitares condujo de nuevo a una fuerte disputa territorial entre las guerrillas y las ahora denominadas bandas criminales, transformando de nuevo las dinámicas sociales, políticas, económicas y de seguridad en el territorio”, explica la FIP en el informe ‘Recursos y retos para el postconflicto en la región Norte de Santander’.
Abandono del Estado abrió muchas heridas
Varias fuentes documentales y quienes han sufrido en carne propia la crudeza de años y años de conflicto en el Catatumbo coinciden en que el combustible de los grupos armados en esta zona del país no solo ha sido la coca y la explotación de recursos naturales, sino el abandono al que ha tenido sumido el Estado a sus municipios.
De ahí que algunos no son tan optimistas del Estado de Conmoción Interior que decretó el presidente Gustavo Petro, como una forma de ayudar a conjurar la grave crisis que se vive en esta subregión, pues consideran que en tres meses no se va a hacer lo que no se ha hecho y prometido en décadas.
Y es que, de acuerdo con el contexto sobre la historia de conflicto en el Catatumbo que ha reconstruido el Centro de Memoria Histórica, así como otros de los tantos diagnósticos que se conocen de la región, la falta de presencia estatal ha sido un arma letal empuñada en contra de las comunidades.
“Durante los años cuarenta, cincuenta y sesenta, en la zona baja del Catatumbo la gente no tenía cómo acceder a los bienes y a los servicios del Estado; esta era una región alejada de los principales centros urbanos que era vista solo por su importancia en la extracción de recursos, y por eso la presencia del Estado estaba dirigida únicamente a cuidar a las empresas petroleras y a sus beneficiarios, prestando muy poca atención a quienes habitaban allá”, dice la investigación del CNMH, lo que evidencia que el abandono no es de ahora.
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Allí se advierte que: “Desde ese momento, muchas personas han sentido que el Estado está presente en la región cuando se trata de la explotación de recursos naturales, dejando de lado el bienestar de la gente, sin ofrecerle garantías para disfrutar de vías en buen estado y sus derechos a la educación, la salud y el trabajo”.
Es por esa razón que la organización comunal y campesina, a través, primero de las Juntas de Acción Comunal, y posteriormente de cooperativas y asociaciones, tuvo que convertirse en esa figura que empezó a suplir el vacío del Estado y satisfacer las necesidades de las comunidades, como el arreglo de escuelas, la construcción de puentes y el mejoramiento de vías y caminos.
Eso, paradójicamente, transformó los liderazgos sociales en blanco de los violentos. La primera gran marcha campesina convocada por las JAC en 1985, para exigir los derechos de los catatumberos, y que posteriormente le dio paso al Paro del Nororiente, en 1987, terminó por estigmatizar al pueblo, señalado de ser auspiciado por las guerrillas.
“(…) poco a poco nos fuimos dando cuenta de que estábamos en riesgo, porque a esas grandes manifestaciones le siguieron el miedo, la muerte y el silenciamiento. Fueron años de represión, así los evocamos”, dice uno de los testimonios recogido en el libro ‘Catatumbo: memorias de vida y dignidad’.
Muestra de que el abandono persiste son las siguientes cifras que entregó el gobierno Petro en junio del año pasado:
- Para el año 2022 la subregión se ubicó como la octava con menor cobertura en salud rural, entre las 16 zonas PDET del país.
-En ese mismo año, Catatumbo estaba en el puesto 12, de 16, respecto a la cobertura neta de educación básica secundaria, con un 66%.
- La tasa de mortalidad por desnutrición por cada 100.000 menores de 5 años para 2021 fue de 45,30, con un incremento frente a 2020 del 13,85%, ubicando a la subregión como la segunda con la tasa más alta.
La falta de proyectos productivos, pero también las malas condiciones de las vías para sacar los productos a los centros poblados y la falta de garantías para los campesinos llevó a que cientos de familias terminaran volcándose hacia los cultivos ilícitos, como principal fuente de sustento para sus hogares.
Y es que, irónicamente, después de ser considerada la despensa agrícola de Norte de Santander durante los años sesenta y setenta, el abandono y la falta de apoyo al campesino terminaron por abrirles camino a las economías ilícitas.
“La hoja llegó a la región a finales de los años 80 por La Gabarra, pero tuvo su momento de apogeo a partir de los 90, cuando empezó a expandirse hacia otros municipios. Este cultivo tuvo buena acogida entre los campesinos por las facilidades en la producción y comercialización, pero sobre todo porque las ganancias eran mucho más competitivas que las de los cultivos del pancoger. El Catatumbo ya padecía de una economía agrícola local débil, provocada por la mala infraestructura que no daba las condiciones para sacar los productos a la venta; además, una crisis económica agudizada, entre otras, por la salida de Ecopetrol, fuente de empleo, de la región en 1992, y la implementación de políticas de apertura que afectaron al campesinado”, dijo la Comisión de la Verdad en el informe ‘Las verdades y luchas que cuentan las voces del Catatumbo’.
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No obstante, por años, la respuesta a estos vacíos ha sido mucho más militar que social, como coinciden varias investigaciones y estudios.
“Ante las dificultades de respuesta por parte del nivel local de gobierno para atender las necesidades más apremiantes de la comunidad, la intervención de niveles superiores del Estado no ha traído mejoras sustanciales: esta ha generado no solo promesas incumplidas, sino que ha profundizado la visión obtusa de que el fortalecimiento del Gobierno se da únicamente a través de medidas policivas y militares”, concluyó la FIP en el informe sobre ‘Recursos y retos para el postconflicto en la región Norte de Santander’.
De hecho, la Fuerza Pública tiene su propio capítulo en esta larga e interminable historia del conflicto en el Catatumbo, con la aparición de las ejecuciones extrajudiciales o también conocidas como ‘falsos positivos’, que terminaron con la vida de campesinos inocentes, con el fin de presentar resultados operacionales.
Oportunidades perdidas
Pero una muestra de que el Catatumbo pareciera resignado a la violencia y el ostracismo por parte del Estado son las oportunidades que ha tenido para darle un giro a su historia y ser esa región próspera y tranquila con la que sueñan sus habitantes, y que se han desvanecido.
Una de esas primeras esperanzas llegó con la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, que no solo conllevó la desmovilización de una de las guerrillas más fuertes en el territorio, sino que contempló apuestas ambiciosas como la esperada Reforma Rural Integral, ligada a la ejecución de un programa de sustitución de cultivos ilícitos, en un departamento con 24.831 hectáreas de hoja de coca sembradas para ese momento.
Pero, así como la ilusión floreció, pronto se esfumó, puesto que no solo empezaron a incumplirse las promesas, sino que la violencia se ensañó contra los firmantes de paz y mientras tanto el eterno vacío del Estado en la zona permitió que otros grupos como el Eln y las bandas criminales dedicadas al narcotráfico y las economías ilegales coparan los espacios que dejaron las Farc, al tiempo que una disidencia de la desaparecida guerrilla comenzara a armarse de nuevo.
Tras ocho años desde que empezó a implementarse lo pactado en La Habana las cifras no son nada alentadoras, y de acuerdo con el más reciente informe de seguimiento a la ejecución de los recursos de la paz, elaborado por la Contraloría General de la República, “el Estado no ha respondido con la debida celeridad y efectividad”.
En el documento se concluye que, pese a que se asignaron recursos para la implementación del Acuerdo, no se han logrado cambios estructurales en las regiones y zonas rurales del país, ni siquiera en los municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Otra oportunidad de oro perdida fue la crisis que enfrentó el negocio de la coca (2022-2023), y que, en lugar de acelerar la prometida sustitución, lo que trajo consigo fue una crisis humanitaria que por poco termina en un nuevo paro campesino, pues mientras las familias cultivadoras comenzaban a morir de hambre, las respuestas estatales seguían sin llegar.
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Algunos confiaron en que la promesa que hizo el presidente Gustavo Petro en agosto de 2022, en El Tarra, de que el Catatumbo pasaría de ser el primer lugar de exportación de cocaína en el mundo para convertirse en la capital nacional de la paz, sería finalmente una realidad, pero dos años después eso no se cumplió.
Es por eso que algunos lamentan que este haya sido el desenlace y que en el lugar de haberse dado la transformación de esta zona, hoy sus comunidades estén otras vez confinadas y desplazadas por el fuego de las balas.
“Esa era la oportunidad del Gobierno Nacional para empezar a desarrollar unos proyectos de gran envergadura y sustituir los cultivos ilícitos, teniendo en cuenta, además, que las organizaciones armadas en el territorio estaban en un cese al fuego. Es decir que se podían ejercer grandes obras en el territorio y no se aprovechó”, cuestionó Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.
Dijo que desde hace más de dos años hay unas promesas que llenan de ilusión a los catatumberos, pero que no se han traducido en realidad como la Universidad del Catatumbo, la troncal del Catatumbo y otras como el Tren del Catatumbo que parecieran ser solo un sueño.
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“Hasta que estas obras importantes no se vean, la comunidad no va a empezar a ver diferente la realidad del territorio”, dijo
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, explica que esta oportunidad perdida es una muestra de que el Estado colombiano es “extremadamente lento” y que pareciera estar diseñado para ser ineficiente.
“Tememos un modelo muy centralizado para la toma de decisiones y la poca descentralización que tenemos está intermediada por políticos. Esos políticos gestionan fondos para las regiones, se quedan con una parte para generar su capital político y a la región le queda muy poquito”, planteó Bonilla.
Hoy, en lugar de sustitución, las hectáreas de cultivos de coca que se registraron en los municipios del Catatumbo, según el reporte para 2023 del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) llegan a 43.178, y lejos de un programa que permita reemplazar esta economías, hay unos grupos armados más fortalecidos que siguen imponiendo su ley alrededor de este negocio, mientras las comunidades intentan salvar su vida y subsistir en medio de la persistencia del abandono estatal.
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