Integrantes de la Asociación de Desplazados del Catatumbo (Asodepo) reclaman a las autoridades competentes el cumplimiento de una acción de tutela ganada, hace 12 años, donde se obliga a los entes territoriales la implementación de un programa de vivienda de interés social en el municipio de Ocaña.
Las familias afectadas por la guerra aún esperan conjurar el problema a través de la compra de un lote en el sector El Hatillo, donde la Gobernación de Norte de Santander, asignó 550 millones de pesos y la administración local se comprometió con la adecuación de las redes de los servicios públicos, sin embargo, esa promesa no se ha cumplido hasta la fecha.
“La Alcaldía, Gobierno seccional y la Unidad Nacional de Víctimas jugaron con nuestros sentimientos y la necesidad de tener una vivienda digna de la cual según la Ley 1448 tenemos derecho, no ha habido ser humano que les haga cumplir lo ordenado por el juez, mientras tanto los sobrevivientes de la guerra seguimos esperando, han fallecido muchas personas que se fueron esperando la anhelada vivienda digna”, señala Myriam Sofía González, quien exige una solución definitiva.
La representante de la Mesa Municipal de Víctimas, Maritza Pérez Amaya, insta a los vinculados en ese proceso, solventar el déficit habitacional para más de 300 familias desplazadas por el conflicto armado vivido en la zona del Catatumbo.
“Nosotros siempre hacemos seguimiento y durante la plenaria programada para el 30 de octubre se citará a las personas responsables para que expongan razones de esa demora. Es hora que revisen el caso porque todos se tiran la pelota y nadie se compromete con la adecuación de una vivienda digna. Desde cuando Alfreddy Galvis, quien está fuera del país debido a las intimidaciones se inició el proceso y nada que tiene un final feliz”, reiteró la defensora.
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La presidente de la Asodepo, Dianey Mora León, a través de un oficio solicitó una explicación sobre el proceso de la adquisición del predio encaminado a construir las viviendas. La secretaría de Hábitat departamental en cabeza de Samir Casadiego Angarita, tiene presupuestado 550 millones para la compra de una hectárea, pero el cumplimiento de algunos requisitos ha retrasado la ejecución del programa, agregó la vocera.
Empezar desde cero
Muchas de las víctimas han perdido las esperanzas y viven en condiciones inhumanas arrimados en la casa de sus seres queridos.
Jesús Ramón Salazar, quien perdió una extremidad inferior al caer en un campo minado, señaló que se encuentran huérfanos de la acción del Estado para solventar las necesidades.
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“Estamos en cero, a pesar de haber ganado una acción de tutela, el proceso nada que avanza. Estoy viviendo en el ranchito de mi mamá en el barrio El Carmen, ella tiene 92 años y sufrió la desaparición de sus hijos. En medio de mi discapacidad estoy bregando mucho y nadie se conduele”, manifestó el vendedor de frutas a la entrada del Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña.
No es justo para los desplazados
El personero de Ocaña, Andrés Fauricio Torrado, se pone al tanto de la situación y conjuntamente con los desplazados coordina una pronta salida para destrabar el proceso.
“Es una situación que merece toda la atención institucional, especialmente por tratarse de familias víctimas del desplazamiento que llevan tantos años esperando una solución de vivienda. Desde este despacho estamos dispuestos a conocer el caso, revisar sus antecedentes y, dentro de nuestras competencias, contribuir a que las entidades involucradas busquen una solución definitiva”, enfatizó el funcionario.
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El Ministerio Público exige respuestas para que las familias en condiciones de vulnerabilidad no sigan esperando una promesa que no se concreta. “Estamos siempre abiertos a contribuir en las acciones judiciales necesarias”, recalcó.
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