El Puesto de Mando Unificado del Catatumbo llegó a su fin, así lo confirmó El Colombiano. Pese a la grave situación que se vive en la zona desde hace semanas la población asegura que se ha sentido abandonada por el Gobierno. La noticia, confirmada este lunes, ha generado alarma entre líderes sociales, comunidades campesinas y organismos internacionales, quienes temen que la salida del Estado deje un vacío que profundice la violencia en la región.
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Desde su creación, el PMU coordinó esfuerzos entre el Gobierno Nacional, la Gobernación de Norte de Santander, la Defensoría del Pueblo y organizaciones humanitarias para atender el recrudecimiento del conflicto armado en la zona que ya deja más de 50.000 desplazados.
La gestión de este espacio se centraba en gestionar asistencia humanitaria para atender a las víctimas y coordinar la respuesta por parte de la Fuerza pública ante ataques y enfrentamientos entre grupos ilegales.
El desmantelamiento de esta estructura deja a la región en un limbo. Según cifras oficiales, en las últimas semanas se han registrado cerca de 53.000 personas desplazadas y decenas de homicidios producto de los enfrentamientos entre el Eln, las disidencias de las Farc y grupos de narcotráfico que se disputan el control de la zona. La salida del PMU ha encendido las alarmas ante el debilitamiento de la presencia estatal en la zona.
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El Catatumbo es una región históricamente golpeada por el conflicto y hoy sigue siendo epicentro de disputas entre actores armados ilegales. La zona, conformada por 11 municipios de Norte de Santander, es un corredor estratégico para el narcotráfico y una de las áreas con mayor presencia de cultivos ilícitos en el país. A pesar de los intentos del Gobierno por consolidar el control en la región, la violencia no ha dado tregua.
En lo corrido del año, los ataques contra la fuerza pública y la población civil han ido en aumento, dejando una estela de muertes y desplazamientos que no se veían en el país desde hacía años.
La Defensoría del Pueblo ha advertido en múltiples ocasiones sobre el riesgo de confinamiento en comunidades rurales, así como las amenazas constantes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, sin embargo las alertas han sido más una suerte de augurio que de instrumento de prevención.
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Con la salida del PMU, las comunidades del Catatumbo quedan aún más expuestas. Si bien la Fuerza Pública ha confirmado su presencia en la zona, organizaciones sociales han pedido explicaciones al Gobierno sobre la decisión y piden un plan claro para garantizar la paz en la región.
Las dudas ahora se centran en cómo será la estrategia de seguridad y quién se va a hacer cargo de la coordinación entre las diferentes instituciones. Sin PMU la situación ya era crítica, con su ausencia se teme que pueda ser aún peor.
La población del Catatumbo sigue en vilo y miles de estos desplazados aún se encuentran en municipios como Cúcuta a la merced de las autoridades, con el temor latente de que la violencia permanezca y tengan que abandonar definitivamente sus hogares.
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