El fracaso de la políticas que se han puesto en marcha en años anteriores para la sustitución de cultivos ilícitos en el Catatumbo y el temor ante la idea de una mayor presencia de la Fuerza Pública en municipios donde grupos ilegales ejercen dominio, son algunas de las preocupaciones que los campesinos de la región tienen frente a la nueva política nacional de drogas.

Las ideas fueron expuestas en una mesa de diálogo que el ministro de Justicia y Derecho, Néstor Iván Osuna, sostuvo con representantes de gremios de agricultores, asociaciones campesinas y de cultivadores de coca, marihuana y amapola en Norte de Santander, con quienes socializó  los puntos clave de esta estrategia que han denominado “Sembrando Vidas, desterramos el narcotráfico”.

La política del gobierno del presidente Gustavo Petro que busca dar un giro a la dirección que durante más de medio siglo se le ha dado a la lucha contra las drogas en Colombia, está enfocada en fortalecer los sectores productivos de las regiones afectadas por este flagelo y brindarles a los campesinos alternativas para transitar a economías lícitas, mientras se declara la lucha frontal a las organizaciones criminales que se alimentan del narcotráfico. 

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Néstor Osuna resaltó que la iniciativa se construyó en más de 26 sesiones de diálogo regionales en los que intervinieron más de 3.000 participantes con amplia experiencia en la lucha contra el narcotráfico. 

Pensada para su ejecución en dos tiempos que el Gobierno colombiano ha denominado “Oxígeno” y “Asfixia”, la nueva política antidroga pretende que no haya una represión directa contra el campesino, sino que en su lugar se le brinde condiciones para mejorar sus entornos productivos, de manera que la oferta institucional sea una verdadera alternativa que les permita transitar a la legalidad. 

La fase que han denominado “Oxígeno” –explicó- está enfocada precisamente en los cultivadores, mientras que la de “Asfixia” será para desarticular y perseguir a las organizaciones criminales que se benefician con el narcotráfico.

“El propósito de venir acá es socializar la política de drogas que implementó el Gobierno Nacional, cuyo principal objetivo es permitirles a los campesinos cultivadores de hojas de coca transformar su actividad”, sostuvo el ministro.

Presencia debe ser pronto

En la reunión de ayer, el ministro esperaba escuchar a los campesinos y conocer sus inquietudes frente a esa nueva política del gobierno que, aunque ya se ha comenzado a implementar en otros departamentos, como el de Antioquia, no ha llegado a Norte de Santander.

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La explicación que les ofreció fue que en la región se abordará primero el tema de la seguridad, reforzando la presencia de la Fuerza Pública, sobre todo en la región del Catatumbo, de manera que puedan garantizar las condiciones para que los grupos armados no tengan una injerencia directa en el proceso. 

“En la preparación de la política de drogas nosotros constatamos que hay puntos específicos en esa región en los que los campesinos cocaleros no tienen ningún fervor por cultivar hojas de coca y quisieran cultivar otra cosa pero que se sienten obligados, intimidados por esas estructuras criminales”, dijo.

Holmer Pérez Balmaceda, representante de Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), agradeció que les hayan tenido cuenta para la implementación de esta política en materia de drogas, pero expresó la necesidad que tienen de que llegue cuanto antes al territorio. “Ya va más de un año, entendemos todos los tiempo de la formulación, pero yo creo que ya es tiempo de que hagan presencia institucional en los territorios que llegue la inversión del Estado que no ha llegado sino a través de las fuerzas militares”.

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También les preocupa el tema de la seguridad porque la incursión de mayor pie de fuerza en entornos como los que habitan en lugar de brindarles una solución se convierte en una amenaza para cientos de familias sobrevivientes de tantas “experiencias fallidas” en el Catatumbo.

María Carvajal, representante de la Asociación Campesina del Catatumbo Ascamcat, recordó que el presidente Gustavo Petro, desde inicio de su campaña, ha insistido en que el tema de la coca lo trataría militarmente. “Me da miedo que los militares acaben con la poca fe que guardamos”, dijo.

En medio del diálogo, algunos miembros de las asociaciones hablaron de la pérdida de confianza que tienen algunos cultivadores ante este tipo de políticas de sustitución de cultivos.

Diana Maritza Amariles, miembro de la asociación de  yuqueros ‘Proagrocait’ que agremia a unas 315 familias de Tibú, Sardinata y Zulia, contó que aún hay 58 de estas que hicieron la sustitución voluntaria y nunca recibieron ningún apoyo del gobierno.

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