El Comité Interinstitucional Departamental contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual de Norte de Santander se reunió en una cuarta jornada de capacitación para el fortalecimiento de las acciones en el marco del Plan de Acción Territorial 2022, la cual busca hacer frente a este flagelo en el que el departamento presenta 17 episodios.

El objetivo de esta cuarta sesión y jornada de capacitación fue socializar y aprobar la Ruta de Atención a las Víctimas que han sido impactadas en el departamento, principalmente a la población migrante.

Dentro del comité se encuentran funcionarios de la Fiscalía, Procuraduría,  Migración Colombia, Policía de Cúcuta y de Norte de Santander, el Ejército Nacional, Defensoría del Pueblo, IDS, ICBF, entre otros organismos de la administración municipal que tienen como meta guiar a las víctimas por medio de la ruta de atención.

¿Cuál es la situación?
Según cifras del Comité, en lo que va de 2022 se han presentado 17 casos de trata de personas en Norte de Santander, siendo los municipios de Villa del Rosario, Cúcuta, Pamplona, Ocaña y El Zulia el epicentro de los mismos.

Entre tanto, 16 de las 17 víctimas son mujeres, las cuales han sido, principalmente, víctimas de explotación sexual,  o siendo empleadas en trabajos forzados.

“De los casos que nosotros tenemos conocimiento, el de mayor preponderancia es la explotación sexual, también hay casos de servidumbre. Por ahora el ICBF no cuenta con la estadística de mendicidad ajena, pero la principal medición es la que se evidencia en las calles, también porque hay bajo nivel de denuncia”, le dijo a La Opinión Katerine Álvarez Mogollón, profesional de la secretaría de Gobierno de Norte de Santander.

Según la funcionaria, la situación de trata de personas en el departamento se hace más difícil por la ubicación geográfica, la cual permite que grupos delincuenciales se aprovechen de la población migrante que llega desubicada al país.

“Esas estructuras tienen unos tentáculos grandísimos. A pesar de que existe Migración Colombia, que hace parte del comité, muchos de estos migrantes no tienen los documentos y llegan sin autorización, hacen movimientos por estos lugares y cómo son vulnerables, porque no tienen documentos, despiertan el interés en muchas organizaciones al margen de la ley”, manifestó.

¿Cómo funciona la ruta?
El primer paso en esta Ruta de Atención a las Víctimas es la identificación, que es cuando hay víctima de explotación sexual, trabajo forzado, mendicidad, matrimonio servil, extracción de órganos,  y se busca que ellos mismos u otra persona denuncie en la Defensoría del Pueblo o en las líneas de emergencia o a la línea 018000522020, o al ICBF, según sea el caso, sobre lo que está ocurriendo.

Para esto, en cada municipio existen los comités municipales en donde también se puede activar la ruta, el cual es el segundo paso en el proceso, donde se realiza una entrevista inicial para establecer el nivel de afectación. 

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En medio de la ruta se busca guiar a las personas si se debe acudir a la Fiscalía, ICBF u otras instituciones para continuar con la reclamación de sus derechos.

“Cada vez que se activa la ruta se informan los derechos que tienen como víctimas. Existe una atención inmediata que se da de 5 a 10 días, y otra asistencia mediata por seis meses, la cual es  prolongable hasta 9 meses, en este periodo se deben restablecer sus derechos”, manifestó Álvarez.

En dicha atención se busca, por medio de los comités municipales, alojamiento, kits de aseo, valoración médico y psicosocial, asistencia jurídica, acompañamiento para expedir documentos de identificación, se gestiona el traslado a su lugar de origen, incluso se ofrece cobertura educativa o vinculación laboral por medio del Sena.

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