Después del homicidio, la extorsión es definitivamente el delito más grave que enfrenta la población en Norte de Santander, siendo el sector productivo y económico el más afectado por el constante asedio de los grupos ilegales y criminales, que ejercen control en diferentes municipios del territorio.

Así se determinó en el consejo ampliado de seguridad que tuvo lugar este martes en Cúcuta, liderado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, que asistió acompañado de la cúpula militar, de la policía y, por primera vez, de Luz Adriana Camargo, la fiscal general de la nación recién designada en el cargo. 

Y es que aunque el propósito inicial de esta cumbre era evaluar los avances de las medidas de seguridad que se vienen implementando en Cúcuta y los municipios del Área Metropolitana, Velásquez también se dio a la tarea de escuchar a los gremios productivos, así como líderes sociales y gobernantes locales, sobre el día a día en medio de un ambiente hostil, por cuenta de amenazas e intimidaciones. 
 

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Aumentar el pie de fuerza, reforzar el Gaula Militar, crear el Gaula de la Policía en Cúcuta y designar un fiscal especial para atender los casos de extorsión, son algunas de las medidas que se tomaron para hacer frente a esta situación, pero ¿serán suficientes?

La Opinión consultó a algunos de los asistentes a esta cumbre de seguridad con las autoridades nacionales, y aunque la mayoría coincide en que esta acción es muestra de la voluntad que existe para resolver el problema, hay expectativas distintas sobre el alcance que puedan tener. 

La esperanza de los gremios

Sergio Castillo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, destacó que el espacio con el ministro de Defensa, su equipo de trabajo y la cúpula militar fue productivo y valioso para poder exponer en detalle las situaciones que aquejan a los empresarios y comerciantes de la región. 
 

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“Sentimos que hubo receptividad, compromiso y una toma de decisiones inmediatas para controlar la extorsión, el atraco y demás delitos que impactan negativamente la economía”, dijo Castillo.

Considera que mejorar la capacidad operativa del Gaula, así como reforzar aspectos tecnológicos e incrementar el pie de fuerza, es fundamental para que los sectores productivos puedan seguir su funcionamiento con las garantías que merecen los actores económicos regionales.

Leonardo Méndez, director regional de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y Logística, Colfecar, aunque no estuvo en la reunión, espera que las medidas anunciadas sean de verdad efectivas, pues en particular ese gremio es uno de los más golpeados por la inseguridad, por situaciones de robo, extorsión, quema de vehículos y limitación de horarios para circular. 

Un espacio agotado

El líder y defensor de derechos humanos, Wilfredo Cañizares, tiene una posición distinta. Para el director de la Fundación Progresar este tipo de espacios están agotados y ya no dan resultados. 
 

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“No creemos que los consejos de seguridad vayan a arrojar resultados. Nosotros no tenemos nada que decir, porque hasta ahora lo que ha demostrado es que no han servido para nada”, lanzó Cañizares. 

Destacó que, aprovechando la presencia de la fiscal general, se abordó la situación de impunidad frente a los 85 líderes sociales que han sido asesinados en los últimos ocho años, en los que asegura que la Fiscalía todavía no ha entregado resultados suficientes que lleven a esclarecer quiénes fueron los culpables de estos asesinatos en el departamento. 

Cañizares lamentó que el Gobierno nacional no conozca lo que está pasando en el departamento, ni en la ciudad. Señaló que consecuencia de esa ignorancia es la toma equivocada de decisiones, de ahí que exaltó la misión de los veedores sociales en “tratar de que el Gobierno nacional, tanto el ministro como la fiscal, tengan una idea de la gravedad de lo que está ocurriendo para que las medidas, insisto, sean adecuadas”, expresó.  

Balance positivo

Para los gobiernos locales, específicamente los que conforman el Área Metropolitana de Cúcuta, el balance de esta reunión resultó positivo, por la oportunidad que tienen de explicar las necesidades que tienen en materia de seguridad.

En este sentido, Miguel Castellanos, secretario de gobierno, quien acudió a la cumbre en calidad de alcalde encargado, celebró los anuncios hechos que benefician directamente a Cúcuta, como la asignación del Batallón de Policía Militar, que comenzaría a operar a partir del mes de noviembre; mientras que el Gaula entraría en acción en octubre. 

Reconoció que todavía hay mucho por hacer, “se ven resultados, pero nunca va a ser suficiente. La seguridad se mide por el número de homicidios en las ciudades y ahí donde nos falta hacer un esfuerzo mayor en capacidades, hacer un esfuerzo mayor en Policía Judicial en inteligencia”, dijo Castellanos. 

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