En desobediencia civil se declararon algunos contribuyentes de Chinácota debido al incremento del impuesto predial, que en algunos casos -aseguran los denunciantes-, llega hasta el 2.000% en comparación con el aporte realizado al municipio en la vigencia de 2021. La Alcaldía y el IGAC argumentan que el reajuste era necesario debido a que no se pagaba lo correspondiente.
Por un lado en esta polémica se encuentran los contribuyentes. Uno de los afectados por el incremento en este impuesto es Jesús Torres, quien asegura estar liderando la oposición a una “arbitrariedad” que se está presentando en el municipio por el alza en la tarifa desde este año.
“Estamos en desobediencia civil, no vamos a pagar hasta que nos solucionen. El alcalde nos da el contentillo de que debemos aprovechar el 35% de descuento, pero no vamos a descansar hasta que el IGAC venga y arregle lo que hizo mal”, mencionó.
Torres y una fuente anónima que se contactó con La Opinión aseguraron que el génesis del malestar se generó por el Contrato Interadministrativo 095 que firmó la Alcaldía de Chinácota y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
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En dicho acuerdo, el IGAC tenía la misión de “prestar el servicio público catastral para realizar las acciones orientadas a mantener vigente la base catastral de los predios acordados por las partes en el municipio de Chinácota (Norte de Santander)”, que en pocas palabras fue adelantar un proceso de conservación catastral.
Según los denunciantes, este estudio se llevó a cabo con varios “malos cálculos” que terminaron inflando los avalúos de los predios por zonas y no de forma individual, y por ende el pago en el impuesto predial.
Con documentos en mano, Torres asegura que su vivienda, ubicada al sur de Chinácota, se encontraba avaluada en $18 millones para el 2021, pero para este 2022 incrementó a más de $160 millones, lo que llevó a que el pago de su impuesto predial pasara de los $251.000 en 2021 a más de $1,7 millones para este 2022.
“Estamos con impuestos más caros que en Medellín en zonas como el poblado, o en el norte de Bogotá, yo vivo en una vereda, me vine a descansar a una cabaña sin lujos que construimos hace 21 años”, sostiene Torres.
¿Qué dice la Alcaldía?
En diálogo con La Opinión, el alcalde de esta municipalidad enfatizó que el proceso de conservación catastral realizado en 2.159 predios era necesario para Chinácota debido a que se detectó que cerca de 3.000 predios, de los aproximadamente 9.000 que hay en ese municipio, pagaban solo entre $700 y $5.000 de impuesto predial.
“Este estudio lo hizo una entidad pública como el IGAC bajo la modalidad de zonas homogéneas. La norma establece que nosotros debemos hacer actualizaciones catastrales máximo cada cinco años y la última en Chinácota fue en 2013 y se entregó al municipio en 2014, es decir, estamos en deuda de hacer la actualización catastral total”, mencionó.
Para financiar este estudio se contó con recursos de la Alcaldía, la Gobernación y Corponor, debido a que, según el mandatario Duarte Contreras, el ente territorial no cuenta con los recursos para financiar el 100% de la actualización catastral, que ronda los $1.000 millones.
“Hay muchos propietarios de predios que no están siendo consecuentes con el tributo. Encontramos cabañas que nunca habían legalizado su construcción, pagaban $16.000 de impuesto anual por dos cabañas en una hectárea, no habían actualizado la construcción y eso fue lo que hizo el IGAC”, enfatizó.
Ante las quejas, el mandatario sostuvo que elevó ante el IGAC una solicitud para que este organismo trasladara un funcionario con el fin de atender los requerimientos de los contribuyentes que dicen estar afectados, pero la entidad contestó por medio de una carta que no contaba los recursos para ello y, además, aclaró que esta función no se contempló en el contrato.
IGAC defiende proceso
En diálogo con Germán Antonio Bautista Carvajal, director territorial del IGAC en Norte de Santander, el funcionario salió en defensa del proceso que se adelantó en este municipio nortesantandereano en 2021, asegurando que se tuvieron en cuenta tres aspectos para realizar dicho estudio.
“Aquí hay que dejar claro que este proceso de conservación catastral era más que necesario para Chinácota. Se pusieron en vigencia los valores de las zonas homogéneas del municipio que presentan mayor desarrollo urbanístico e inmobiliario, esto medido por el número de licencias urbanísticas que se han expedido”, enfatizó.
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Para realizar este proceso, Bautista Carvajal manifestó que se hizo una labor técnica muy detallada durante más de seis meses del 2021, donde se tuvieron en cuenta más de 140 puntos de investigación para hacer unos análisis altamente específicos.
“De los 2.159 predios existe un universo de aproximadamente 100 propietarios que han elevado bien sea recursos ante las resoluciones que se emitieron o PQR, solicitando explicaciones a las resoluciones. A todas hemos dado respuesta en los términos de ley, algunas han salido favorables cuando han demostrado situaciones en la que se tiene cabida y en otras se han confirmado las resoluciones”, dijo.
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