El Juzgado Tercero Penal del Circuito con función de conocimiento de Ocaña condenó en primera instancia a ocho años de prisión y el pago de una multa de 99 salarios mínimos legales al exalcalde de ese municipio, Wilmar Bayona Ibáñez, por las presuntas irregularidades que rodearon la contratación para la entrega en operación del acueducto y alcantarillado del municipio a la empresa SEMSA S.A. E.S.P., en 2019.

Tras varios años de proceso, el juez concluyó que la forma en que se adelantó el trámite contractual vulneró varios requisitos exigidos por la ley y que el entonces mandatario encargado intervino de manera indebida, declarándolo responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

Un tercer delito que se le imputó al exalcalde ocañero, fraude a resolución judicial, no prosperó, por cuanto se venció el plazo que establece la ley para investigarlo y juzgarlo.

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La investigación surgió luego de que la administración municipal decidiera contratar de manera directa a un operador para asumir el servicio de acueducto y alcantarillado, tras declarar una urgencia manifiesta.

En el fallo se estableció que Bayona Ibáñez decidió decretar dicha medida de emergencia, a pesar de que no existía tal situación, para entregar a dedo los servicios de acueducto y alcantarillado a la empresa SEMSA, sin acudir a licitación alguna, contrario a lo que ordenó el Tribunal cuando dispuso recuperar los bienes administrativos que poseía la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña, ESPO, y adelantar una licitación pública.

Para el juez, en este caso se creó una urgencia manifiesta inexistente, se omitió la licitación y se escogió una empresa determinada sin experiencia alguna.

Según la sentencia de primera instancia, el entonces mandatario utilizó de forma indebida un fallo del Tribunal Administrativo como sustento para la contratación, pese a que esa decisión judicial no ordenaba el cambio de operador. Así las cosas, el despacho consideró que se tergiversó el alcance de dicha providencia para justificar el proceso contractual.

De la misma forma, determinó que no existía una situación real de urgencia, debido a que ESPO garantizaba entre el 99% y el 100 % de continuidad en la prestación del servicio.

En consecuencia, se estableció que durante el proceso se vulneraron principios esenciales de la contratación estatal, entre ellos la transparencia, la selección objetiva, la economía y la planeación.

La sentencia también señala que las supuestas irregularidades ocasionaron un detrimento patrimonial de 856,8 millones de pesos y advierte que existió dolo, al acreditarse un interés de favorecer a SEMSA S.A. E.S.P.

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 Como resultado de estas actuaciones, Wilmar Bayona Ibáñez fue condenado a 96 meses de prisión, al pago de una multa equivalente a 99,99 salarios mínimos mensuales legales vigentes y a una inhabilidad de 120 meses para ejercer funciones públicas.

 El juzgado negó la concesión de beneficios o subrogados penales. Sin embargo, no ordenó su captura inmediata, al considerar que el condenado ha mantenido arraigo y ha comparecido durante todo el proceso judicial.

La decisión, sin embargo, aún no es definitiva y podrá ser apelada ante el superior jerárquico.

Wilmar Bayona Ibáñez asumió la Alcaldía de Ocaña en calidad de encargado en julio de 2019, luego de que la entonces alcaldesa Miriam Prado Carrascal fuera apartada del cargo.

El tiempo nos da la razón: gerente

El gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña, Jesús Alfredo Contreras Mejía, manifestó que luego de una larga espera, los estrados judiciales finalmente castigaron los errores del mandatario de turno.

“Incumplió la ley, traspasó sus funciones y nosotros nos dimos a la tarea de emprender las acciones porque fuimos maltratados, humillados y con un gran daño. Pisoteados, tratados como delincuentes, amenazados e incluso con un atentado con granada en la casa del gerente de la época, Gabriel Álvarez Duarte. Gracias al equipo jurídico encabezado por el abogado Jesús Emel Martínez, accionistas y los miembros de la Junta Directiva, se logró la sentencia que dignifica la postura de la comunidad ocañera y la defensa de la empresa”, recalcó.

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