La reciente medida de intervención adoptada por el gobierno nacional, a través de la Superintendencia Nacional de Salud, sobre las empresas promotoras de salud, Nueva EPS y Sanitas, sigue generando incertidumbre y preocupación entre los usuarios, especialmente por la afectación al servicio que esta acción pudiera acarrear en las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS. 

¿Es lícito que las empresas prestadoras de servicio nieguen o provoquen dilación a la atención de pacientes y usuarios? Es la pregunta recurrente que se hace algunas personas, especialmente aquellas que de alguna forma han notado desmejoras. 

El argumento que muchos usuarios han escuchado de parte de sus IPS es que en vista de la deuda existente con las EPS que ahora fueron intervenidas, temen que esa mora en los pagos pendientes sigan creciendo, razón por la cual optan por suspender la atención. 

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Expertos han dicho que no es posible esto y que de presentarse casos, los mismos deben ser reportados a la Supersalud, para que se tomen las medidas a que haya lugar. 

Frente a esto Fernando Álvarez, director del Instituto Departamental de Salud (IDS), se refirió justamente a la razón por la cual las IPS no pueden, por motivo del no pago puntual, de las EPS o administradoras nacionales, negar o cerrar servicios. 

“En la habilitación que tienen en el IDS y en el Ministerio de Salud, las prerrogativas de garantías establecen que las IPS deben tener una reserva financiera, que debe garantizar la prestación del servicio de salud pague o no la EPS contratante, por un plazo hasta por un año. Entonces no deben suspender el servicio”, dijo la autoridad departamental de salud. 

Asimismo, advirtió que la negación y dilación del servicio, y la entrega parcial de los medicamentos, son una responsabilidad de las IPS contratistas más que de la EPS, por ende las sanciones o llamados de atención recaen en el prestador del servicio, “es al que inicialmente se le abre investigación”, dijo. 

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En cuanto a las consecuencias que enfrentan las IPS por eventuales incumplimientos de obligaciones en la prestación del servicio, Álvarez indicó que pueden ir desde un llamado de atención, hasta el cierre del área donde se presta determinada atención. 

Presuntas faltas de atención

En días pasados, tras la intervención de Supersalud de Nueva EPS, trascendió una denuncia contra una reconocida clínica de la ciudad, por la presunta negativa de atención a un paciente, ingresado en ambulancia por urgencias, porque era usuario de la EPS en cuestión. 

Aunque parecía un rumor, el director del IDS confirmó el caso y dijo que ya se adelantan investigaciones sobre ese hecho, sin embargo, no podía declarar al respecto. 

Asimismo, confirmó otros casos similares contra una clínica de atención oftalmológica, de los cuales –aseguró- fueron resueltos al menos dos.  

Verificaciones sorpresa en IPS del departamento

Actualmente el IDS lleva adelante unas jornadas de verificación sorpresa en diferentes IPS de Norte de Santander que, según Villamizar, no tienen nada que ver con el proceso de intervención de la Supersalud, aunque coincidan en el tiempo.  

“Estas visitas las teníamos programadas desde finales de enero, con el fin de hacer seguimiento, control y vigilancia en la prestación de servicio a las IPS que tenemos habilitadas; ya estas jornadas la veníamos haciendo desde el mes de febrero. Para ser franco, coincidieron algunas con las IPS que tienen contrato con las EPS intervenidas”, aseguró Álvarez. 

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Explicó que este tipo de jornadas hacen parte de la rutina de control del instituto, aunque en 2023 se hicieron apenas 22, y en lo corrido de la actual administración ya se han hecho 16, en diferentes municipios del departamento, como Ocaña (3), Ábrego (2), Tibú (1), Villa del Rosario (1) y Cúcuta (9).  

Estas acciones hacen parte de la estrategia planteada por las áreas de Atención en Salud, e Inspección, Vigilancia y Control; para detectar falencias y dificultades de la prestación del servicio, y así garantizar la oportunidad, calidad y suficiencia en la atención a sus afiliados.

La dinámica consiste en que una vez hechas las visitas a las instituciones de salud, hablar con pacientes y gerentes de la entidad, se levanta un informe de cada área abordada, y se envía para evaluación a la Supersalud  que, a final de cuentas, “es la que puede obrar en contra de las EPS”, indicó Villamizar. 

Aseguró que estas jornadas  de verificación se van a mantener hasta el mes de junio, cuando se hará un corte, y tras el cierre de los procesos se iniciará un nuevo cronograma.  Indicó que se tomará en cuenta la compensación de las peticiones, quejas y reclamos hechas entre abril y mayor. 

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