El reciente asesinato de Emérito Digno Buendía Martínez, miembro de la junta de acción comunal del sector Totumito, de la vereda Vigilancia, zona rural de Cúcuta, ocurrido el lunes 18 de mayo, a manos de un militar adscrito a la Brigada 30, puso en evidencia una práctica que el Gobierno está adelantando en plena pandemia y que tiene que ver con la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en Norte de Santander por medio del Ejército.

Este hecho volvió a dejar un sinsabor entre los campesinos cocaleros y un ambiente enrarecido en las zonas donde hay cultivos de coca.

Buendía es el segundo campesino que muere durante el programa de erradicación forzada que se adelanta en el departamento con cerca de 1.000 militares. El pasado 26 de marzo, un soldado -también adscrito a la Brigada 30- mató de un disparo que hizo con su fusil de dotación a Alejandro Carvajal, hecho que se dio en el sector Santa Teresita, del corregimiento La Victoria, en Sardinata.

A la tensión que se vive por esa erradicación forzosa se le suma ahora un nuevo ingrediente que podría complicar más el panorama en el Catatumbo, como es el anuncio hecho por la Embajada de Estados Unidos, en Colombia, y por el Gobierno Nacional, sobre la llegada, a partir de hoy, de una brigada norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés), que tendrá la misión de ayudar en la lucha contra las drogas ilícitas.

“La misión en Colombia comenzará a principios de junio y tendrá una duración de varios meses, durante los cuales centrará sus esfuerzos principalmente en las Zonas Futuro, delimitadas por el Gobierno Nacional”, señaló la Embajada estadounidense.

Ascamcat y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) ya se pronunciaron y señalaron que esto agudizará la problemática del Catatumbo y aumentará la pobreza de los campesinos.

Frente a esta situación, los labriegos nortesantandereanos comenzaron a hablar de un posible paro campesino, igual o peor que el de 2013 en el Catatumbo, que duró más de 60 días, dejando pérdidas millonarias y varias personas muertas y capturadas.

“Los paros no se decretan ni se les pone fecha, pero conociendo cómo es el Catatumbo y que la sangre de sus habitantes siempre es caliente, yo pienso que esto podría traer un paro más fuerte que el de 2013, porque se están metiendo con la economía de esta región y están poniendo a los campesinos a aguantar hambre”, aseguró Wilder Mora, coordinador en Norte de Santander de la Coccam.

Pero antes de llegar a esto, los campesinos cocaleros confían en que el Gobierno Nacional se siente a dialogar con ellos y lleguen a un acuerdo para hacer una sustitución concertada y no forzada y violenta, pues en Norte de Santander hay 13 municipios con siembras de hoja de coca.

“La situación es que llevábamos dos años exigiéndole al Gobierno que nos acoja dentro del programa de sustitución (PNIS), como quedó en los acuerdos de paz de La Habana y no ha sido posible, siempre lo que hemos tenido es la arremetida de la fuerza pública con la erradicación forzosa y violenta”, sostuvo Teodomiro Vargas Camargo, cultivador de coca y coordinador de la Coccam en El Zulia.

Aldefrady Duarte Herreño, también cocalero y miembro de la Coccam en la zona rural de Cúcuta, señaló que “el Gobierno jamás ha querido hablar con nosotros sobre la erradicación forzada, ni menos de la aplicación de los acuerdos. No han querido socializar nada, solo están usando la fuerza con el Ejército, matando a nuestros compañeros”.

No los tienen en cuenta

Las administraciones municipales y departamental le han insistido al Gobierno Nacional en un programa de sustitución concertado para no usar la fuerza como lo están haciendo en estos momentos en zonas rurales de Cúcuta, El Zulia y Sardinata, donde se está dando la erradicación manual.

“Hace dos meses aproximadamente tuvimos un bloqueo en La Ye de Astilleros, que comunica a Cúcuta con Tibú y Ocaña; fuimos con el gobernador y dialogamos con los líderes de Ascamcat y todos los que estaban ahí, y se llegó a unos acuerdos tales como que se le llevaría el mensaje a la Presidencia de la República para que se pudiera suspender la erradicación en este tiempo de pandemia, pero el Gobierno decidió seguir adelante con ese plan, sin tenernos en cuenta”, manifestó Felipe Corzo, secretario de Gobierno departamental.

Aseguró que “el gobernador Silvano Serrano está dispuesto a que si se acepta la creación de un nuevo programa de erradicación, que sea hecho a la medida de los campesinos de la región, desde el departamento se haría una inversión significativa, porque la idea es superar esa problemática de los cultivos ilícitos”.

Y para que ese programa de sustitución funcione, la Gobernación de Norte de Santander les pedirá a la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Ejército, Policía y toda la institucionalidad, que se vinculen para empezar a generar un programa efectivo.

“El tema de la erradicación manual que está haciendo el Ejército es una directriz directa de la Presidencia de la República y del Ministerio de Defensa, a nosotros escasamente nos lo socializaron un día antes de iniciar y nos toca respetar esa decisión”, explicó el funcionario.

Francisco Cuadros, secretario de Gobierno Municipal, coincidió con Corzo, y señaló que el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, se pronunció mediante una carta pública que le envió al presidente Iván Duque, y al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, con su posición frente al tema de la erradicación, insistiendo en que la mejor manera es la concertación y el desarrollo alternativo en el territorio.

“Lo que vemos es que la erradicación la han mantenido, entonces, no han tenido en cuenta la posición de los entes territoriales”, lamentó el funcionario local.

Y advirtió que “la posición que se manifestó ante el Gobierno tenía un contexto con la COVID-19, donde esa erradicación implica aglomeraciones y contacto entre personal externo con los campesinos, siendo un riesgo de alto de contagio, y mire que eso ya sucedió en Tumaco”.

Cultivos en cifras

Y ¿por qué el gobierno central no ha querido escuchar a los campesinos cocaleros ni a las alcaldías ni a la Gobernación de Norte de Santander?

La respuesta es muy sencilla. Los cultivos de uso ilícito han aumentado a gran escala, porque desde 2013 no se ejecutaba ningún programa de erradicación en el departamento, y aunque se han hecho pilotos para la sustitución, el incumplimiento por parte de las entidades gubernamentales ha llevado a que los labriegos no crean en esa estrategia del Estado.

Según las cifras que manejan las autoridades de antinarcóticos, a través del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC), en 2012 en el Catatumbo se registraban 4.515 hectáreas sembradas con hoja de coca y hoy esa extensión es de  33.128.

“Pero ojo, esta cifra es dada con el corte de hace un año, hoy deben haber muchas más hectáreas sembradas”, explicó una fuente de las autoridades antinarcóticos.

En Cúcuta también crecieron los cultivos de uso ilícito, pues mientras que en 2012 en la zona rural de la capital nortesantandereana se registraron 38 hectáreas sembradas con hoja de coca, ahora se multiplicaron hasta las 316.

Lo mismo se detectó en El Zulia, donde en ese mismo año se contabilizaron 18 hectáreas con cultivos de coca, pero hoy ya se extendió hasta las 152.

“Ese incremento también se debe a que en los acuerdos de paz se habló de apoyar a los campesinos que cultivaran coca, entonces si en una finca vivían tres familias de un mismo núcleo familiar, cada una de ellas decidió sembrar y presentarse por separado, y así poco a poco las hectáreas se fueron expandiendo”, aseguró una fuente de antinarcóticos.

“A  eso también súmele que los carteles mexicanos llegaron al Catatumbo y luego de hacer acuerdos con los grupos armados ilegales, comenzaron a manejar el negocio, entonces los cultivos y los laboratorios se crecieron de manera desmedida”, precisó.

El propio secretario de Gobierno departamental confirmó esa situación. “Recordemos que en Norte de Santander tenemos alrededor de 34.000 hectáreas de coca, desde el proceso de paz aumentaron las siembras”.

Tibú es uno de los municipios de Colombia donde hay más cultivos de uso ilícito, así lo indica el estudio hecho por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), de las Naciones Unidas, y según los cálculos, más de 6.000 familias viven de las siembras de coca.

Mientras que en Cúcuta, “casi 300 familias de la zona rural viven de los cultivos de hoja de coca y a eso súmeles las personas que se benefician por la recolección (raspachines) y los fumigadores”, aseguró el miembro de Coccam, Aldefrady Duarte.

Un modelo fracasado

El Gobierno Nacional inició en 2017 un plan piloto de sustitución de cultivos de uso ilícito en el marco del proceso de paz con las Farc. En el ETCR de Caño Indio (Tibú) se dieron los primeros pasos para ello, pero hoy ese programa es catalogado por los mismos campesinos como un fracaso.

“Acá en Tibú hay alrededor de tres mil familias que se acogieron al programa de sustitución (Pnis), pero solo a unas cuantas personas les han llegado uno o dos pagos de los acordados. Es más, hasta les deben la cuota mensual del millón de pesos que les iban a dar por 12 meses”, indicó César Ruíz, coordinador de la Coccam en ese municipio del Catatumbo.

Wilder Mora comentó que “si analizamos a Caño Indio, que fue el proyecto piloto para estos programas de sustitución, allá no han llegado los proyectos productivos. El acuerdo se firmó el 25 de marzo de 2017 y solo han tenido para hacer una huerta casera”.

Por esa razón, los campesinos ya no confían en los programas que les propone el Gobierno Nacional, por eso han pensado en los proyectos productivos que les ayudarían a sustituir la coca por plantaciones como cacao, yuca, maíz, maracuyá, plátano, caña de azúcar y hasta ganadería, aunque saben que estas apuestas no les dejarían las mismas ganancias.

“Los campesinos le han dicho al Gobierno que si hay garantías para una inversión social con proyectos productivos y si se garantiza la comercialización y los precios, no es necesario que vengan los erradicadores a quitar la mata, los mismos campesinos se encargarían de eso”, explicó Mora.

Sobre las muertes de los campesinos

El general Marcos Pinto, comandante de la Segunda División del Ejército, al referirse a los hechos en que murieron dos campesinos y tres más resultaron heridos, aseguró:

“Hay que diferenciar dos cosas. En el primer evento que sucedió en Sardinata no había una protesta violenta, no había un bloqueo ilegal, fue un hecho donde un soldado reconoce que se le fue un disparo y lamentablemente una persona fallece. Inmediatamente entre la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) sacamos el personal, se adelantaron todas las investigaciones pertinentes y se dio claridad de que fue un accidente y obviamente se tomarán las medidas penales y disciplinarias”.

“En el segundo caso sí hubo una asonada, donde se dio una actitud violenta, según lo que dicen las partes, y hay una reacción que le corresponde determinar a la Fiscalía si fue excesiva, porque en todos los procesos entró el CTI y son ellos los que nos dicen cómo ocurrieron los hechos, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar y ellos determinarán si se obró en legítima defensa o fue un abuso del manejo de las armas, o no se siguieron los protocolos establecidos”.

El alto mando militar fue enfático en afirmar que todos los soldados tienen una preparación en Derechos Humanos, en Derecho Internacional Humanitario, en el uso de la fuerza y en el manejo de la protesta social que es legítima.

Sí habrá inversión   

“Dentro de lo que estamos haciendo, hay una zona donde el Gobierno piensa hacer una gran inversión social, que es una parte del área rural de Cúcuta y otra en Sardinata, y hasta que nosotros no quitemos todos los cultivos ilícitos y garanticemos que se pueda ejecutar la inversión, ahí vamos a permanecer”, puntualizó el general Marcos Pinto.

“Estamos hablando de cultivos ilícitos, pero nadie habla de los laboratorios, nadie habla de los cristalizaderos. De acuerdo al último estudio del Simci, son más de 33.000 hectáreas que estaban siendo sembradas en el Catatumbo”, señaló el comandante.

En una breve explicación, el militar dejó ver que con las 33.000 hectáreas sembradas en el Catatumbo, anualmente se procesan 200 toneladas de cocaína, “esto quiere decir que si en 2019 se decomisaron 20 toneladas, las otras 180 pudieron salir; ahí la pregunta es, ¿quién es el dueño de esos cristalizaderos y laboratorios y en dónde está esa plata? Porque ese dinero no está reflejado ni en escuelas ni en carreteras ni en centros de salud ni electrificación ni en tecnología ni en  acueductos. ¿Quién se está quedando con esa plata?”.

De acuerdo con cálculos de las autoridades antinarcóticos, anualmente los narcotraficantes y los grupos armados ilegales estarían ganando más de 1,2 billones de dólares con la venta de la cocaína que sale del Catatumbo.

“Esa plata no está llegando a los campesinos, entonces nosotros nos hemos dejado distraer con el tema de los pobres campesinos cultivadores de coca, pero nadie habla de las redes del narcotráfico. El Gobierno Nacional lo que está tratando de hacer es inversión social, pues se está hablando de más de 300.000 millones de pesos que se le van a meter a Norte de Santander”, precisó el general Pinto.

Además, el comandante de la Segunda División del Ejército dejó la notificación de que el programa de erradicación se aplicará en todo Norte de Santander, puesto que  “la idea es que nosotros a futuro podamos pasar de un departamento que tiene coca a uno que no tiene cultivos ilícitos y en el que la inversión social sea más notoria. Nosotros no hemos erradicado solo en Sardinata, El Zulia y Cúcuta, lo hemos hecho en todo el departamento”.

De las 1.400 hectáreas que la Segunda División del Ejército ha erradicado, 1.200 han sido en el departamento, las otras 200 han sido en el Sur de Bolívar.

“Para que haya inversión social, hay que erradicar”

El general Marcos Pinto Lizarazo, comandante de la Segunda División del Ejército, aseguró que sus hombres están haciendo la erradicación manual en cumplimiento de una orden presidencial que les dieron desde principio de año.

Según el oficial, los cerca de dos mil militares que están desarrollando este programa llegaron a las zonas rurales de Cúcuta, El Zulia y Sardinata a principios de marzo, luego de que los Pelusos y el Eln decretaran un paro armado en la zona del Catatumbo.

“Hay dos cosas por las que estamos haciendo esto, primero porque nosotros pasamos de tener 12.000 hectáreas con cultivos de uso ilícito, a más de 33.000, lo que quiere decir que se va a seguir escalonando el conflicto porque hay una pelea por la base de coca, por la venta, por los cristalizaderos y por los corredores de movilidad. Lo segundo, es que hay una orden presidencial de iniciar el proceso de erradicación”, explicó el alto mando militar.

Pero, ¿por qué ejecutar la erradicación forzosa durante la pandemia, siendo esto un riesgo para campesinos y militares?

El general Pinto aseguró que “primero nosotros tomamos las medidas preventivas con todo el personal que está en el proceso de erradicación; segundo, ellos están en el área desde antes de que se iniciara lo de la pandemia y hasta el momento no hemos tenido ningún contagiado de ese personal. Los civiles que teníamos dentro de ese proceso los sacamos y, únicamente, estamos con soldados tomándose todas las medidas de rigor”.

Y apuntó que “lamentablemente, las protestas ilegales o asonadas que se han dado en algunas partes, han incrementado el riesgo, pero hemos tomado medidas para ello. El riesgo que corremos con la erradicación es el mismo que cuando entregamos las ayudas alimentarias, cuando ponemos los puntos de control sobre la vía o cuando hacemos las tareas de apoyo a la defensa junto con la autoridad civil, reconocemos el riesgo, lo evaluamos y tratamos de mitigarlo”.

“Planes de sustitución ya existen, solo hay que acogerse a ellos”

El Ministerio de Defensa aseguró que en el país ya existe un plan de sustitución de cultivos ilícitos y que los campesinos deben acogerse a él en el tiempo estipulado y cumpliendo los requisitos establecidos por la Dirección de Cultivos Ilícitos de la Agencia de Renovación del Territorio.

“La erradicación por parte de la Fuerza Pública se realiza exclusivamente en las áreas en donde no hay acuerdos de sustitución vigentes o en donde la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos reporta incumplimientos”, explicó.

Esta cartera también indicó que a pesar de estar en un tiempo de pandemia, donde hay mucho riesgo de poder contagiarse por la COVID-19, los militares que adelantan la erradicación están cumpliendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, además, están de conformidad con todos los decretos que ha expedido la Presidencia de la República.

Sobre cuánto le cuesta al Gobierno erradicar una hectárea sembrada por hoja de coca, el Mindefensa señaló que oscila entre 1,1 o 1,5 millones de pesos, y que este plan que hoy se ejecuta en varios puntos de Norte de Santander no está influenciado por el gobierno de Estados Unidos, como se ha escuchado.

Además, precisó que el hecho de no haber adelantado una acción como esta en el pasado, es responsabilidad que los mandatarios colombianos anteriores, situación que llevá al aumento desmesurado de los cultivos ilícitos.

Sobre un posible paro que puedan llevar a cabo los campesinos del Catatumbo, el Mindefensa solamente indicó que todo debía estar dentro de las normas que dicta la Constitución.

Hay que buscar una solución concertada’

Jairo Libreros, analista experto en temas de narcotráfico, aseguró que el Gobierno Nacional debe buscar una salida concertada con los campesinos cocaleros y no aplicar planes de erradicación forzosa.

“La única alternativa válida de erradicación de los cultivos ilícitos es la consignada en el Acuerdo de Paz del Teatro Colón. Es la más democrática, participativa y viable. Pensar que las medidas autoritarias, inconsultas socialmente y a espaldas del gobernador de Norte de Santander y del alcalde de Cúcuta demuestra el perfil autoritario del Gobierno Nacional y el poco conocimiento e interés que desde Bogotá impera al momento de darle trámite a las demandas sociales que se vive en los territorios fronterizos”.

“Es necesario concertar con las comunidades las formas de erradicación. Pensar en políticas públicas con perspectiva de Derechos Humanos. Presentar alternativas concertadas de sustitución de cultivos y asegurar nuevos proyectos de vida para las víctimas de los cultivos ilícitos, el narcotráfico y el crimen organizado”.