Una denuncia que llegó a la Procuraduría, la Fiscalía y el Ministerio de Educación puso bajo la lupa el manejo de viáticos y comisiones de servicio, tras advertir presuntas irregularidades en 29 desplazamientos institucionales realizados entre noviembre de 2023 y mayo de 2026.
El escándalo salpica, en el escrito de denuncia, a la rectora y ordenadora del gasto, Sandra Ortega Sierra; al representante estudiantil Jesús Alberto Manzano Cañizares y al representante académico Jader Said Navarro Araque, además de funcionarios de las tesorerías de Cúcuta y Ocaña.
Documentos que levantan sospechas
Uno de los puntos más delicados tiene que ver con invitaciones y certificaciones de permanencia que, según los denunciantes, habrían sido elaboradas y firmadas por los propios comisionados, en lugar de provenir de las entidades anfitrionas.
Pero hay más. Una de las comisiones cuestionadas habría sido justificada con la asistencia a una supuesta sesión ampliada de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles (Fenares) en Medellín. Sin embargo, una certificación de esa organización indicaría que el encuentro se realizó en Chía, Cundinamarca, y en una fecha diferente. Una contradicción que llevó a solicitar investigaciones por una posible falsedad documental y cobro de lo no debido.
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La denuncia también cuestiona el presunto uso de papelería y logotipos oficiales, así como posibles extralimitaciones de funciones en la expedición de convocatorias institucionales.
La denuncia ya está en manos de tres organismos nacionales
El Ministerio de Educación incorporó los documentos a un expediente administrativo; la Procuraduría asumió el conocimiento de la queja disciplinaria y la Fiscalía recibió copias para evaluar posibles conductas penales.
El panorama es delicado: las autoridades deberán establecer quién autorizó los desembolsos, quién verificó los soportes y si los recursos públicos terminaron respaldando comisiones que no se ajustaban a las actividades realmente realizadas.
La pregunta que ahora exige respuestas es contundente: ¿se utilizaron correctamente los recursos públicos de la UFPS o hubo irregularidades en el manejo de los viáticos?
La investigación apenas comienza. Por ahora, no existen decisiones sancionatorias ni responsabilidades demostradas contra los mencionados, quienes tienen derecho a la defensa y al debido proceso. Sin embargo, el caso ya está bajo la lupa de las máximas autoridades de control del país.
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